Es verdad que Donald Trump es un político imprevisible y que suele hacer declaraciones con temeridad y ligereza.
Sin embargo, a lo largo de poco más del año —sí, apenas— que lleva su segunda administración, se pueden encontrar dos rasgos consistentes en su liderazgo: uno, cada una de sus acciones está enfocada en obtener un beneficio económico para su país; y, dos, acciones radicales para inhibir el consumo de estupefacientes, que es un problema mayor de salud pública y seguridad interior en Estados Unidos.
En esa lógica, Trump y distintos funcionarios y agencias del gobierno estadounidense han denunciado, una y otra vez, que el Gobierno mexicano ha sido incapaz de contener el avance del crimen organizado y que muchos funcionarios públicos de todos los niveles están a las órdenes de los cárteles. Ante la vastedad y dureza de los señalamientos, el Gobierno y sus propagandistas han desestimado hasta el cansancio dichos vínculos. En vez de identificar y sancionar al personal político del régimen involucrado en actividades ilícitas, invariablemente han rechazado los señalamientos y tratado este tema, tan delicado, como si fuera cualquier otro de política interna, en donde por canon se engaña, se miente, se tergiversa, se minimiza y se recurre a la infaltable justificación de que todo problema actual es producto de los gobiernos previos al obradorato.
Caso Rocha Moya: ¿Y los verdes?
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, había cultivado un papel sobrio en el desempeño de su función, pero sus recientes declaraciones fueron —ahora se sabe— el preámbulo de decisiones unilaterales más contundentes de la administración norteamericana contra políticos en México que, presuntamente, han mantenido o sostienen vínculos con organizaciones criminales; decisiones significativamente más relevantes que retirar visas o imponer sanciones menores. Por ello, de señalar principios generales como “la corrupción vulnera el progreso, la competencia y la confianza”, Johnson pasó a lanzar una advertencia categórica: México debe tomar medidas para atender la “epidemia de gobernanza corrupta” que va desde el más modesto policía de proximidad y funcionarios municipales, hasta legisladores federales y gobernadores.
Resultó, pues, que sí hay “lista negra” de narcopolíticos mexicanos en la mira de Estados Unidos. El anuncio del miércoles pasado sacudió a la clase política morenista: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otras nueve personas, han sido denunciados penalmente por la justicia estadounidense.
El caso es particularmente grave: un gobernador mexicano en funciones, así como integrantes de su gabinete (anteriores o actuales), son acusados penalmente en Estados Unidos. Más allá de la presunción de inocencia que debe privar en todo proceso penal, el anuncio va en línea con los señalamientos de los habitantes de Sinaloa y que han sido documentados en hallazgos periodísticos. La confirmación del vox populi. No es casual que Rocha haya pedido licencia a su cargo y no se sepa nada de su paradero, aunque el régimen se haya abroquelado para respaldarlo. Qué mal envejeció aquel comunicado de agosto de 2024 de los gobernadores de Morena, en el que salían en su defensa “ante las mentiras y la estigmatización”, lo que —increíblemente— se reiteró apenas el domingo pasado en el consejo del partido.
De cara a la renegociación del acuerdo comercial de Norteamérica y en un momento en que la relación bilateral se encuentra en máxima tensión, Estados Unidos le agrega una presión aún mayor al Gobierno mexicano para ver si, de una vez por todas, atiende uno de los más graves problemas que aquejan al país.
