La información sobre la disminución de delitos en el país es un tema de relatividades.
Lo importante de los últimos dos años es que hay un claro esfuerzo del gobierno por enfrentar uno de los problemas más graves en la sociedad. No es casual que las mediciones sobre la gestión de la Presidenta aparezcan como una constante crítica ciudadana, todo lo que tiene que ver con la seguridad.
La narrativa es distinta. Algunas expresiones caen en el terreno de las interpretaciones lo que lleva a que cada uno vea y entienda a su manera las nuevas estrategias que tiene la Presidenta. Sheinbaum no tiene necesidad de pelearse con su pasado inmediato, pero es claro que si no hubiera entrado en una dinámica distinta, las condiciones que tendría el país serían muy distintas, a pesar de los pocos avances.
Ley Anti-Mayer
A esto sumemos el factor Trump, quien se ha encargado de presionar sistemáticamente algo de lo mexicano, en materia de seguridad, al señalar a los cárteles de la droga, como uno de los elementos claves de inseguridad que vive su país.
En el sexenio pasado se avanzó muy poco, a pesar de que el ataque a la delincuencia fue una de las promesas más repetidas por López Obrador. Más bien lo que acabó pasando es que bajo los abrazos no balazos terminó por gestarse una mayor movilización de la delincuencia organizada, incluso de los delitos del orden común.
El actual gobierno ha tenido que cargar con una herencia de la cual prefiere no hablar, pero que en los hechos ataca de manera directa. Como en la 4T no se fincan responsabilidades sobre sus militantes y seguidores sin importar las irregularidades en las que se vean envueltos, de alguna manera, la presente administración acabó por empezar de cero señalando más bien a los sexenios anteriores a López Obrador, cuando éste fue una continuidad de ellos.
En este sexenio se ha tratado de salir del callejón sin salida en el cual estamos metidos. No hay gobierno que no diga que las cosas están cambiando, pero la terca realidad se les aparece a los ciudadanos y a los gobiernos en cada esquina.
El problema se ha agudizado, porque la delincuencia organizada y los delitos del orden común crecieron de manera desproporcionada. Suele suceder que todo lo que se puede avanzar, viene a caerse con un asalto en una esquina, en un departamento o ante el enésimo, descubrimiento de fosas clandestinas.
Los ciudadanos tienden por lo general, a no presentar denuncias respecto a los delitos a los que se ven sometidos. No tanto porque quieran quedarse callados en medio de su rabia e impotencia, sino porque en la gran mayoría de los casos evita denunciarlos porque lo encuentra inútil, debido a toda la burocracia que envuelve este tipo de denuncias.
En muchas ocasiones las autoridades son las que atajan a los denunciantes argumentando que los delincuentes conocen cada movimiento de quienes presentan las denuncias. Les llegan a “sugerir” a los ciudadanos que no se presenten ante el ministerio público y que que sean los policías quienes los cuiden.
No es que la gente no quiera denunciar. Lo que sabe por otros y por ellos mismos es que hacerlo puede ser un camino burocrático en el cual puede salir aún más perjudicado.
Nos cuentan los transportistas que las familias de los choferes secuestrados en un buen número de casos optan por no denunciar, porque los asaltantes o secuestradores tienen toda la información respecto a sus víctimas.
No se escatima la importancia de la estrategia del gobierno en seguridad. Sin embargo, nos encontramos en un callejón sin salida con fosas clandestinas en muchos lugares del país; con una sociedad que opta en un buen número de casos por no denunciar; y sobre todo porque entre nosotros ronda la desconfianza no alcanzan las cifras que cada semana nos dan a conocer.
RESQUICIOS.
Entrarle a la tómbola, los acordeones o cosa parecida va a llevarnos a que el INE entre en un proceso de deterioro de los procesos electorales y la democracia misma; por ahora vamos por ahí.
