El feminicidio es uno de los crímenes que más laceran a una sociedad. En México, en promedio 10 mujeres son asesinadas al día (según cifras oficiales, únicamente tres). No son sólo números, sino historias de vidas y familias rotas. Pero entre la frialdad de las estadísticas, destacan algunos casos que cimbran e indignan especialmente a la opinión pública. El último, el de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años.
Con el recrudecimiento en el país de la violencia de género en sus distintas formas y el incremento de las protestas por la falta de soluciones para atenderla —en buena medida por el desgano con el que, desde comienzos del obradorato, se abordó el tema—, casos como el de Edith Guadalupe develan con rotunda claridad todo lo que está mal en México en cuanto a la persecución y sanción de estos crímenes.
Recapitulando los hechos: Edith Guadalupe fue a una entrevista de trabajo en un edificio de la avenida Revolución, en la Ciudad de México, y no salió con vida de ese lugar. Sí: el atroz crimen le sucedió a una joven que lo único que hizo fue salir a buscar un empleo. Con el paso del tiempo, sin tener noticias de ella, sus familiares realizaron una búsqueda, ante la negligencia del personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a partir de la cual se denunció la dilación para detonar un protocolo de búsqueda, así como el pedido de sobornos para atender el caso.
› Se le aparece el sombrero
El caso reveló el desastre en la atención y procuración de justicia en la fiscalía capitalina, por lo que debidamente se volvió tremendamente escandaloso, a lo que el régimen —usualmente proclive a cubrir y minimizar los errores de sus integrantes y culpar a otros— tuvo que salir a dar una respuesta pública. Eso sí, con las triquiñuelas y maromas acostumbradas, no fuera a ser que la fiscal actual aludiera a vicios estructurales en la gestión de su predecesora, quien hoy está al frente nada menos que de la Fiscalía General de la República.
Como se mencionó antes, el incremento de la violencia de género y la insatisfacción con su atención entra en tensión con el hecho de que el Gobierno federal, por primera vez, esté encabezado por una mujer. Se han tomado decisiones en ese sentido, como la creación de una Secretaría de la Mujer, sobre la cual, por cierto —ahora que se dio el primer relevo, básicamente por razones de estrategia partidista— cabe preguntarse si, en realidad, en este primer tramo de su existencia a nivel de Gabinete Presidencial, se han generado beneficios sustantivos para las mujeres o si sólo fue un cambio cosmético. Los resultados (o, más bien, la falta de ellos) saltan a la vista.
En los últimos años cada 8 de marzo se tiene que anunciar alguna medida para el mejoramiento de la situación de las mujeres. Este año, se anunció con bombo y platillo una ley general para prevenir, sancionar y reparar el daño por feminicidio, con el propósito de que “todas las fiscalías del país tengan una ley para acabar con la impunidad del feminicidio y se desarrollen políticas para prevenirlo”. Más allá de que los mecanismos de investigación ciertamente varían en cada estado, es inevitable preguntarse si, ante un delito de la gravedad del feminicidio, ¿acaso no estaban todas las fiscalías del país ya obligadas a la atención e investigación de los casos? Y ahora, a los pocos días de ese anuncio, se da el tristísimo caso de Edith Guadalupe. Muy tarde para ella.
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