La mayoría de los abuelos, padres, esposos o esposas trabaja toda una vida con la esperanza de dejarles algo a sus seres queridos: una casa, un departamento, un pequeño terreno o el ahorro de toda una vida.
Imagine que, tras la muerte de quien sostenía el hogar, además del duelo, la familia tuviera que enfrentar una factura fiscal tan elevada que se viera obligada a vender ese patrimonio para pagar impuestos. Ésa es la visión que dejó entrever la ministra Lenia Batres al sostener desde la tribuna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las herencias deberían pagar impuestos, en un país donde apenas cuatro de cada 10 personas, económicamente activas, pagan impuestos sobre sus ingresos.
PROCESO EN DISPUTA
La discusión se dio durante la resolución de una contradicción de criterios relacionada con los recursos de las cuentas individuales de ahorro de trabajadores fallecidos. Existían tribunales que sostenían posturas distintas sobre si esos recursos debían pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR), al ser entregados a los beneficiarios. La propuesta presentada por la ministra Sara Irene Herrerías planteaba que esos recursos debían considerarse un ingreso gravable y, por lo tanto, pagar ISR.
Sin embargo, la mayoría de los ministros determinó que esos recursos conservan la naturaleza de una herencia o legado y, por ello, están exentos del pago del impuesto, conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Durante esa discusión, la ministra Lenia Batres sostuvo que, en su opinión, resultaba injusto que las herencias no pagaran impuestos y señaló que debería gravarse cualquier tipo de herencia. Esta postura desconoce que la mayoría de las herencias en México no corresponden a grandes fortunas, sino al patrimonio que muchas familias construyen durante toda una vida de trabajo.
Y es que cuando un personaje como Lenia Batres dice algo así, lo que hace es marcar su agenda para que, por ejemplo, con el peso político que tienen los Batres, esta iniciativa se pueda impulsar desde la Cámara de Diputados y se haga ley. Una vivienda de un millón de pesos, por ejemplo, puede representar el único patrimonio familiar. Si, además de los gastos notariales, escrituración y demás trámites sucesorios, tuviera que pagarse un impuesto adicional sobre ese inmueble, muchas familias podrían verse obligadas a venderlo para cumplir con esa obligación fiscal.
El propio artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece actualmente que las herencias y los legados están exentos del pago de ese impuesto. La posición expresada por la ministra no fue respaldada por la mayoría de la Suprema Corte, pero abrió un debate sobre la posibilidad de gravar las herencias en México.
Una medida de este tipo también podría provocar que muchas familias dejaran de regularizar sus inmuebles, para evitar una mayor carga tributaria. La preocupación no se limita al criterio expresado durante esa sesión, sino a la posibilidad de que esta visión pueda convertirse en una agenda de política fiscal.
En una columna publicada recientemente en El Universal, Lenia Batres afirmó que el principal mecanismo para redistribuir la riqueza es el pago de impuestos. Nunca habla de que hay que incorporar a la gente que trabaja en un esquema sin pagar impuestos a la formalidad.
La discusión ocurre en un país donde, de acuerdo con estimaciones, únicamente cuatro de cada 10 personas, económicamente activas, pagan impuestos directos sobre sus ingresos. El resto desarrolla sus actividades dentro de la economía informal o no contribuye mediante el Impuesto Sobre la Renta.
El reto del sistema fiscal mexicano no consiste en aumentar la carga para quienes ya pagan impuestos, sino en ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación entre quienes hoy permanecen fuera del sistema.
Otro de los señalamientos que hace la ministra Lenia Batres es que, hasta ahora, no se conoce una resolución en materia fiscal en la que se haya votado a favor de un particular frente a la autoridad hacendaria.
También se ha señalado su participación en un asunto relacionado con el ISSSTE, institución que dirige su hermano, Martí Batres. En ese caso se discutía el pago de diversas contribuciones al Gobierno de la Ciudad de México.
El asunto ya contaba con resoluciones desfavorables para el instituto emitidas por un tribunal colegiado, pero finalmente la Suprema Corte resolvió en favor del ISSSTE.
En un caso que, por tratarse del hermano de la ministra, ésta se tuvo que haber excusado, pero no lo hizo y no se le exigió.
La familia Batres mantiene una presencia relevante dentro del actual Gobierno. Además de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte, Martí Batres encabeza el ISSSTE y Valentina Batres forma parte de Morena.
Aunque actualmente no existe ninguna iniciativa para gravar las herencias ni la Suprema Corte puede crear un impuesto, especialistas advierten que el planteamiento, realizado desde la tribuna del máximo tribunal del país, refleja una visión sobre el papel de los impuestos en la redistribución de la riqueza y consideran que este tipo de posturas pueden influir en futuras discusiones legislativas o fiscales.
En México, para la inmensa mayoría de las familias, una herencia no significa recibir una fortuna. Significa conservar la casa que los padres tardaron décadas en pagar. En un país donde la vivienda representa el principal patrimonio de los hogares, gravar las herencias implicaría que muchas familias tuvieran que endeudarse o incluso vender ese inmueble para cumplir con una obligación fiscal. Pero, además, hoy, cuando una persona hereda una casa en México, ya debe cubrir diversos gastos para regularizar el inmueble: honorarios notariales, escrituración, avalúos, derechos del Registro Público de la Propiedad, certificados y, en su caso, adeudos de predial y agua.
Aunque la Ley del Impuesto sobre la Renta exenta del pago de ISR a las herencias, estos trámites pueden representar entre 4 y 7% del valor de la propiedad. Para muchas familias, recibir una vivienda heredada ya implica un importante desembolso económico.
La discusión debería centrarse en cómo apoyar a las familias que acaban de perder a un ser querido, muchas veces el principal sostén económico del hogar, y facilitar que puedan regularizar el patrimonio que recibieron.
En México, una parte importante de los inmuebles aún no está debidamente regularizada. En lugar de buscar nuevas cargas para los contribuyentes cautivos, el debate debería enfocarse en brindar certeza jurídica y proteger el hogar familiar. No se trata de defender grandes fortunas; quienes poseen enormes patrimonios suelen contar con mecanismos para protegerlos. Se trata de proteger a las familias que únicamente buscan conservar la casa que a sus padres o abuelos les costó toda una vida de trabajo construir.
De vuelta al México real
