Si usted tiene una propiedad en renta en la Ciudad de México, hoy ya no basta con cumplir con la ley como lo hacía antes. Ya no es suficiente tener su inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad ni pagar impuestos ante el SAT. Ahora hay una nueva obligación y es mucho más delicada de lo que parece.
A partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votada el pasado 25 de febrero, se validó la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento.
Es decir, ahora usted, si tiene alguna propiedad que renta, tendrá que inscribir su contrato privado en una base de datos del Gobierno de la Ciudad de México.
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Y esto no es menor. Estamos hablando de información privada, de datos personales, de información sensible: nombre, domicilio, ubicación del inmueble, monto de la renta, quién renta y quién es el propietario.
Y todo esto, en manos de una base de datos gubernamental. La resolución se presentó el 25 de febrero de este año: siete ministros votaron a favor y dos en contra. Con eso, se creó un criterio obligatorio. Es decir, ya no es sólo una medida local, es un precedente que puede replicarse en todo el país. Si mañana cualquier estado decide implementar un registro similar, los tribunales tendrán que validarlo.
Ahora bien, ¿por qué es tan grave? Primero, porque estamos duplicando registros. Hoy las propiedades ya están inscritas en el Registro Público de la Propiedad y quienes rentan inmuebles ya reportan ingresos ante el SAT. Es decir, el Estado ya tiene esa información.
Entonces, ¿para qué crear un nuevo registro? La respuesta es preocupante: control.
Pero un control que implica riesgos, porque lo que se pretendía originalmente era aún más invasivo: que el contrato completo se registrara con todos los datos personales de las partes. Esa parte se frenó parcialmente, pero el registro se quedó. Y el riesgo sigue ahí.
Porque en México ya hemos visto lo que pasa cuando las bases de datos del Gobierno se filtran: hackeos, fugas de información, datos personales en manos de delincuentes.
DATOS PERSONALES EN RIESGO
Ahora imagine esto: una persona que renta varios inmuebles, toda su información concentrada en un solo sistema: direcciones, ingresos, ubicaciones. Un mapa perfecto para extorsiones, secuestros o fraudes. Eso es lo que está en juego. Y no es una exageración, es un riesgo real.
Especialistas advirtieron justamente eso, que este registro vulnera el derecho a la protección de datos personales. Porque en este tema no se trata de castigar después, sino de prevenir, de evitar que la información se ponga en riesgo desde el inicio.
Pero la mayoría no lo vio así y el registro se aprobó. Ahora, este tema no viene solo. Está ligado a otro cambio importante: el tope a las rentas.
La nueva legislación establece que los aumentos en el precio del alquiler estarán limitados, en muchos casos, alrededor del 10 por ciento. El argumento es claro: evitar abusos, frenar la gentrificación, proteger a quienes rentan. Pero aquí también hay otra cara, porque esta medida implica una restricción directa a la propiedad privada. Es decir, el propietario ya no puede decidir libremente cuánto aumentar su renta.
Y eso genera un debate legítimo, porque, por un lado, se busca proteger a los inquilinos, pero por el otro se limita la capacidad de quienes invierten en un inmueble, personas que compraron con créditos, que asumieron riesgos, que dependen de ese ingreso. Y ahora, además de tener un tope en sus rentas, deberán registrar sus contratos ante el Gobierno. Más control, más obligaciones, más exposición.
Inscribir estos contratos privados no es sólo un trámite más, es un cambio en la relación entre el ciudadano y el Estado. Es abrir la puerta a que información privada circule en sistemas gubernamentales que no siempre han demostrado ser seguros. Y es, también, sentar un precedente.
Hoy es la Ciudad de México, mañana puede ser cualquier estado. Hoy es el registro de contratos de arrendamiento, mañana quién sabe qué más. Porque cuando la Corte valida este tipo de medidas, manda un mensaje claro: es válido que el Gobierno tenga más control sobre información privada. Y ése es el fondo del problema. No se trata de estar en contra de regular el mercado inmobiliario, se trata de cómo se hace. Se trata de si realmente es necesario crear nuevos registros cuando ya existen otros. Se trata de demostrar si se está protegiendo a los ciudadanos o exponiéndolos.
Porque hay algo que no se puede ignorar: en un país donde la seguridad es un problema constante, donde los datos personales ya han sido vulnerados en múltiples ocasiones, concentrar, aún más, información sensible es una decisión delicada, muy delicada.
Y hoy esa decisión ya está tomada. El registro existe, el criterio es obligatorio y el siguiente paso dependerá de cómo se implemente y de qué tanto se expanda. Pero una cosa es clara: cuando el Estado empieza a pedir más información de la que realmente necesita, el riesgo deja de ser administrativo y se vuelve personal. Y ese riesgo, tarde o temprano, alguien lo termina pagando.
