Han ido por las instituciones electorales, primero debilitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Después vino la reforma al Poder Judicial, presentada como una elección popular, pero marcada por los llamados “acordeones” y por numerosas denuncias sobre la forma en que se desarrolló el proceso.
Más tarde desaparecieron a los organismos autónomos fundamentales, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; una de las principales herramientas que tenían los ciudadanos para exigir cuentas al gobierno.
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Ahora el siguiente paso es dirigirse hacia los medios de comunicación para controlar lo que se dice y que la gente no conozca la información real.
DERECHOS... ¿DE LA AUDIENCIA?
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones acaba de iniciar una consulta pública para emitir los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
En el papel suena bien. ¿Quién podría oponerse a proteger a las audiencias? ¿Quién estaría en contra de que exista subtitulaje para personas con discapacidad, de evitar que la publicidad se disfrace de noticia o de fortalecer la figura de los defensores de las audiencias?
En realidad, lo que se está haciendo es crear un mecanismo de control para los medios de comunicación, como la radio y la televisión, y para los periodistas que ahí trabajan. Para que no puedan expresarse con libertad.
Detrás de varias de estas disposiciones aparecen mecanismos que se van a convertir en instrumentos de control sobre el trabajo periodístico. ¿Y qué mejor idea para el Gobierno que hacerlo parecer como un ejercicio democrático, con consultas populares, para que, quien no sepa, les crea que ésta no es una ley de censura?
Lo cierto es que, a los gobiernos, y en particular al actual, no les gusta ni les conviene que se ventilen los hechos de mal trabajo y corrupción; por eso quieren ahora tener el control de los medios.
También es cierto que las consultas públicas organizadas por este Gobierno no han modificado el sentido de las decisiones previamente tomadas por ellos mismos. Se han hecho para justificar que se tome una decisión para censurar o coartar las libertades de los mexicanos y disfrazarlas de democracia.
Jurídicamente, además, las opiniones de los participantes ni siquiera son vinculantes. La propia propuesta establece que la Comisión únicamente “ponderará” los comentarios recibidos antes de emitir la versión definitiva.
Entre lo que se quiere lograr para coartar las libertades de las audiencias está en obligar a los medios de comunicación a colocar plecas, cortinillas, mensajes en pantalla o avisos sonoros para diferenciar cuándo una conductora, un periodista o un comentarista está informando y cuándo está opinando. No es otra cosa más que una obligación regulatoria para poder multar y coartar libertades de expresión.
Un ejemplo, presentamos en televisión un reportaje sobre cómo se ha desatado la violencia en Sinaloa desde que se dividió el Cártel de Sinaloa entre La Mayiza y La Chapiza. Decimos que se debe a la entrega de El Mayo Zambada a Estados Unidos; eso es información. Pero, si no le gusta al “defensor de las audiencias”, puede decir que es opinión y no información, y sancionar a la televisora. Lo cierto es que, ¿en qué momento terminó la información y comenzó la opinión?
En la práctica periodística los hechos siempre van acompañados de contexto, interpretación y explicación. Separarlos de manera absoluta es prácticamente imposible.
Los nuevos lineamientos fortalecen la figura de los defensores de las audiencias, si va a llegar a la televisora o estación de radio un señor o una señora que va a querer controlar todo lo que se dice en los espacios informativos.
Pero si una concesionaria no atiende las recomendaciones emitidas por ese defensor de audiencia, el procedimiento permite solicitar la intervención de la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Es decir, la línea editorial de una empresa de comunicación va a depender de una autoridad administrativa con facultades para revisar el caso y, eventualmente, imponer sanciones.
Las multas tampoco son menores. Los lineamientos contemplan sanciones que pueden llegar hasta el uno por ciento de los ingresos acumulables de la concesionaria por incumplir estas disposiciones.
Cuando existe la posibilidad de una sanción económica de ese tamaño, el efecto más probable no es mejorar el periodismo, sino incentivar la autocensura.
Muchos medios preferirán dejar de emitir opiniones incómodas antes que enfrentar procedimientos administrativos, investigaciones o multas y eso es justo lo que se quiere hacer para que, desde el gobierno, se controlen las opiniones y críticas que se emiten en medios electrónicos.
Es el llamado “efecto inhibidor” del que han hablado durante años especialistas en libertad de expresión: no hace falta prohibir directamente una opinión; basta con generar suficientes riesgos para que muchos prefieran no decirla.
Paradójicamente, la Constitución establece exactamente lo contrario.
El artículo 6.o garantiza el derecho a recibir información plural y oportuna. El artículo 7.o protege la libertad de difundir opiniones e ideas por cualquier medio y prohíbe expresamente la censura previa.
Por supuesto que en estos lineamientos están metiendo muchos temas para confundir a las audiencias. Nadie está en contra de la accesibilidad en los medios para personas con discapacidad, de mejorar el subtitulaje, incorporar lengua de señas o proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. El problema es que, bajo el argumento de proteger a las audiencias, se abre la puerta para que una autoridad administrativa termine interviniendo en decisiones editoriales y decida qué se puede decir o no en los micrófonos y las pantallas.
Una cosa es impedir la publicidad engañosa y otra muy distinta es colocar al Estado como árbitro permanente de lo que se puede o no decir en un trabajo periodístico.
Las audiencias no necesitan que una autoridad les explique cuándo un periodista está opinando. Las audiencias son perfectamente capaces de escuchar diferentes voces, contrastar información, comparar argumentos y construir su propio criterio.
Imagínense cuando se diga en un programa de televisión que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, es acusado y está preso en Almoloya de Juárez por presuntos vínculos con el Cártel de La Barredora.
Si esa información no le gusta a Adán Augusto, el “defensor de las audiencias” podría sancionar a la televisora o a la estación de radio. Así de sencilla sería la censura.
La verdadera protección de las audiencias consiste en garantizar que existan muchos medios, muchas opiniones y muchas versiones de un mismo hecho. No en establecer mecanismos que, poco a poco, puedan convertirse en filtros sobre lo que puede decirse y sobre la forma en que debe decirse.
Mientras tanto, siguen asesinando periodistas en México, siete tan sólo en lo que va de este 2026, y no hay nadie detenido por estos crímenes.
El examen
