Las instituciones electorales no se debilitan únicamente mediante reformas estructurales. A veces el cambio ocurre de manera más silenciosa, poco perceptible para la mayoría, modificando palancas que distribuyen el poder dentro de ellas.
Los nombramientos recientes del órgano ejecutivo en el Instituto Nacional Electoral (INE) nos recuerdan la evolución del modelo de autoridad electoral que México construyó durante décadas. Detrás de una aparente discusión administrativa existe, en realidad, un claro ejemplo de cómo una lectura miope del legislador pone en entredicho el modelo largamente estudiado, negociado y probado del INE como un órgano colegiado basado en consensos.
Durante años, los nombramientos estratégicos en la estructura ejecutiva del entonces IFE y, posteriormente del INE, requirieron acuerdos amplios dentro del Consejo General. No se trataba simplemente de un mecanismo burocrático. Se buscaba evitar la concentración de poder dentro de una autoridad electoral, cuya legitimidad depende, precisamente, de su carácter plural y técnico. La construcción de consensos internos funcionaba como un mecanismo que, en la mayoría de los casos, permitió designar perfiles idóneos para las tareas fundamentales de la institución.
› Tiran fallo de Zaldívar
Esa lógica se modificó mediante cambios legales (2023) que otorgaron a la presidencia del INE facultades directas para realizar nombramientos. Lo que anteriormente requería acuerdos colegiados pasó a depender de decisiones unipersonales. La incapacidad de la presidencia del INE, para lograr consensos a su interior, fue premiada con un esquema de libre contratación.
Paradójicamente, una de las consecuencias menos previstas de este nuevo esquema terminó vinculándose a la paridad de género. Ocho de nueve de los nombramientos recientes recayeron en hombres. Vale la pena subrayarlo con claridad. La discusión no pasa por cuestionar la trayectoria o capacidad profesional de las personas designadas. El problema es otro. La norma que optó por decisiones discrecionales ocasionó un retroceso que difícilmente hubiera ocurrido de tener que generar consensos y equilibrios en el máximo órgano de dirección. Los mecanismos colegiados no sólo producen contrapesos, sino que también generan incentivos para construir pluralidad, inclusión y equilibrio institucional.
Pero no todo es negativo. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parece estar retomando la cordura en materia de defensa contra la violencia política en razón de género. En una sentencia reciente logró distinguir entre el debate público legítimo y la libertad de expresión de los medios y la violencia política en razón de género.
La sentencia recuerda el principio elemental de que quienes aspiran al poder deben tolerar un mayor nivel de escrutinio público. Pero el tribunal también trazó un límite claro. Una cosa es cuestionar trayectorias, decisiones o vínculos políticos; otra muy distinta es utilizar expresiones degradantes o sexualizadas para intentar deslegitimar a una candidata. Los traspiés del tribunal en casos como el de “dato protegido” parecen estar siendo superados. La distinción es fundamental para la convivencia democrática y para focalizar la lucha por la eliminación de la violencia política, que siguen sufriendo muchas mujeres.
CAJÓN DE SASTRE. Después de una breve ausencia “post electoral”, regresa. De ahí que aproveche unas líneas para reconocer el trabajo ejemplar y el compromiso democrático de tres consejerías que concluyeron su mandato. A Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera mi más sincero reconocimiento y agradecimiento.
“Si no van a hacer el trabajo...”
