La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada a declarar ante la Fiscalía General de la República por el caso del narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos elementos estatales durante un operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio.
La mandataria calificó el citatorio como una persecución política y aseguró que el Gobierno federal “protege a los delincuentes y persigue a quienes sí enfrentan al crimen”. Maru Campos aseguró que acudirá y seguirá “dando la cara”.
Campos está siendo acusada de haber permitido la entrada de agentes de la CIA a territorio nacional para realizar un operativo donde se desmanteló uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes vinculados a Los Chapitos, ubicado en la zona limítrofe entre Chihuahua y Sinaloa. Esto ocurre mientras el Gobierno federal insiste en que la presencia de agentes estadounidenses representa una violación a la soberanía nacional y, al mismo tiempo, en Estados Unidos existen reclamos por considerar que México no está respaldando suficientemente el combate contra los grupos criminales.
Por Mundial, acelerón en Tlalpan… y en las monedas, especulación
NUEVO FRENTE
Este narcolaboratorio desmantelado en la Sierra Tarahumara era uno de los más grandes, produciendo miles de dosis. De acuerdo con reportes de seguridad, el complejo ocupaba una extensa zona montañosa dividida en distintas áreas de operación, con cientos de metros cuadrados utilizados para almacenamiento de precursores químicos, cocción, cristalización y empaquetado de metanfetaminas.
La droga fabricada en estos sitios no sólo termina en las calles mexicanas, también tiene como destino el mercado de Estados Unidos.
Hace un par de meses Donald Trump clasificó como terroristas a los grupos del narcotráfico en México, argumentando que esa droga termina en las calles de Estados Unidos.
Al mismo tiempo que Maru Campos es acusada por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, Donald Trump señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos y protección al Cártel de Sinaloa. La presión desde Washington aumenta mientras exfuncionarios sinaloenses enfrentan investigaciones y colaboran con autoridades estadounidenses. El tema escala en medio de crecientes tensiones entre México y Estados Unidos por la infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno y seguridad.
A finales de la semana pasada llegó a México Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de Estados Unidos, en medio de la solicitud de autoridades estadounidenses para que entreguen a Rubén Rocha Moya y otros acusados. La reunión entre la Presidenta Sheinbaum y Mullin, dicen, fue tensa, y se dio en medio de las investigaciones contra más funcionarios mexicanos. Aunque oficialmente se habló de cooperación bilateral, la reunión con Claudia Sheinbaum no fue amable. En todo este contexto, mientras hay un gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico, el Gobierno federal quiere juzgar a una gobernadora en cuyo estado se desmanteló un mega narcolaboratorio del Cártel de Sinaloa.
Lo que Morena ha querido capitalizar en Chihuahua como una estrategia electoral, acusando a la gobernadora Maru Campos de violar la soberanía nacional y permitir la presencia de agentes de la CIA en su estado, no les ha dado resultados. Lo cierto es que piden la destitución de la gobernadora de Chihuahua por una simple razón: lo que realmente está en juego es el control político rumbo a las elecciones de 2027 y la sucesión presidencial de 2030, donde las distintas facciones de Morena buscan posicionarse utilizando la seguridad, el nacionalismo y la confrontación como herramientas de poder.
Morena ha hecho hasta lo imposible por intentar quedarse con el control de Chihuahua. La pregunta es: ¿qué no han aprendido en Morena de la historia? Nada hizo más fuerte a Andrés Manuel López Obrador que el proceso del desafuero. Antes del desafuero de 2005, Andrés Manuel López Obrador ya era un político muy popular, pero nada se comparó con el nivel de conocimiento nacional que alcanzó después de que intentaron quitarle el fuero.
Maru Campos, en estos días, pasó de ser una política local como gobernadora de Chihuahua a convertirse en una figura nacional.
El intento del gobierno de Vicente Fox y de sus adversarios políticos de retirarle el fuero y abrirle un proceso penal por el caso El Encino fue visto por millones de personas como un intento de impedir que compitiera por la Presidencia. Así está sucediendo con la gobernadora de Chihuahua.
El desafuero permitió que López Obrador construyera una narrativa muy poderosa: la de un político perseguido por “el sistema” y por las élites que no querían dejarlo llegar al poder.
Lejos de debilitarlo, el desafuero lo victimizó políticamente y disparó su popularidad y reconocimiento nacional. Después de ese episodio, AMLO dejó de ser sólo un candidato fuerte y pasó a convertirse en un símbolo de resistencia para millones de mexicanos. Ese crecimiento fue clave para la elección Presidencial de 2006, en la que estuvo a punto de ganar la Presidencia frente a Felipe Calderón por un margen mínimo.
Muchos analistas consideran que el desafuero del exmandatario terminó siendo uno de los mayores errores políticos de sus adversarios, porque en vez de frenarlo lo convirtió en la principal figura antisistema del país y consolidó la narrativa que lo acompañaría hasta llegar a la Presidencia en 2018. Todo comenzó por un litigio relacionado con un terreno en la zona de Santa Fe. El Gobierno capitalino había abierto una vialidad para conectar un hospital privado con una avenida, pero el propietario del terreno argumentó que parte de la obra invadía ilegalmente su propiedad. Un juez otorgó un amparo y ordenó suspender las obras. La Procuraduría General de la República acusó entonces a López Obrador de desacato judicial, es decir, de no haber obedecido la orden del juez.
Legalmente, el caso parecía limitado a un desacato administrativo. Pero políticamente el tema era mucho más profundo. Si López Obrador perdía el fuero constitucional y enfrentaba un proceso penal, quedaba imposibilitado temporalmente para competir por la Presidencia. Ahí estaba el verdadero centro de la batalla.
Sus adversarios argumentaban que nadie podía estar por encima de la ley y que cualquier funcionario que desacatara una orden judicial debía enfrentar consecuencias. Pero para millones de personas el proceso tenía otro significado: impedir por la vía judicial que el principal candidato opositor llegara a la Presidencia.
El 7 de abril de 2005, la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero a López Obrador con los votos del PAN, PRI y PVEM. Ese día, AMLO dio uno de los discursos más importantes de su carrera política. Se presentó como víctima de una persecución política y aseguró que querían impedir que “el pueblo decidiera” en las urnas.
El costo político para Fox fue altísimo. El presidente que había llegado al poder prometiendo terminar con las prácticas autoritarias del viejo régimen terminó siendo acusado de utilizar las instituciones para sacar de la contienda a su principal rival político.
Finalmente, se anunció que no se continuaría el proceso penal contra López Obrador. Aunque el desafuero había sido aprobado, AMLO pudo competir en la elección presidencial de 2006. El desafuero terminó fortaleciendo de manera extraordinaria a López Obrador, y es exactamente esa la historia que se está repitiendo con las acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua y el anuncio de su citatorio ante una Fiscalía General de la República, controlada por el partido en el poder.
• Navarro contra el pueblo
