El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y ocho personas más, fueron acusados formalmente por la justicia de Estados Unidos de tener nexos con el cártel de ese estado y solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores su aprehensión y extradición a ese país; al mismo tiempo que el embajador de ese país, Ronald Johnson, advirtió que no habrá impunidad y todos los actos de corrupción que ayuden al crimen organizado, serán castigados.
Ambos acusados rechazaron de inmediato las imputaciones por considerarlas “falsas y dolosas”, las cuales fueron presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, cuyo titular, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, confirmaron que los denunciados enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de narcotráfico, varias reveladas por capos del narco que, como Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, están presos en cárceles estadounidenses.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Voto de ministra del pueblo… ¿contra el pueblo?
Como bomba cayó en la 4T la acusación al gobernador de Sinaloa, aunque desde hace tiempo se esperaba que ocurriera en cualquier momento, tras el cúmulo de revelaciones de integrantes de los cárteles extraídos —como el caso de Zambada— o extraditados, que han revelado su participación en ese delito, lo que motivó reacciones morenistas en contra del gobierno estadounidense.
Poco antes, el Secretario de Defensa de EU, Pete Hegeseth, reconoció en Washington las labores de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la frontera, para evitar tráfico de drogas y la migración irregular, pero exigió a México intensificar esos esfuerzos y “hacerlo con rapidez”.
Desde hace varias semanas, fueron reiterados los mensajes, velados o directos, que en varias áreas del gobierno del presidente Donald Trump, con declaraciones de sus funcionarios o a través de influyentes medios de comunicación, se difundieron advertencias de que, ante la pasividad de las autoridades mexicanas de actuar contra funcionarios y políticos señalados de tener vínculos con el crimen organizado, su país actuaría.
A lo largo de los meses, desde que Trump declaró a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras, como los de Sinaloa, Jalisco, Golfo y otros, han estado en su mira e insistiendo en que se actuara contra varios de quienes los protegen y financian, principalmente, lo que ayer hizo.
Va a sacar chispas en la relación México-EU el “extrañamiento” que la Cancillería le hará a la embajada de EU por la forma en que se dio a conocer la acusación contra el gobernador de Sinaloa y la solicitud de que, éste y demás acusados, sean detenidos y extraditados, porque en los tratados vigentes se establece la “confidencialidad de la información”.
