Hay historias que deberían incomodar a todo el sistema de Salud, que comanda David Kershenobich. La del doctor Adrián Chávez López es una de ellas. Llegó al Hospital Infantil de México Federico Gómez con la encomienda de poner orden en una institución estratégica para el país y, según colaboradores y trabajadores que lo acompañaron durante su gestión, encontró un ecosistema donde convivían grupos de poder administrativos, sindicales y académicos acostumbrados a influir en nombramientos, decisiones y presupuestos. Se sabe que días antes de su muerte investigaba pagos irregulares por más de 1.2 millones de pesos. Por dar un ejemplo.
La presión fue creciendo durante meses. Acusaciones públicas, denuncias, conflictos laborales y una disputa permanente por el control de la institución terminaron por colocar al director en el centro de una tormenta política y administrativa. Personas cercanas a Chávez sostienen que el desgaste emocional fue enorme y que nunca contempló abandonar el cargo porque consideraba que hacerlo equivaldría a aceptar señalamientos que rechazaba.
Llama la atención que, en medio de las condolencias institucionales, la conversación parezca concentrarse únicamente en quién ocupará la dirección del hospital. Como si el problema fuera una vacante y no las condiciones que derivaron en una de las crisis más profundas que ha vivido la institución en los últimos años. Más aún cuando diversas voces dentro del sector afirman que lo ocurrido en el Hospital Infantil no es un caso aislado, sino el reflejo de una lucha de poder que se repite en distintos hospitales públicos del país, donde los cambios suelen enfrentarse a resistencias organizadas.
• Bartlett, 45 segundos de pullazos
Uno de los pendientes que deja la gestión de Chávez es la revisión de diversos señalamientos que han circulado durante años alrededor de actores con influencia dentro del hospital. Entre ellos se encuentra Cuauhtémoc Óscar Ruiz Osorno, dirigente de la Sección 84 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, quien ha sido mencionado en publicaciones periodísticas relacionadas con una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy. Como corresponde en un Estado de derecho, cualquier acusación debe ser investigada y resuelta por las autoridades competentes, respetando plenamente la presunción de inocencia. Pero precisamente por eso resulta indispensable que los expedientes avancen y que cualquier duda sea esclarecida mediante los cauces institucionales.
Alcalde, irresponsable. La permanencia de Fernando Flores Fernández al frente del Ayuntamiento de Metepec resulta cada vez más insostenible, tras la difusión de las imágenes en las que se le observa irrumpiendo por la fuerza en el Club Deportivo. La indignación ciudadana ha escalado al grado de que numerosos sectores ya exigen su renuncia inmediata. Se trata de una actuación que califican de deleznable, irresponsable, prepotente, abusiva, arrogante, vergonzosa e indigna de un servidor público. No es casualidad que la propia Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente los hechos y solicitara revisar si existió alguna conducta delictiva. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ya investiga. Las escenas retratan a un alcalde que parece haber confundido el ejercicio del poder con un privilegio personal, exhibiendo una actitud autoritaria. En redes sociales se ha vuelto a ver su lujosa vida, colección de vehículos de alta gama, y ropa de diseñador jugando al Bon Viviant, donde su minúscula personalidad no le da para eso. La percepción pública es demoledora, ¿qué hará Jorge Romero?, porque una carta condenando los hechos no abona en absolutamente a nada. Valdría la pena ver si el presidente de Acción Nacional considera la expulsión de su partido, de lo contrario, será una condena que los arrastrará en su discurso de legalidad, ética pública y combate a los abusos del poder, y difícilmente podrán seguir guardando silencio frente a un personaje que hoy representa exactamente lo contrario. Al PAN pronto le podría explotar el tema que lo haría cómplice de este político con descrédito. Ningún partido debe convertirse en refugio de personajes impresentables que creen que el poder les otorga privilegios especiales o que pueden actuar al margen de las normas que exigen a los demás. La ciudadanía merece explicaciones, las autoridades están obligadas a investigar y, si existen responsabilidades, debe aplicarse la ley. ¿Hasta dónde llegará el tema? Ya lo veremos.
Voz en off. Algo no cuadra en la versión oficial del famoso impuesto verde que aplican en Nuevo León. Resulta que cuando se pregunta cuánto se ha recaudado y, sobre todo, en qué se ha gastado, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, responde que ésa es tarea exclusiva de la Tesorería estatal. Puede ser. Pero entonces surge la duda si la Secretaría de Medioambiente no sabe dónde termina el dinero recaudado en nombre del medio ambiente, ¿por qué ha sido precisamente esa dependencia la que ha encabezado clausuras, suspensiones y acciones de presión? Porque una cosa es no administrar los recursos y otra muy distinta actuar como principal ejecutor de una política cuya aplicación y destino, según se dice, corresponden a otra oficina…
De soberanías e injerencias
