Durante varios años, la estabilidad de las finanzas públicas fue uno de los principales activos de la economía mexicana. Aun con un crecimiento mediocre, el país conservó el grado de inversión y mantuvo un nivel de deuda relativamente manejable. Sin embargo, ese escenario comienza a cambiar. Hoy, el deterioro de las cuentas públicas ya no parece un problema coyuntural, sino estructural, justo cuando el entorno económico internacional se ha vuelto menos favorable.
La decisión de Moody’s Ratings de reducir la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 —el último escalón antes de perder el grado de inversión— marcó un punto de inflexión. A ello se suma la decisión de S&P Global Ratings de cambiar la perspectiva de la deuda soberana de estable a negativa, reflejando una creciente preocupación por el deterioro fiscal y las perspectivas de crecimiento. El mensaje de ambas calificadoras es claro: el problema no es únicamente el tamaño del déficit, sino la capacidad cada vez más limitada del gobierno para corregirlo.
Desde la crisis financiera de 2009, el gasto público ha crecido de manera sistemática por encima de los ingresos. Aunque la recaudación tributaria ha mejorado de forma significativa y los ingresos tributarios no petroleros representan una mayor proporción del PIB que hace dos décadas, ese avance ha sido insuficiente para compensar la caída de los ingresos petroleros y el incremento sostenido del gasto.
El T-Mec no se prorroga
El verdadero desafío está en la rigidez presupuestaria. Pensiones, participaciones, programas sociales con rango constitucional y el creciente costo financiero de la deuda absorben una proporción cada vez mayor del presupuesto, reduciendo el margen para realizar ajustes cuando los ingresos son menores a los previstos.
Por ello, la inversión pública se ha convertido en la principal variable de ajuste. Cada vez que las finanzas enfrentan presiones, los recortes recaen sobre la infraestructura y el gasto de capital, precisamente los rubros que impulsan la productividad y el crecimiento de largo plazo. Es una solución que ayuda a contener el déficit en el corto plazo, pero termina debilitando la capacidad futura de generar ingresos.
El problema es que el contexto económico tampoco ofrece mucho margen de alivio. México enfrenta una insuficiencia de crecimiento que limita la expansión de la base tributaria y dificulta la estabilización de la deuda pública. Sin una economía creciendo con mayor dinamismo, será cada vez más complicado fortalecer las finanzas públicas sin recurrir a mayores niveles de endeudamiento o a una reforma fiscal.
A ello se suma un entorno financiero internacional más restrictivo. La persistencia de la inflación en Estados Unidos hace prever que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés elevadas durante más tiempo. Para México esto implica mayores costos de financiamiento, un servicio de la deuda cada vez más oneroso y un margen más reducido para flexibilizar la política monetaria.
La pérdida del grado de inversión aún no es el escenario más probable, pero ha dejado de ser un riesgo remoto. Si el bajo crecimiento persiste, la deuda continúa aumentando y el ajuste sigue descansando sobre la inversión pública, la presión sobre la calificación soberana difícilmente disminuirá.
El reto de las finanzas públicas mexicanas ya no consiste únicamente en reducir el déficit de un año o cumplir una meta presupuestaria. La verdadera tarea será recuperar un equilibrio entre ingresos y gasto en una economía que crece poco, enfrenta condiciones financieras más restrictivas y dispone de un presupuesto cada vez más rígido. Mientras ese ajuste estructural no ocurra, el margen fiscal seguirá estrechándose y la estabilidad macroeconómica, que nos llevó décadas consolidarla, estará en riesgo.
Hacen pinza “Ley Mordaza” y “Ley Espía”
