Cuando el obradorato oficializó su intención de realizar una reforma electoral, dados los precedentes acumulados de destrucción de la institucionalidad democrática, los defensores de la democracia pluralista argumentaron por qué era regresiva la propuesta.
Pero, ¿era mejor el statu quo que la reforma propuesta por el oficialismo? Sólo parcialmente, pues era y sigue siendo necesaria una reforma, no sólo electoral, sino de Estado, para blindar las elecciones y erradicar de ellas la violencia y la injerencia del crimen organizado. Ésa es la reforma que el régimen nos queda a deber.
Como se sabe, algo “peculiar” ocurrió en las elecciones de gubernaturas en 2021. Centrémonos en la elección de la de Sinaloa —aunque no sea el único caso de políticos de Morena señalados de vinculación con el crimen organizado—. A cinco años de distancia, se confirma lo que las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil, la oposición política y el vox populi daban por sentado. Ya Estados Unidos había alertado sobre los narcopolíticos y la incapacidad de los gobiernos para controlar al crimen organizado. Y llegó lo contundente: la Fiscalía Federal de Nueva York solicitó la detención, con fines de extradición, del gobernador Rubén Rocha Moya y de otros nueve funcionarios públicos de la mayor jerarquía en ese estado.
• Lo que la 4T dejó ir
Lejos de cumplir con su obligación, conforme a los tratados internacionales vigentes, y asumir su responsabilidad —por hechos u omisiones— ante las gravísimas acusaciones, el régimen se puso a intentar fabricar culpables. Se atacó desde la conferencia presidencial diaria al intachable y ejemplar Lorenzo Córdova, dizque por la validación de la elección de Sinaloa de 2021. Se sabe que, por su defensa del INE y de la democracia constitucional, Córdova y otros funcionarios han sido constantes destinatarios de críticas, ataques y persecuciones por parte del régimen.
Recapitulemos: el INE no califica las elecciones de las gubernaturas —esto hay que reiterarlo las veces que sea necesario—; pero sí, en su momento, denunció ante la fiscalía correspondiente los posibles delitos observados en la jornada electoral. Por razones claramente políticas, la fiscalía no actuó. Y, por otra parte, las autoridades que sí estaban encargadas de calificar las elecciones eran el tribunal electoral local —con el conflicto de interés consabido, ahora muy público— y, en última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su momento, la oposición denunció ante tales instancias la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral. Como se sabe, nada de esto generó convicción en los tribunales, por lo que no se anuló la elección y quedó calificada y validada.
A la vista está lo entrampado del manejo del tema por parte del régimen: pide pruebas a Estados Unidos, emprende una defensa del escondido Rocha Moya e intenta, infructuosamente, señalar a otros culpables. La opinión pública, reflejada en algunas encuestas, ya consigna el mal manejo del caso.
Donde hay que poner la mira es en los partidos políticos, en las fiscalías, en los tribunales y en las dependencias de seguridad pública para que asuman su responsabilidad. Hay varios y buenos diagnósticos al respecto. Por ejemplo, el Protocolo para la atención a la violencia electoral del Laboratorio Electoral, dirigido por Arturo Espinosa Silis. Lo que falta es voluntad política para enfrentar con contundencia la más grave amenaza al Estado mexicano.
Aprovecho la ocasión para felicitar a La Razón por su 17.º aniversario. Que vengan muchos más.
Trump, en nuestras adversidades
