Hasta parecen salidos del mismo molde. Así como se evidenció en Tequila, Jalisco, las extorsiones practicadas por el alcalde morenista Diego Rivera, una práctica similar se ejecuta en la cabecera municipal de Guamúchil, Sinaloa, donde la también morenista Guadalupe López González pretende imponer multas ilegales por 1,500 millones de pesos a Telmex, Megacable y Totalplay por instalar cableado de fibra óptica sobre infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad en esa demarcación.
Estamos en medio de la euforia futbolera, pero es inevitable recordar que el México cotidiano está abrumado por el robo institucional desde las bases mismas de la República.
En este caso, la extorsión se pretende ejecutar en el municipio de Salvador Escobedo, ubicado al norte de Culiacán. Vaya, los derechos por utilizar infraestructura de la paraestatal dirigida por Emilia Calleja, a fin de transmitir voz, datos y video son regidos por la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones… no un gobierno municipal invasor de funciones federales.
• El Cuau “asesino”
Pero al igual que en Tequila, a López González no le importan los órdenes de Gobierno sino obtener dinero a la brava. Y para ello se ha servido de un gestor (que se hace llamar “intermediario”), un tal Pedro Molineros Urías encargado de “negociar” con las cableras a las que ofrece “reducciones” de entre 60% y 70% sobre las supuestas sanciones.
Así que estamos ante un modelo que parece extorsión: “crear” el problema para después “vender” la solución a modo. Dado que las compañías de telecom no se han dejado intimidar, el ayuntamiento morenista ha llegado al extremo de cortar cables, dejando sin servicio a su población y con ello cometer un claro y grave delito federal –que se castiga con cárcel– por ataque a las vías generales de comunicación y violación al derecho humano a las telecomunicaciones.
De hecho, al difundirse el caso a nivel nacional, de manera cínica y falsaria los funcionarios de ese municipio alegan que ellos pueden autorizar y sancionar instalaciones de telecomunicaciones. Igualito que cuando Dieguito Rivera intentó expropiar Tequila Cuervo de Juan Domingo Beckmann.
Pero tales “multas” evidencian el esquema de presión: mientras el Reglamento de Construcción prevé sanciones cercanas a 60 mil pesos por obras sin autorización, en el municipio de Guadalupe López se despachan con la cuchara grande y se pretende cobrar más de 410 mil pesos por cada “coordenada” de cableado… y luego ofrecer “condonaciones”.
El asunto, por si fuera poco, registra abundantes irregularidades propias de la extorsión institucional: verificaciones sin participación de las empresas, notificaciones deficientes, falta de audiencia, obstáculos probatorios, y corte de cableado por sus pistolas.
La gravedad del caso ya escaló al Poder Legislativo donde el diputado Mario Zamora presentó un Punto de Acuerdo para exigir que la Federación revise la legalidad del proceder municipal y defender la infraestructura estratégica.
Está por verse si el Gobierno federal cumple con la ley o encubre al morenismo de Guamúchil pese al daño a la población y el pésimo mensaje enviado a Telmex, Megacable, TotalPlay, así como la USTR que trae a México en la mira por violaciones en materia de telecomunicaciones en el T-MEC.
Ciertamente el litigio se definirá en tribunales federales, donde están vigentes criterios precisos sobre los límites a la competencia municipal en telecomunicaciones. O sea que si esos precedentes prevalecen, lo de Sinaloa evidenciará el uso del aparato público para el peculio malandro. O sea, el “Efecto Tequila” en pleno.
Así que el fondo de esta historia no es el cableado ni los permisos, sino el andamiaje municipal utilizado como inventar facultades de cobranza inexistentes para extorsionar a la población y a empresas de todo tamaño, nacionales o foráneas, como hoy lo hace Guadalupe.
¿No les suena familiar el apellido?
Le cortan “mano derecha” a Clark. Hablando de caídos, resulta que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, acaba de perder a su brazo derecho en asuntos operativos. Harto de los desplantes, el secretario de Salud, David Kershenvich, ordenó la salida de Karla Espinosa de la Subsecretaría de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica (SISCOSAM).
Hasta donde se sabe el señalamiento interno es grave, pues apunta a que Espinosa es investigada oficialmente por las presuntas relaciones de negocio no institucional con Susana Suárez, directora general de AMGEN, empresa enfocada a medicamentos de alta especialidad y de atención crítica.
A ver qué sucede.
Lenia y el peor momento de invertir. Sin duda que el purgatorio de 10 años para las revisiones anuales del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos que colocó como balonazo de inicio de partido el gobierno de Donald Trump distorsiona la certeza para invertir a largo plazo en la industria de exportación y de atención a la demanda doméstica relacionada con el consumo interno.
Pero más pernicioso es la pérdida de certeza jurídica con la “Reforma Judicial del Acordeón” donde por iniciativa de Lenia Batres se ha intentado revisar los fallos fiscales favorables a personas física y morales, cobrar doble tributación a las empresas exportadoras Index, que representa Humberto Martínez…, y ahora aplicar un cobro de hasta 46% a las herencias, quesque para “combatir la desigualdad”.
La última encuesta de Banxico a especialistas sobre condiciones empresariales para invertir, 53% aseguró es un mal momento y 39% que no está seguro de hacerlo…; es decir, 92% percibe incertidumbre mala o muy mala. Sólo 8% de beneficiarios del “capitalismo de cuates” está optimista.
Suerte con el Plan México.
Se acerca la terca realidad
