BAJO SOSPECHA

Masacres y desaparecidos: la cifra oculta

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

En 2017, Andrés Manuel López Obrador hizo una promesa que resonó en todo el país: en su gobierno no habría masacres. Hoy, esa promesa no sólo quedó incumplida, sino que la realidad es mucho más dura: México vive uno de los momentos más complejos en materia de seguridad, donde las masacres no desaparecieron, sino que se multiplicaron, y donde la violencia ha encontrado nuevas formas de esconderse.

La organización Causa en Común documentó que entre 2020 y marzo de 2026 se han registrado al menos tres mil 36 masacres en el país, entendidas como el asesinato de tres o más personas en un mismo evento.

Tan sólo en lo que va de 2026, el promedio es de una masacre cada día. Para llegar a esta cifra, se hizo un registro construido a partir de reportes periodísticos en todo el país, muchas veces en contextos donde informar implica un riesgo real para los periodistas.

Y, aun así, Causa en Común advierte que estas cifras pueden estar subrepresentadas, porque hay regiones donde simplemente no se reporta la violencia, territorios donde el crimen organizado ha impuesto zonas de silencio.

En México la violencia no sólo se mide en muertos, también en desaparecidos. Y ésa es otra dimensión de la crisis que muchas veces se intenta minimizar o reinterpretar.

Hoy, el país acumula más de 130 mil personas desaparecidas. A eso se suman más de 70 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses y miles de restos humanos encontrados en fosas clandestinas.

CON DOLOR EN EL ALMA

Familiares de desaparecidos hablan con el titular de ACNUDH, el martes.
Familiares de desaparecidos hablan con el titular de ACNUDH, el martes. ı Foto: Cuartoscuro

No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de una crisis humanitaria que ha sido señalada por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas.

El Comité contra la Desaparición Forzada ha advertido que en México existen indicios fundados de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, es decir, ataques sistemáticos contra la población civil, en algunos casos, con la participación o tolerancia de autoridades.

Y es que mientras estas cifras crecen, desde el Gobierno se insiste en que los homicidios dolosos van a la baja.

Por otra parte, el Observatorio Nacional Ciudadano ha advertido que mientras bajan los homicidios registrados, aumentan las desapariciones. Es decir, no necesariamente hay menos muertos, sino más personas que no están siendo encontradas.

Esto no es un tema menor, porque un homicidio genera una carpeta de investigación, obliga a que las autoridades hagan una investigación, mientras que con los desaparecidos siempre queda la incertidumbre.

Son miles de familias en México que buscan a sus seres queridos sin apoyo suficiente del Estado. Colectivos de búsqueda que salen al campo, que excavan con sus propias manos, que encuentran restos humanos y hacen el trabajo que debería hacer la autoridad. Treinta entidades del país tienen presencia de estos colectivos. Treinta estados donde las familias han tenido que asumir funciones de investigación, de peritaje, de identificación.

Mientras tanto, desde el poder se insiste en ajustar las cifras, en reinterpretar los datos. Se habla de registros que se actualizan porque una persona apareció para hacer un trámite, de casos que dejan de considerarse desaparecidos. Pero la realidad no cambia: hay más de cuatro mil 500 fosas clandestinas localizadas en el país, más de seis mil cuerpos encontrados en ellas y alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar. Ésa es la dimensión del problema.

Las masacres, por su parte, tampoco son plenamente reconocidas en las cifras oficiales. El Gobierno reporta homicidios dolosos de manera general, pero no desglosa eventos donde hay múltiples víctimas en un mismo hecho.

Así, una masacre puede diluirse en una estadística más amplia, perdiendo su dimensión real.

Cuando se analizan los datos con detalle, el patrón es evidente. Estados como Guanajuato encabezan la lista con más de 500 masacres registradas en los últimos años. Le siguen Guerrero, Michoacán y Zacatecas. En Sinaloa, la situación se ha agravado de forma notable, pasando de un promedio de cinco masacres anuales a cerca de 40 en los últimos años. Son territorios donde convergen disputas criminales, economías ilegales y debilidades institucionales, creando entornos donde la violencia se vuelve parte de la vida cotidiana.

Cada vez que ocurre una masacre, la explicación de las autoridades suele ser la misma: “ajuste de cuentas”.

Pero en esas masacres no sólo mueren personas vinculadas al crimen, también hay víctimas inocentes, jóvenes, incluso menores de edad. Negocios que cierran temprano por miedo, comunidades enteras que viven bajo amenaza, regiones donde la presencia del Estado es mínima.

Además, hay un elemento que agrava aún más la situación: la falta de denuncia. Se estima que más del 90% de los delitos no se acusa en México. El miedo, la desconfianza en las autoridades y la falta de resultados hacen que muchas víctimas prefieran no acudir a la justicia. Eso significa que la violencia real es aún mayor de lo que muestran las cifras.

En este contexto, la narrativa oficial resulta difícil de sostener. Porque mientras se habla de reducción en los homicidios, las desapariciones aumentan. Mientras se presume una estrategia de seguridad, las masacres continúan ocurriendo prácticamente a diario. Mientras se intenta proyectar control, hay zonas completas del país donde la violencia no se reporta.

Lo que nos debemos preguntar es: ¿qué está pasando realmente con las cifras? Porque si los homicidios bajan, pero las desapariciones suben, lo que tenemos no es una mejora en la seguridad, sino una reconfiguración de la forma en que se contabiliza la violencia. Un cambio en la narrativa, no en la realidad.

El problema es que esta narrativa tiene consecuencias. Minimizar la violencia impide dimensionar correctamente el problema. Y si no se reconoce la magnitud de la crisis, no se pueden diseñar soluciones efectivas. La seguridad no se construye con discursos, se construye con estrategias claras, con instituciones fuertes, con justicia.

Hoy, México enfrenta una crisis compleja, donde las masacres, las desapariciones y la impunidad forman parte de un mismo fenómeno. No son problemas aislados, son piezas de un mismo rompecabezas. Y mientras no se entiendan como tal, será difícil enfrentarlos.

Hoy en México tenemos miles de familias que buscan a sus desaparecidos.

La promesa de acabar con las masacres quedó atrás. Hoy, lo que tenemos es un país donde las masacres siguen ocurriendo, donde las desapariciones aumentan y donde la violencia, lejos de desaparecer, ha encontrado nuevas formas de ocultarse. Y mientras eso no se reconozca con claridad, México seguirá atrapado en una crisis que no termina.

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Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón