La memoria selectiva tiene enormes ventajas, pero también un gran defecto. Nos permite conservar aquello que consideramos importante y dejar a un lado lo que resulta incómodo, doloroso o incompatible con la historia que queremos contarnos.
Es un mecanismo indispensable para la estabilidad emocional, aunque también puede convertirse en la forma más eficaz de deformar la realidad.
Quizá por eso, cuando se habla del crimen organizado en México, existe la tentación de ubicar su origen en el momento políticamente más conveniente. Hay quienes prefieren pensar que todo comenzó hace seis años; otros, hace 12; algunos otros, cuando la violencia alcanzó su lugar de residencia o cuando un determinado partido llegó al poder. La condena a cadena perpetua de Ismael El Mayo Zambada obliga a recordar exactamente lo contrario: las organizaciones criminales que sobreviven durante casi cuatro décadas no son producto de un solo gobierno ni de una sola generación de funcionarios. Son estructuras que crecieron mientras pasaban presidentes, gobernadores, procuradores, mandos militares y responsables de la seguridad pública de prácticamente todos los partidos.
¿Catean oficina de Ulises Lara?
Por eso, minimizar la sentencia de El Mayo al desenlace judicial de un narcotraficante sería ignorar la dimensión del expediente que carga en la espalda. El hombre que durante años fue considerado uno de los criminales más poderosos del mundo escuchó la condena que lo mantendrá el resto de su vida en una cárcel estadounidense y dijo con resignación que “La violencia debe acabar en México. Nadie ganará esta guerra”. Esa frase parece salida de la garganta de un hombre cansado y fastidiado de la vida que un día decidió llevar.
Ahora bien, la posición que asumió el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue mucho más fría, porque la fiscalía sostuvo que el Cártel de Sinaloa construyó su imperio gracias a miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico, pero también mediante la corrupción de funcionarios mexicanos en distintos niveles de gobierno y que, cuando los sobornos no alcanzaban, la organización recurrió al secuestro, la tortura y el asesinato. Eso no se trata de una declaración cualquiera ni de una interpretación al aire, es la postura oficial del gobierno estadounidense presentada dentro de un proceso judicial federal después de años de investigaciones y de un gran número de testimonios obtenidos en distintos procedimientos relacionados con esa organización criminal.
La advertencia que hizo de la DEA ayuda a entender por qué la historia difícilmente termina con la sentencia que le dictaron al personaje en cuestión. La DEA dejó claro que continuará persiguiendo no solamente a los líderes de los cárteles, sino también a quienes desde el servicio público los protegieron, facilitaron sus operaciones o contribuyeron a mantener intacta esa estructura criminal, sin importar el cargo que hayan ocupado ni el tiempo transcurrido.
Ésa es la parte que la memoria selectiva suele omitir, porque resulta más cómodo convertir este caso en un debate entre ideologías o partidos que aceptar que el crecimiento de la organización criminal atravesó administraciones federales, estatales y municipales de distintas corrientes políticas. Les guste o no, una organización de ese tamaño no habría sobrevivido durante casi 40 años sin redes de protección, complicidades y funcionarios corruptos. Pretender que toda esa historia comenzó en el momento que mejor acomoda a la narrativa de tu gusto no sólo distorsiona los hechos; también dificulta entender la verdadera dimensión del problema que ha vivido México.
Reenviado
La pregunta en el aire es ¿quiénes hicieron posible que ese imperio criminal sobreviviera durante tantos años? Tal vez la respuesta salga cuando los estadounidenses cumplan lo que anunciaron.
TRABAJANDO EL 27
