En el imaginario colectivo del mexicano, la palabra “fuero” suele despertar una reacción inmediata de rechazo.
Se le asocia automáticamente con impunidad, con una clase política blindada que comete atropellos desde la comodidad de una curul sin temor a enfrentar las consecuencias. Sin embargo, detrás de esta figura jurídica hay una razón de ser histórica que vale la pena entender antes de desmantelarla por completo.
Contrario a la creencia popular, el fuero constitucional no es una licencia para delinquir. No borra el delito. Funciona más bien como un “parachoques” procesal: si un diputado, senador o gobernador es acusado de un delito penal, las autoridades no pueden detenerlo ni juzgarlo de inmediato. Primero, la Cámara de Diputados debe sesionar y decidir, mediante votación, si hay elementos suficientes para retirarle esa protección. A este proceso se le conoce coloquialmente como “desafuero”. Si se aprueba, el funcionario es separado de su cargo y se pone a disposición de un juez, como cualquier ciudadano. El fuero tiene dos caras muy marcadas.
• Zenyazen a la pista
Los pros: El fuero nació para proteger la libertad de expresión y la función legislativa. En democracias jóvenes o frágiles, un gobernante autoritario podría verse tentado a inventar cargos criminales (como evasión fiscal o supuesta corrupción) para encarcelar a los líderes de la oposición y asfixiar sus críticas. El fuero garantiza que un legislador pueda denunciar abusos de poder desde la tribuna, sin temor a ser arrestado esa misma noche por una fiscalía alineada con el régimen. Es, en teoría, una garantía de equilibrio entre poderes.
Los contras: En la práctica mexicana, el fuero mutó de escudo democrático a escudo criminal. El principal argumento en su contra es que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Además, el proceso de desafuero ha sido históricamente lento, opaco y profundamente politizado. Las bancadas mayoritarias suelen utilizar su peso numérico para proteger a sus aliados (“congelar” sus expedientes) o, por el inverso, acelerar el desafuero de sus adversarios como una herramienta de persecución política. Esto ha generado un profundo y justificado hartazgo social.
Por lo anterior, se requiere un equilibrio. En los últimos años, México ha dado pasos hacia la acotación de este privilegio. Sin embargo, el debate sigue vivo: ¿debemos eliminarlo por completo?
Hacerlo sin fortalecer la autonomía real de las fiscalías y los jueces podría dejar a la oposición a merced del poder en turno. Por otro lado, mantenerlo intacto sigue alimentando el cinismo ciudadano hacia la política. El fuero no debería desaparecer, pero sí evolucionar. Su vigencia sólo se justifica si protege la palabra y el voto del político en su labor legislativa, nunca si se extiende a sus finanzas personales, a sus contratos públicos o a sus actos de corrupción. En un México que aún no madura democráticamente, la impunidad no puede seguir disfrazándose de derecho constitucional.
Casos como el de Cuauhtémoc Blanco, a quien la mayoría de Morena protegió para no ser desaforado, resultan emblemáticos cuando, desde el poder, se utiliza como un escudo de impunidad. Podemos observar que el fuero se encuentra al servicio de quien controla la mayoría en el Congreso, actualmente es Morena, y si el Ejecutivo además tiene escendencia sobre las Fiscalías y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede decidir todo; respecto el fuero, de las investigaciones y de las sentencias. Tiene el Ejecutivo todos los controles en la impartición de justicia, lo que le genera todo el poder, pero al mismo tiempo toda la responsabilidad respecto de la falta de impartición de justicia y del Estado de derecho.
Siguen cerrando las puertas
