El caso Ayotzinapa no requiere de otra comisión de la verdad, sino reparación y justicia. Así lo piensa un grupo de familiares de los 43 normalistas y, por ello, presentaron un recurso de revisión extraordinario a la Suprema Corte.
Les alarma, y con razón, que se esté evaluando la posibilidad de volver a enredarse en mecanismos que entorpecen el trabajo de la FGR.
La inconformidad no es gratuita y proviene de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito radicado en Tamaulipas, que ordenó, en su momento, la creación de la comisión y que generó una cantidad enorme de problemas.
• Definiciones en la UNAM
Una de las cuestiones más graves es que se permitió la liberación de 80 de los implicados en las desapariciones, alegando tortura generalizada, cuando no fue así.
La CNDH, cuando su titular era Luis Raúl González Pérez, identificó sólo nueve casos en los que se podrían acreditar los malos tratos que invalidaran las pruebas.
Pero como el colegiado determinó otra cosa, “se provocó la exclusión automática de declaraciones, testimonios e indicios materiales conexos”, como se señala en el documento entregado a los ministros de la Corte.
Y ello derivó en “la liberación de decenas de personas imputadas, muchas de las cuales contaban con indicios objetivos de participación material en la desaparición de nuestros hijos”.
Un crimen contra la justicia, y que además contraviene resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Radilla Pacheco vs. México ya advertía que “el establecimiento de formalidades que generen impunidad de facto constituye una violación autónoma al derecho de acceso a la justicia y a las garantías judiciales”.
En el fondo, muchos de los elementos que podrían conducir a la resolución del caso están en la recomendación de la CNDH que elaboró el equipo de José Larrieta y que, hasta ahora, es el documento más sólido sobre lo ocurrido en Iguala y sus consecuencias posteriores.
En la Suprema Corte tienen la oportunidad de impedir que se cometa el mismo error al designar una nueva comisión y, en cambio, abrir camino para que se subsanen dudas.
Sería terrible, en cambio, someter a los padres de los 43 a otra tanda de rendición de testimonios y explicaciones, cuando éstos ya existen y desde hace tiempo.
En la FGR cuentan con los atributos suficientes para avanzar en las indagatorias y para trazar un camino que logre, de una buena vez, el acceso a la justicia.
Múltiples intereses juegan en contra, pero como resulta ahora evidente, y más con la presentación del recurso ante la SCJN, contarán con el respaldo de las víctimas, las que exigen resultados, no organismos cosméticos que ya fracasaron en el pasado, y lo volverán a hacer, porque no entran en el diseño constitucional para procurar y administrar justicia.
Valientes: Felipe de la Cruz, Socorro Villarreal, Margarito Ramírez, Celso García, Mario Micaelo Fernández y Hugo Mora Fernández.
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