En política una acusación repetida muchas veces termina pareciendo una verdad, aunque nunca haya sido demostrada.
Basta con una cifra escandalosa, algunos encabezados y varios adversarios dispuestos a repetirla para que buena parte de la opinión pública dé por hecho que existe una irregularidad. Eso fue lo que ocurrió con Abelina López Rodríguez y los casi 900 millones de pesos que durante meses fueron utilizados para señalarla por un supuesto desvío en el municipio de Acapulco.
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero inició un procedimiento para revisar 898.6 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, conocido como Faismun, recursos ejercidos durante 2023, el mismo año en que el huracán Otis devastó el puerto. A partir de esa revisión, se construyó la versión de que el Ayuntamiento no podía comprobar el uso del dinero, aunque una cosa es el monto revisado y otra muy distinta que esa cantidad haya desaparecido o terminado en los bolsillos de alguien. Desde el principio, el municipio sostuvo que la Auditoría estatal no tenía facultades para fiscalizar directamente esos recursos, al tratarse de dinero federal, y por esa razón promovió la controversia constitucional 174/2025 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento era uno solo: la revisión debía ser realizada por la autoridad competente. La Corte resolvió que el Ayuntamiento tenía razón y determinó que los recursos del Ramo 33 y del Faismun sólo pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que dejó sin efectos el procedimiento iniciado por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
• ¿Nahle reconoce a Nahle?
El dato más importante es que la Auditoría Superior de la Federación ya había revisado mil 122 millones de pesos correspondientes al mismo ejercicio fiscal y únicamente formuló una solicitud de aclaración por 3.7 millones. El municipio entregó la documentación requerida y el expediente fue cerrado en octubre de 2025, sin que se acreditaran irregularidades de fondo. Entonces, ¿por qué durante tanto tiempo se habló de casi 900 millones de pesos como si se tratara de un desfalco comprobado? Porque la cifra era grande, escandalosa y políticamente rentable. No es lo mismo revisar 898.6 millones de pesos que encontrar un faltante por esa cantidad, como tampoco es lo mismo solicitar documentos que acreditar un delito. Sin embargo, esa diferencia fue ignorada por quienes encontraron en el caso una oportunidad para golpear a Abelina López, aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena. Le apostaron a que la gente no distinguiría entre recursos auditados y recursos desviados, y a que la acusación permanecería aun cuando el procedimiento hubiera sido declarado inválido.
Que nadie se engañe, todos los gobiernos deben rendir cuentas y cada peso público tiene que ser revisado, pero también existen reglas y facultades que deben respetarse. No se puede construir una acusación sobre una auditoría que carecía de competencia y después minimizar la resolución cuando la Suprema Corte pone las cosas en su lugar. Abelina López sostuvo desde el principio que la Auditoría estatal no podía revisar esos recursos y que la autoridad federal ya había realizado la fiscalización correspondiente. La Corte confirmó lo primero y la Auditoría Superior de la Federación cerró lo segundo sin irregularidades de fondo.
La acusación fue por casi 900 millones de pesos, pero la única aclaración solicitada por la autoridad competente fue de 3.7 millones y terminó solventada. Haga usted las cuentas y saque sus propias conclusiones.
Reenviado
Abelina López no necesitó que la Corte la protegiera, necesitó que la Constitución fuera respetada, y esta vez, frente al ruido, los señalamientos y la conveniencia, la ley terminó dándole la razón.
El nudo interminable
