BAJO SOSPECHA

El laboratorio de Los Chapitos

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

La muerte de dos agentes de la CIA en la Sierra de Chihuahua ha provocado una nueva tensión entre México y Estados Unidos y abrió un fuerte debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El caso ocurrió después de un operativo realizado contra uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes vinculados a Los Chapitos, ubicado en la zona limítrofe entre Chihuahua y Sinaloa.

Mientras el Gobierno federal insiste en que la presencia de agentes estadounidenses representa una posible violación a la soberanía nacional, en Estados Unidos existen reclamos por considerar que México no está respaldando suficientemente el combate contra los grupos criminales.

La polémica creció debido a las versiones contradictorias sobre la presencia y participación de los agentes de la CIA en territorio mexicano. Desde un inicio, autoridades federales aseguraron desconocer el ingreso de estos agentes al país y negaron que existiera autorización para que participaran en operativos relacionados con el combate al narcotráfico. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, comenzó a surgir información que apuntaba a que los agentes estadounidenses sí realizaban actividades relacionadas con tareas de inteligencia e instrucción para enfrentar a los cárteles mexicanos.

El gobierno de Chihuahua asegura que estos agentes no estaban armados y que no habían participado activamente en el desmantelamiento. Trascendió en otra información que lo que hacían estos agentes era manejar equipo de drones para ubicar el narco laboratorio.

El hecho que da inicio a todo este escándalo es el narcolaboratorio desmantelado en la Sierra Tarahumara, atribuido a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Se sabe que era uno de los más grandes centros clandestinos de producción de drogas sintéticas desmantelados en los últimos años.

Encontrar estos laboratorios y desmantelarlos es muy complicado, primero, por la lejanía y por cómo están ocultos en la sierra, y luego, porque los materiales ahí son sumamente tóxicos para quien llegue.

Recuerdo hace un par de años que me tocó ir a hacer un reportaje a la Sierra de Cosalá, en Sinaloa. Para llegar tuvimos que caminar más de dos horas en un camino muy complicado, y al llegar, y a pesar de tener el equipo de protección, con sólo inhalar de lejos las sustancias que había en ese narcolaboratorio me intoxiqué. Para llegar hasta ese punto, nos llevaron las Fuerzas Armadas, es imposible llegar solo.

OPERATIVO POLÉMICO

EL NARCOLABORATORIO clandestino asegurado por las autoridades el 18 de abril.
EL NARCOLABORATORIO clandestino asegurado por las autoridades el 18 de abril. ı Foto: Especial

Este narcolaboratorio desmantelado en la Sierra Tarahumara era de los más grandes, produciendo miles de dosis. De acuerdo con reportes de seguridad, el complejo ocupaba una extensa zona montañosa dividida en distintas áreas de operación, con cientos de metros cuadrados utilizados para almacenamiento de precursores químicos, cocción, cristalización y empaquetado de metanfetaminas.

La droga fabricada en ese sitio no sólo terminaba en las calles mexicanas, alimentando la violencia, las adicciones y el poder económico del crimen organizado, sino que también tenía como destino el mercado de Estados Unidos, donde el consumo de metanfetaminas y fentanilo se ha convertido en una de las peores crisis de salud pública.

Hace un par de meses que Donald Trump clasificó como terroristas a los grupos del narcotráfico en México. Fue porque argumenta que esa droga acaba en las calles de Estados Unidos. Este narcolaboratorio, dicen las autoridades, pertenece al grupo de Los Chapitos, también señalado como grupo terrorista por Estados Unidos.

Este tipo de laboratorios se ha convertido en un punto central de tensión entre ambos países, ya que mientras México enfrenta la violencia de los cárteles, Estados Unidos enfrenta miles de muertes por sobredosis relacionadas con las drogas producidas por organizaciones criminales mexicanas.

La historia es complejísima. Se supo de la presencia de agentes de la CIA en México por el accidente automovilístico donde murieron los dos agentes de la CIA y elementos de la Agencia Estatal de Chihuahua.

Mientras Estados Unidos presiona a México asegurando que irá tras políticos que estén relacionados con el crimen organizado y éste ha sido catalogado como grupos terroristas, en México la discusión que se da es por la violación de la soberanía al ir desmantelando instalaciones de grupos criminales.

El caso ha reavivado la discusión sobre la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, especialmente en un momento en el que ambos países enfrentan una creciente presión para combatir el tráfico de drogas sintéticas y la violencia generada por los cárteles. También ha puesto sobre la mesa el debate sobre los límites de la soberanía mexicana y el papel que pueden desempeñar agencias estadounidenses dentro del país.

Por una parte, las leyes estadounidenses dicen que si hay grupos terroristas extraterritorialmente, como ahora es el caso de la fracción de Los Chapitos, ellos pueden actuar porque atentan contra su seguridad. La pregunta es: ¿es mejor colaborar a que Estados Unidos intervenga? Por que esa posibilidad ahí esta.

Por otra, en México la actuación y entrada de agentes de Estados Unidos, de la DEA, la CIA y el FBI, está estrictamente regulada por la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la cual fue reformada a finales de 2020, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador realizó modificaciones para disminuir las acciones de la Unión Americana en nuestro territorio.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la LSN son los marcos que rigen la relación, impidiendo la participación de fuerzas de la Unión Americana en operativos de campo en México.

Con este caso, la presión política y mediática aumentó todavía más luego de que se dieran a conocer los primeros resultados de la investigación. La noche del lunes, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, presentó su renuncia irrevocable al cargo. El funcionario reconoció públicamente que existieron errores y omisiones en la información difundida por la fiscalía tras el aseguramiento del megalaboratorio y después de la muerte de los agentes de la CIA.

Y la gobernadora Maru Campos ha anunciado la creación de una unidad especial encargada de investigar todo lo relacionado con el operativo, la presencia de los agentes estadounidenses y los hechos en los que perdieron la vida cuatro personas. También ha dicho que ella combatirá al crimen organizado de manera frontal.

Las autoridades estatales aseguraron que esta comisión tendría como objetivo garantizar transparencia y esclarecer lo sucedido.

Por una parte, la ley mexicana dice que la cooperación entre México y Estados Unidos debe pasar por el Gobierno federal, no directamente con autoridades estatales o municipales; por la otra, se sabe que estados gobernados por la oposición, como es el caso de Chihuahua, donde la mandataria es del PAN, parecen no recibir el mismo apoyo que cuando se solicita a la Federación respaldo para gobiernos morenistas.

Toda esta discusión se da en medio de una disputa electoral por el estado más grande de toda la República. Aunque las elecciones en Chihuahua aún no están formalmente en campaña, Morena lleva meses moviendo estructuras, posicionando perfiles y realizando actos políticos en distintas regiones del estado.

Chihuahua se ha convertido en una pieza estratégica para el oficialismo rumbo a los próximos comicios, no sólo por su peso político y económico en la frontera norte, sino porque representa uno de los estados que Morena busca recuperar frente a la oposición.

Temas: