El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, dio a conocer un comunicado en el que informa la acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa, entre ellos, el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico, corrupción y armas.
De acuerdo con la acusación, las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados colaboraron durante años con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Según el documento, los funcionarios habrían recibido sobornos millonarios a cambio de brindar protección al grupo criminal, facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y filtrar información sobre operativos de seguridad.
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El comunicado asegura que los acusados utilizaron sus cargos dentro del gobierno y corporaciones policiacas para proteger cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas, además de impedir investigaciones y detenciones contra integrantes del cártel. También se les acusa de permitir que el grupo operara con impunidad en Sinaloa.
Uno de los puntos más delicados de la acusación señala que Rocha Moya habría llegado al gobierno de Sinaloa con apoyo de Los Chapitos, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a rivales políticos durante el proceso electoral.
Hay que recordar que, días previos a la elección en Sinaloa, cuando Rubén Rocha fue electo en 2021, hubo reportes de personas armadas que habían tomado algunas casillas y trascendió que grupos criminales habían secuestrado a operadores de la oposición para que no estuvieran libres el día de la elección.
Lo cierto es que este hecho no se investigó, porque los afectados no presentaron denuncias, ya que también fueron amenazados para no denunciar. Hoy, la Fiscalía estadounidense señala que el gobernador habría garantizado protección al grupo criminal.
El documento también acusa a algunos mandos policiacos estatales de participar directamente en secuestros, torturas y asesinatos, incluyendo el homicidio de un informante confidencial de la DEA y un familiar suyo en 2023.
Las autoridades estadounidenses recalcaron que las acusaciones forman parte de una ofensiva más amplia contra el Cártel de Sinaloa, y subrayaron que los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
Además del comunicado emitido por la United States Attorney’s Office, Southern District of New York, es decir, la Fiscalía Federal de EU para el Distrito Sur de Nueva York, está la acusación del Tribunal, un documento de 34 páginas, que señala que Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, habría participado en una asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, para facilitar la importación de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia EU.
El documento señala que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y que, para proteger su imperio de drogas, se habría aliado con políticos y mandos policiales corruptos.
Según la acusación, estos funcionarios abusaron de sus cargos, brindaron protección al cártel y filtraron información sensible a cambio de sobornos millonarios.
El señalamiento más fuerte contra Rubén Rocha Moya es que, antes de ser electo gobernador en 2021, presuntamente se reunió con líderes de Los Chapitos, entre ellos Iván y Ovidio Guzmán. En esas reuniones, custodiadas por sicarios armados, los líderes criminales le habrían prometido apoyo para ganar la elección. A cambio, Rocha Moya supuestamente prometió colocar en puestos clave del gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables a las operaciones de narcotráfico de Los Chapitos.
La acusación sostiene que, durante la campaña, integrantes del cártel habrían robado urnas, intimidado votantes, secuestrado opositores y obligado a candidatos rivales a retirarse. También afirma que mandos de la Policía Estatal recibieron instrucciones de no intervenir, aun cuando hubiera denuncias de delitos electorales.
Ya como gobernador, según el documento, Rocha Moya habría permitido que Los Chapitos consolidaran un control casi total sobre instituciones estatales y locales de seguridad, incluida la Fiscalía, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán.
La acusación también menciona a Enrique Inzunza, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Gerardo Mérida, Juan de Dios Gámez y otros mandos, quienes presuntamente recibían sobornos mensuales para proteger al cártel. El caso incluye cargos por narcotráfico, armas y, en el caso de Juan Valenzuela Millán, secuestro con resultado de muerte. El documento subraya que se trata de acusaciones formales y que los señalados se presumen inocentes mientras no sean declarados culpables por un tribunal.
Por su parte, el gobernador Rocha Moya, a través de Twitter, dijo: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
“Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esa causa.
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, expresó.
Las acusaciones contra Rocha Moya no son nuevas. Ya pasada la elección hubo señalamientos y salió en su defensa el propio expresidente López Obrador.
Lo cierto es que hace apenas cinco días Rocha agradecía, en esa misma cuenta de Twitter, y elogiaba al embajador de EU en México, Ronald Johnson.
Rocha Moya escribió: “Como gobernador de Sinaloa, expreso mi agradecimiento al embajador de EU, Ronald Johnson (@USAmbMex), por su visita a nuestro estado en el marco de la ceremonia de inicio de una de las obras más importantes para el futuro del desarrollo económico de nuestra región”.
El martes pasado, en este espacio, escribía sobre el reportaje publicado por Los Angeles Times, que había adelantado que el gobierno de Estados Unidos preparaba una ofensiva mucho más agresiva contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, entre ellos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En este espacio les decía que, de acuerdo con esa investigación, Washington no sólo buscaría cancelar visas a funcionarios considerados corruptos o ligados al narcotráfico, sino que estaría dispuesto a presentar acusaciones formales en cortes federales estadounidenses.
El reportaje señala que las investigaciones podrían alcanzar incluso a integrantes de Morena y a funcionarios de alto nivel que presuntamente habrían colaborado con organizaciones criminales.
Y decía apenas el martes pasado aquí, en mi columna, que la preocupación crecía entre algunos políticos mexicanos que ya han sido objeto de cancelación de visas. Y que en esa lista están incluidos gobernadores, legisladores y personajes ligados al poder político. ¿Pues qué cree? Hoy, sin duda, varios de estos políticos están mucho más preocupados.
