Tras los señalamientos del gobierno de Estados Unidos de que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios trabajaron de la mano con el Cártel de Sinaloa, y mientras el Gobierno de México hizo todo para no entregarlos tras el requerimiento de la Fiscalía de Nueva York, dos personajes clave llegaron a un acuerdo y se trasladaron a Estados Unidos para rendir declaración.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se entregó ante autoridades estadounidenses. Tras los señalamientos había huido a Europa; desde ahí llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y fue trasladado a Nueva York.
Al mismo tiempo, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Nogales, Arizona, tras entregarse en territorio estadounidense. Después fue trasladado a Brooklyn, en Nueva York, donde compareció esposado de los pies ante la jueza Sara Netburn y se declaró no culpable.
¿CUÁL GOBIERNO?
Los dos exfuncionarios están vinculados al expediente S9 23 Cr. 180, radicado en el Distrito Sur de Nueva York, el mismo caso en el que se señala una presunta red de protección política e institucional en favor de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones son gravísimas: conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos; conspiración para el uso de armas de fuego, protección a operaciones criminales, recepción de sobornos y presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales.
Estos dos personajes son clave para esclarecer la alianza del gobierno estatal con el Cártel de Sinaloa, el primero manejaba el dinero y el segundo, la seguridad. Se dice que Gerardo Mérida era quien daba aviso a los narcotraficantes cuando habría algún operativo federal de seguridad y esta información es la que busca corroborar la Fiscalía de Nueva York.
Por su parte, en el caso de Enrique Díaz Vega, la acusación sostiene que antes de la elección de Rubén Rocha Moya en 2021 habría entregado a líderes de Los Chapitos una lista con nombres y direcciones de opositores políticos, con el objetivo de intimidarlos, amenazarlos o sacarlos de la contienda.
También se le señala como enlace entre el grupo criminal y funcionarios del gobierno estatal, así como presunto facilitador para colocar perfiles corruptos en posiciones clave.
Esta información va de la mano con lo que ha declarado Mario Zamora Gastélum, quien compitió contra Rubén Rocha Moya por la gubernatura de Sinaloa en 2021.
El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD ha denunciado públicamente que aquella elección estuvo marcada por amenazas, secuestros y una operación de intimidación contra sus operadores políticos. Zamora ha dicho que algunos de sus candidatos fueron obligados a bajarse de la contienda el mismo día de la elección y que, incluso en lugares como Badiraguato, pidieron por radio votar por Morena. También, que fue una contienda, esa del 2021, atravesada por el miedo y por la presunta intervención criminal. Y ha dicho que no hay denuncias formales por miedo a las represalias.
Desde que Estados Unidos anunció que haría un juicio contra estos personajes y pidió que el Gobierno de México los entregara, desde la Presidencia de la República se trató de aplazar la entrega y solicitar pruebas, cuando en realidad, en este tipo de situaciones, se debe entregar a Estados Unidos a la persona para que se haga el juicio y ahí se desahoguen las pruebas.
Mientras Rocha Moya estuvo varios días resguardado en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, su secretario de Finanzas y de Seguridad arreglaban su entrega a los estadounidenses.
Esto hace que la defensa del gobernador Rocha Moya se le complique mucho por la información que estos dos personajes darán, pero, además, la línea jerárquica no quedará en el exgobernador, sino podría llegar al expresidente López Obrador y todos aquellos que se hubieran beneficiado de dinero del narcotráfico en sus campañas electorales.
Enrique Díaz fue secretario de Finanzas de Sinaloa y antes empresario inmobiliario y de la construcción en Culiacán. De acuerdo con reportes periodísticos, durante su paso por el gobierno estatal su patrimonio habría crecido de forma llamativa: entre 2021 y 2023 habría adquirido 11 propiedades y dos vehículos de último modelo al contado.
Su empresa también habría tenido un crecimiento exponencial, mientras sus oficinas fueron utilizadas como casa de campaña de Rocha Moya y del hoy senador Enrique Inzunza. El caso de Gerardo Mérida también es delicadísimo. Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, tenía bajo su mando la Policía Estatal.
La acusación estadounidense sostiene que habría recibido más de 100 mil dólares mensuales de Los Chapitos a cambio de no interferir en sus operaciones y de alertarles sobre redadas contra laboratorios de droga.
Según el documento judicial, en 2023 habría avisado con anticipación sobre al menos 10 operativos, permitiendo mover droga, personal y equipo antes de la llegada de las autoridades.
Cuando Gerardo Mérida y Enrique Díaz se entregaron a Estados Unidos, una vez detenidos en territorio estadounidense, los amparos, los procedimientos de extradición y la legislación mexicana dejan de ser relevantes.
A partir de ese momento, manda la justicia estadounidense. Y esa entrega puede abrir la puerta a una negociación, una reducción de pena o incluso a la posibilidad de convertirse en testigo colaborador. Hace unos meses, México entregó a Estados Unidos a decenas de capos y operadores criminales reclamados por la justicia estadounidense.
Entre ellos había integrantes del Cártel de Sinaloa y de otras organizaciones. Muchos de ellos ya declararon, y por sus testimonios se ha hecho esta nueva investigación ahora tras los políticos que los protegían. Con la entrega de Díaz y Mérida, ahora la fiscalía busca tener la historia completa, la corrupción desde el poder.
Y mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que estos personajes son apenas algunos de una larga lista que tiene de hombres y mujeres del Gobierno mexicano vinculados a grupos criminales.
