El pasado sábado 4 de julio se cumplieron 250 años de la proclamación de la Declaración de Independencia de lo que serían los Estados Unidos de América.
Más allá de que ese país no está hoy en el mejor momento que digamos para honrar el legado de sus “padres fundadores”, la fecha es, de cualquier modo, propicia para reflexionar sobre el portento de nación que ha logrado ser en un cuarto de milenio.
En primer lugar, hay que reconocer la altura de miras de esa ilustre generación de políticos, militares, diplomáticos y pensadores que —a pesar de sus diferencias y ambiciones personales— logró establecer una ruta estratégica para que los liderazgos de las trece colonias abanderaran la causa independentista y, además, se consiguiera el apoyo de las entonces potencias extranjeras para la causa insurgente. Así, la epopeya militar para liberarse del yugo del imperio británico resultó exitosa.

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Lo más loable fue que, algunos años más tarde, con la Constitución de 1787, pudieron establecer un sistema político institucional absolutamente novedoso, destinado a perdurar hasta nuestros días, que establecía límites y contrapesos para quienes detentaran el poder. Un diseño institucional creativo que apostaba por la democracia.
Así, al frente de los destinos de la nación no estaría un rey, sino un presidente, electo por los ciudadanos —de un modo muy peculiar, que perdura hasta hoy, con muchas críticas—. Además, el poder se dividiría en tres ramas con funciones diferentes, de modo que el presidente estaría limitado por un Congreso electo también popularmente y por un Poder Judicial fuerte e independiente. Por último, el federalismo generó un sistema híbrido de soberanía y administración que, en sí mismo, impone límites al poder público.
Adicionalmente, en los años siguientes se aprobaron diversas enmiendas a la Constitución para proteger la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho a un proceso legal justo. Tales garantías, más la adopción de un sistema de mercado que promovía la competencia, se constituyeron como una plataforma idónea para la rápida expansión de una clase burguesa —que hoy podríamos identificar como la clase media—, impulsada por la actividad comercial y empresarial. Con el paso del tiempo, se consolidaría además un fuerte sistema bipartidista.
Se trató, pues, de una generación que puso cimientos muy sólidos para la consolidación de una democracia constitucional liberal y republicana. No deja de ser llamativo que esa Constitución, que entró en vigor en 1789, siga vigente hasta nuestros días. Ciertamente, los “padres fundadores” soslayaron algunos de los conflictos y desafíos que tendrían que enfrentar las generaciones siguientes, como la Guerra Civil (1861-1865) motivada por la abolición de la esclavitud y la segregación racial que prevaleció hasta un siglo después, cuando se aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Con las dos guerras mundiales, en las que jugó un papel decisivo, Estados Unidos emergió como la mayor potencia militar, económica, política y diplomática en el mundo. Su peso se ha hecho sentir con enorme fuerza y, en muchos aspectos y momentos, de manera hegemónica.
Qué paradójico resulta que esa portentosa institucionalidad, que se constituyó y mantuvo con tantos recaudos, hoy se encuentre en peligro por la llegada a la Casa Blanca de un individuo impresentable, nada demócrata y nada liberal, que ha sabido aprovechar los huecos del entramado institucional para minar, desde dentro, a la democracia presidencial liberal más longeva del mundo.

El nudo interminable

