Termina el mes de abril y, con ello, un importante ciclo en materia electoral en México. Veamos algunas evidencias.
Tras varios meses de especulaciones sobre eventuales contenidos y presiones, chantajes y fisuras dentro de la coalición legislativa oficialista, la buena noticia es que no se concretó una reforma constitucional que podía haber sido gravemente regresiva, antidemocrática y autoritaria. Que sigan los espacios de representación proporcional tal cual se conforman en las cámaras del Congreso de la Unión, que no se afecten las prerrogativas de los partidos opositores para estar en condiciones de competencia —mientras el oficialismo despliega recursos del Estado en su favor— y que no se haya hecho coincidir con la jornada electoral federal ese ejercicio engañabobos conocido como “revocación de mandato” presidencial, son buenas noticias. Dado el talante de destrucción de la institucionalidad democrática a la que es tan proclive el régimen, que tan sólo se haya aprobado una reforma menor —que, en realidad, no es electoral sino, más bien, política-administrativa— es un respiro.
Lo que no resultó halagüeño fue el resultado de la renovación parcial (3 consejerías de 11) en el Consejo General del INE. Desde la reforma electoral de 2014, la del mes que concluye representó la cuarta renovación escalonada. Hay quienes piensan que ésta fue la peor de todas, con fundadas razones, tanto en el procedimiento como en el resultado.
Raspón a Nahle del papá de Cuitláhuac
Lo primero que hay que señalar es que el Consejo General del INE perdió a tres destacadísimos funcionarios de Estado —Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel— que cumplieron cabalmente su labor, con imparcialidad e independencia y con la Constitución y las leyes en mano para sustentar todas las decisiones que adoptaron. Destaca particularmente la manera en que votaron algunos asuntos cruciales que estaban en el interés del Gobierno, lo que les generó ataques y persecuciones inadmisibles.
La designación de las nuevas consejerías tuvo insalvables deficiencias de origen. Una cosa es el predominio y otra el control absoluto sobre el proceso. Recuérdese que hace tres años se llegó a la instancia límite de seleccionar a la presidencia y consejerías por sorteo, dado que se necesitaba el voto de dos terceras partes de los diputados y la coalición oficialista, que no alcanzaba ese número, se negó a llegar a consensos con cualquier partido opositor. Dado que ahora, como se sabe, sí cuentan con esa indebida sobrerrepresentación mayor a los dos tercios, lo que pasó fue todavía peor.
Más allá de cuál sea el método de selección, lo ideal sería que todos los partidos políticos (Gobierno y oposición) llegaran a un acuerdo para dar un voto de confianza a quienes serán los árbitros electorales. Pero ya, desde la conformación del comité de evaluación, el proceso inició mal: sin representantes imparciales del Inai —ahora extinto—. ¿Qué se podía esperar de los designados por una CNDH sometida al régimen y por la Junta de Coordinación Política, controlada por el oficialismo? Así, una vez descartados los perfiles deseables —como podrían haber sido Maricarmen Alanís, Erika Estrada o Diego Forcada—, avanzó una propuesta de candidatos que no fue acompañada por ninguno de los partidos de oposición (PAN, PRI y MC), por los cuales votó, no se debería olvidar, cerca de la mitad del electorado en las pasadas elecciones. Y, en fin, sobre las cercanías de las nuevas consejerías con el régimen, destaca el caso de quien fue “abogado y representante” de la Presidenta (véase Javier Martín Reyes en El Universal).
Queda pendiente una iniciativa para posponer hasta 2028 el resto de los cargos del Poder Judicial que no fueron a las urnas en 2025. A reserva de volver al tema en próximas entregas, por lo pronto, se puede considerar un alivio si llega a aprobarse tal postergación.
