Una acusación judicial en Estados Unidos ocupó el centro del debate esta semana.
El documento señala a un grupo de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por formar parte de una asociación delictuosa internacional con el Cártel de Sinaloa para importar drogas a la Unión Americana. Tres elementos articulan la acusación: recibir sobornos, coordinar acciones y proteger operaciones del cártel. Conductas que, según el documento, fortalecieron el control territorial de la organización criminal y garantizaron su actuación en múltiples frentes.
La reacción pública fue predecible: el debate rápidamente se polarizó porque lo que la acusación describe no es solo corrupción. Describe una operatividad estructurada diferente, algo para lo que el vocabulario político convencional resulta insuficiente.
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Desde hace al menos dos décadas, distintos académicos han señalado que el negocio de los cárteles mexicanos cambió de naturaleza. Dejaron de ser organizaciones centradas exclusivamente en el tráfico de drogas para convertirse en actores que disputan funciones propias del Estado, la famosa Sustitución del Estado: cobro de piso por actividad económica, control de flujos de personas y mercancías, incautación de bienes, regulación informal de territorios. Es decir, la administración paralela de la vida pública.
Lo que la acusación agrega, si sus señalamientos son ciertos, es un escalón superior en esa lógica: no la disputa del Estado desde afuera, sino su ocupación desde adentro. Una organización criminal que habría logrado incidir directamente en los resultados electorales de una entidad para mantener la representación institucional bajo su control. No ya sustituyendo al Estado en sus funciones, sino habitándolo. Operándolo.
Eso requiere un nombre. Una tipología nueva: el gobierno capturado
El debate dominante en ciencia política hoy gira en torno a la tensión entre populismo y democracia. Hemos aprendido a identificar cómo el populismo se abre paso dentro de las reglas democráticas, accede al poder y luego desmonta progresivamente las instituciones para derivar en formas autocráticas. Es un fenómeno real y documentado.
Pero lo que describe la acusación sobre Sinaloa no es populismo. No proviene de la desigualdad, ni de la desafección ciudadana, ni de la precarización económica como combustible político. No exacerba miedos sociales para construir una base electoral. Opera de otra manera: provoca y controla a través del terror. Produce silencio social como condición de posibilidad para sus objetivos políticos. Y en ese silencio, ocupa las instituciones.
¿Podríamos llamar a esto gobierno capturado? una forma de administración pública en la que los titulares formales del poder —electos o designados— ejercen sus funciones en subordinación operativa a una organización criminal. No se trata de corrupción sistémica, fenómeno conocido y categorizado. Tampoco de Estado fallido, concepto que implica ausencia de gobierno. Es algo más preciso: un gobierno que funciona, que tiene apariencia institucional, pero cuya orientación real responde a una cadena de mando no democrática, no pública y no sometida a ningún control ciudadano.
¿Por qué importa nombrarlo? las tipologías no son ejercicios académicos. Son instrumentos de diagnóstico. Cuando un fenómeno no tiene nombre, resulta difícil medirlo, compararlo, legislar sobre él o diseñar políticas para enfrentarlo. La corrupción tiene marcos legales. El crimen organizado tiene protocolos de persecución. El populismo tiene literatura, indicadores y experiencia comparada. El gobierno capturado, en cambio, sigue operando en una zona de ambigüedad conceptual que lo protege.
Nombrarlo es el primer paso para enfrentarlo. Implica reconocer que el problema no es solo que algunos funcionarios acepten sobornos, sino que en ciertos territorios la lógica de gobierno ha sido reemplazada. Que la elección, en esos casos, no fue un proceso democrático, sino un mecanismo de legitimación de una captura consumada.
México necesita ese debate. No para alimentar el escándalo de la semana, sino para construir las herramientas conceptuales, jurídicas e institucionales que permitan identificar, nombrar y eventualmente revertir una de las amenazas más complejas a su vida democrática.
La acusación es un documento judicial. Su veracidad la determinará un tribunal. Pero la pregunta que abre no admite espera: ¿tenemos el vocabulario para describir lo que está ocurriendo? ¿Y si no lo tenemos, cómo vamos a enfrentarlo?
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