Más de alguno en el Gobierno y en Morena piensan que las pruebas que eventualmente presente EU no serán lo suficientemente sólidas como para que se tenga que extraditar a Rubén Rocha.
Las acusaciones parten de una gran cantidad de testimonios e investigaciones de personajes que en muchos casos han sido enviados desde México a diferentes estados de EU. No es la única fuente informativa, pero muy probablemente es uno de los ejes de las acusaciones.
Sin dejar de reconocer lo delicado del momento, los testimonios se basan en muchos casos en lo que quieren escuchar las autoridades. Igual pasó con El Chapo Guzmán, Genaro García Luna y otros más. Los testimonios tienen que ser comprobados sin soslayar que pasan por los intereses de los declarantes. Hablar significa evitar largas condenas y convertirse en testigo protegido, como seguramente sucedió con Ovidio Guzmán, quien de plano se llevó a toda su familia a EU, para obtener trato preferencial.
Es probable que las acusaciones contra Rocha partan de la voz de Ovidio. No es una historia nueva. Las cosas han adquirido una dimensión extraordinaria en función de todo lo que han podido decir, y seguramente siguen diciendo, los más de 90 personajes que por orden presidencial fueron enviados a EU.
El Gobierno mexicano fingió demencia bajo la idea de que eran un problema de seguridad nacional, a lo que se sumaron elementos como el que se tenían evidencias de que podrían evadirse de la cárcel, porque además en muchos casos se acercaba su sentencia y su eventual extradición.
Para Trump todo esto no fue importante. En su momento aseguró que “me quieren tener contento”, para luego asegurar que hay muchas cosas pendientes, en donde apareció la relación de los altos niveles de complicidad entre políticos y narcotraficantes.
Estamos en medio de procesos legales en que hay evidencia de las diferencias que existen entre los sistemas judiciales de los dos países. México tiene que asumir sus responsabilidades en función de los acuerdos bilaterales que tenemos.
Por ahora no queda de otra que esperar 60 días, los cuales están en curso, en que la justicia estadounidense deberá enviar las pruebas bajo las cuales se basa para solicitar la detención y extradición de los 10 acusados.
El Gobierno mexicano ha tomado la causa de Rubén Rocha como propia argumentando que no hay pruebas. Se van sumando elementos en donde particularmente la Presidenta ha hecho del caso una causa aparejada a la defensa de la nación. Para ella estamos en medio de una intromisión y una acción contra nuestra soberanía. Parece que lo que ha pasado durante más de 21 meses y más en Sinaloa no está bajo su consideración.
Bajo estrategias similares con su antecesor, ayer la Presidenta reunió a todos los legisladores, incluyendo a los ya perdonados de la alianza, para pedirles que defiendan a la 4T calle por calle, poniendo en medio los términos de soberanía y defensa de la nación.
La narrativa presidencial, presumimos, que no pasará por alto en la Casa Blanca. Esto no quiere decir que se tenga que acomodar a Trump. Más bien llama la atención, porque lo que se ha visto a lo largo de más de una semana es una defensa que cae por momentos en asuntos ideológicos más que en una revisión pausada de lo que significan las acusaciones.
La FGR debe tener información sobre Sinaloa y si no la tiene es una mala noticia. Es un enigma por qué García Harfuch declaró que no tenían indicios sobre lo que se dice sobre Rocha.
EU sigue metiendo el acelerador. Ayer informó que inició una “revisión” de los 53 consulados mexicanos que operan en su país. No dejamos de estar en la mirada de las ocurrencias de Trump; no podemos dejar de hacer lo que nos toca hacer.
RESQUICIOS.
No hay elementos por ahora para saber qué tanto podría repercutir en la ciudadanía el caso Rocha Moya. Además, no hay manera, porque no se sabe qué tan cierto puede ser que surjan otros nombres del mismo calibre y más que el del gobernador con licencia.
