El notariado es una actividad tan antigua como necesaria. Ha existido en diversas formas —desde el antiguo Egipto y Roma; mientras que en América, en la época precolonial, en Tenochtitlán, existió en la figura del tlacuilo— y ha evolucionado de ser un cargo público a un ente privado autorizado por el Estado para dar fe pública. Al otorgar legitimidad y legalidad a los actos o hechos jurídicos, el notario se erige como una pieza clave en el Estado de derecho.
Históricamente, el notariado fue una función cuya patente se podía transmitir por herencia o venta. No fue sino hasta la Ley del Notariado para el Distrito Federal y Territorios de 1945 (vigente desde marzo de 1946) que se dio el avance más importante, con la instauración del examen de oposición mediante un formato teórico-práctico para acceder al cargo.
Con este mecanismo, el otorgamiento de la patente dejó de depender de la voluntad del Jefe de Gobierno. Cabe destacar que esta autonomía es característica primordial de la Ciudad de México, pues en diversos estados de la República las designaciones siguen subordinadas al gobernador en turno. El examen garantizó que la lealtad del notario fuera hacia la ley y no hacia el poder político, asegurando la capacidad técnica mediante evaluaciones conjuntas entre el Colegio de Notarios y las autoridades capitalinas, para seleccionar a los mejores perfiles.
“El derrame… no fue aquí”
Sin embargo, en ocho décadas el mundo ha cambiado y México también. Resulta preocupante que, en este lapso, la forma de evaluar prácticamente no haya evolucionado, lo que representa un estancamiento en el desarrollo de la función notarial.
Esta brecha es evidente al comparar nuestro sistema con países jurídicamente más avanzados, como España. Mientras que en la CDMX se mantienen los exámenes orales —que pueden dar pie a criterios subjetivos de evaluación—, en España se emplean exámenes escritos y orales con reactivos previamente establecidos. Este método reduce la subjetividad y los posibles conflictos de interés entre examinador y examinado.
Asimismo, el modelo actual en la capital conserva un formato endogámico: son los propios notarios quienes evalúan a sus futuros colegas. Esto contrasta con otros concursos de oposición, como el del Servicio Exterior Mexicano, donde las pruebas son anónimas y evaluadas por entes externos. Dicha estructura evita que el historial familiar, político o el contacto personal influyan significativamente en la selección.
Finalmente, es imperativo analizar el déficit de notarías. En 1945 se autorizaron 150; en 1980 la cifra subió a 200; y en 1993, en las vísperas de la firma del TLCAN, se llegó a las 250 actuales. Este número es a todas luces insuficiente para el tamaño de la economía actual, en comparación con la de mediados del siglo pasado.
Peor aún: hoy sólo operan alrededor de 225 notarías y hace más de dos años que no se convocan exámenes para ocupar las vacantes existentes. Ante la creciente necesidad del servicio notarial, este vacío resulta absurdo. Es urgente una actualización profunda del notariado, que responda a las realidades del siglo XXI.
