Un reportaje publicado por Los Ángeles Times y firmado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum ha hecho enojar y tiene muy preocupados a muchos dentro del gobierno de Morena.
La investigación asegura que, a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos militantes de Morena y cercanos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, les fueron revocadas sus visas estadounidenses en el marco de investigaciones que realiza el gobierno de ese país por presuntos vínculos con actividades criminales.
De acuerdo con el diario estadounidense, ambos mandatarios son objeto de investigaciones federales. En el caso de Durazo, los señalamientos estarían relacionados con presuntos nexos con organizaciones criminales, mientras que Villarreal Anaya sería investigado por posibles vínculos con redes de tráfico ilegal de combustible, conocido en México como huachicol.
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LOS SEÑALADOS
El reportaje sostiene, además, que, pese a la cancelación de sus visas, ambos gobernadores continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial denominado Significant Public Benefit Parole, una figura migratoria excepcional utilizada generalmente para personas que colaboran con autoridades estadounidenses en investigaciones o procesos judiciales. Esta podría ser la razón por la cual el gobernador Durazo sí ha estado en territorio estadounidense recientemente, donde recibe tratamiento médico.
La publicación de Los Angeles Times se suma a una serie de acciones emprendidas recientemente por el gobierno de Donald Trump contra funcionarios mexicanos.
A esta polémica se suma otro caso. La dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, confirmó que autoridades estadounidenses cancelaron su visa.
Ella asegura que la decisión se debió a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente diez años en Nuevo México. Sin embargo, la cancelación ocurre en medio de una creciente revisión de visas a políticos y dirigentes vinculados a Morena, lo que ha generado nuevas especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de estas medidas.
En mayo de 2025 se hizo público que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo, Carlos Torres. Washington nunca explicó los motivos de la medida, lo que generó especulaciones sobre posibles investigaciones en curso. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los primeros y más relevantes dentro de la política de cancelación de visas a funcionarios mexicanos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó cuestionando las motivaciones detrás de estas investigaciones y acusó a sectores de Estados Unidos de intentar intervenir en asuntos internos de México.
La mandataria pidió que sean los propios gobernadores quienes aclaren directamente la situación, aunque defendió su integridad al señalar que “cuando uno está tranquilo con sus convicciones, pueden venir estas cosas”.
Sheinbaum también cuestionó el momento y la intención detrás de la difusión de este tipo de información en medios internacionales. “¿Qué intención tiene quitar la visa y además hacerlo público?”, preguntó la Presidenta, sugiriendo que podrían existir intereses políticos detrás de la filtración y que ciertos sectores buscan generar incertidumbre entre los mexicanos mediante estrategias de comunicación dirigidas.
Y es que desde Estados Unidos trabajan mucho así: filtran parte de la información para ver cómo reaccionan los involucrados, en este caso el Gobierno de México, y después vienen los señalamientos formales, como ya ocurrió en el caso Rocha Moya. Por cierto, justo hoy que critican que se hagan públicos estos señalamientos, comenzó la sección de Derecho de Réplica, conducida nada más y nada menos que por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien también habló sobre el reportaje de Los Angeles Times.
Al ser cuestionada sobre si desde la Consejería Jurídica se estaría planteando alguna acción legal contra este medio, Luisa María Alcalde respondió que no se ha analizado ese punto, pero que lo importante es exhibir la intención detrás de este medio o de cualquier otro que difunda lo que considera noticias falsas y, en todo caso, utilizar el derecho de réplica para evidenciar su falsedad. Es decir, ahora también intentarán confrontar a medios extranjeros.
Mientras tanto, aquí en México todos intentan defenderse de las acusaciones, los señalamientos y los retiros de visas.
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las afirmaciones contenidas en el reportaje. Desde Sonora, Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, calificó la información como “completamente falsa”, y aseguró que el gobernador Alfonso Durazo cuenta con una visa vigente y no ha recibido ninguna notificación relacionada con investigaciones o procesos judiciales en Estados Unidos.
En Tamaulipas, colaboradores cercanos al gobernador Américo Villarreal también rechazaron las versiones publicadas por el diario estadounidense y sostuvieron que no existe ninguna evidencia que respalde los señalamientos.
La controversia se suma a la creciente tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad, combate al narcotráfico y presuntas investigaciones contra funcionarios mexicanos.
Según Fisher y Linthicum, el caso refleja un cambio importante en la estrategia estadounidense. Durante años, las investigaciones se concentraron principalmente en líderes de los cárteles; ahora, Washington busca también a las alianzas políticas de estos grupos criminales.
El reportaje también señala que dentro de Morena existe preocupación sobre quién podría ser el próximo funcionario investigado por las autoridades estadounidenses, en momentos en que el partido se prepara para las elecciones intermedias de 2027, donde estarán en juego numerosas gubernaturas y la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados.
Ha trascendido que la Presidenta Sheinbaum ha hablado con varios dirigentes de Morena y funcionarios, y les ha pedido que renuncien si tienen algún vínculo criminal.
Pero el discurso que ha mantenido, sobre todo el del domingo pasado, ha sido de respaldo a funcionarios gubernamentales y de señalar a Estados Unidos y a las redes sociales como sus principales adversarios.
La investigación de Los Angeles Times concluye que la cancelación de visas se ha convertido en una nueva herramienta de presión por parte de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos sospechosos de corrupción o vínculos con el crimen organizado, en una estrategia mucho menos visible que las extradiciones, pero con importantes consecuencias políticas para la relación bilateral.
Por lo pronto, desde Estados Unidos se ha filtrado información de que estos serían apenas algunos de los muchos gobernantes que estarían siendo investigados por presuntas relaciones con el crimen organizado.
Si bien es cierto que el Gobierno de México atraviesa por una etapa complicada, nada será más duro que los enfrentamientos que se tienen con el gobierno de Estados Unidos, en donde legalmente y conforme a sus leyes, contra terroristas podrían ir contra muchos personajes, incluso en territorio nacional.
Por lo pronto, no puede descartarse que Donald Trump decida esperar a que concluya el Mundial antes de endurecer aún más sus acciones contra funcionarios mexicanos, señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y es que mantiene una relación cercana con Gianni Infantino, y difícilmente querría opacar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Sin embargo, una vez concluida la Copa del Mundo, el escenario podría cambiar y las presiones políticas, judiciales y diplomáticas, aumentar significativamente.
Las y los suspirantes
