Hace un par de semanas, por lamentables coincidencias, se supo que en un funesto accidente automovilístico había perdido la vida el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, junto con tres personas más, dos de ellas de nacionalidad estadounidense.
Con el pasar de las horas, trascendió que se trataba de agentes de la CIA que venían de participar en el desmantelamiento de un enorme laboratorio de metanfetaminas, lo que de inmediato ocasionó diversos desmentidos y eventuales explicaciones sobre sus verdaderos fines dentro de nuestro territorio, lo cual no dejó satisfecho a nadie.
El problema fue en aumento, cuando comenzaron a contradecirse las versiones sobre las actividades en las que efectivamente participaban y la información que se tenía sobre su ingreso a nuestro país, sin que ninguno de los agentes norteamericanos contara con algún tipo de autorización para actuar en operativos en territorio nacional y, más aún, sin que ninguna dependencia de seguridad o del Estado mexicano estuviera al tanto de su colaboración en campo.
Voto de ministra del pueblo… ¿contra el pueblo?
Cabe recalcar que buena parte de las funciones de la CIA consiste en colaborar o directamente conducir operaciones encubiertas de alto nivel, en las que —por definición— tan sólo un puñado de personas están, hasta cierto punto, al tanto de su involucramiento —entre las que suelen no estar incluidas las autoridades respectivas más directas e, incluso, los propios jefes de Estado—.
Y el motivo para operar de esta forma es diverso: ya sea porque lo que buscan es algo directamente ilegal —bajo sus propias normas o las del territorio donde intervienen— o, también —como en la situación actual de nuestro país—, porque es muy baja la probabilidad de poder llevar a cabo operativos de alto impacto sin filtraciones por parte del propio personal de las dependencias de seguridad, directamente coludidas con el crimen organizado.
Y no es que agencias como la DEA o la CIA sean las instituciones salvadoras del mundo que se dicen ser, porque invariablemente siguen una agenda con interesas propios de toda índole y cuya intromisión ha tenido consecuencias terribles en todas las latitudes del mundo. Pero, pues, básicamente, su chamba es que nadie sepa que están ahí o, al menos, negarlo hasta el infinito.
Lo que —por otro lado— sí ha resultado lamentable y penoso es tener que escuchar la misma cantaleta del oficialismo para tratar de justificar lo acontecido. Negar la situación completa —del tipo que no hay colusión entre el crimen organizado y autoridades, no hay producción de metanfetaminas en nuestro territorio o no hay participación de agentes extranjeros en territorio nacional— simplemente se vuelve desgastante y no lleva a ninguna solución útil.
Y como no podía ser de otra manera, la otra salida fue convertir un conflicto legal, de procedimientos y de soberanía, en uno de tintes políticos, pues que la gobernadora de Chihuahua provenga del PAN, es razón suficiente para trasladarle la responsabilidad de lo acontecido y citarla a dar las explicaciones que todas las dependencias de seguridad y las secretarías de Estado involucradas, no han podido dar.
