Y eso que aún no inicia la parte sencillita del abasto de medicinas e insumos de la salud del sector público para el periodo 2027-2028; es decir, la compra que esta semana —el 5 de agosto— recibe y abre propuestas tentativamente para más de 3,536 millones de piezas a través de Birmex y del IMSS. Ésa es la parte “fácil” que ha tropezado desde hace 8 años; la parte complicada que vendrá es un etiquetado de corte propagandístico con la efigie oficial de una seño abanderada, y la entrega de productos en 464 almacenes y hospitales dispersos por todo el país.
La aplicación de la norma de “Identidad Gráfica del Gobierno de México 2024-2030” fue ordenada de buenas a primeras a los fabricantes y distribuidores de los insumos de salud públicos, ocasionando cuestionamientos y observaciones, de entrada porque significará cerca de 10 mil millones de pesos de costos adicionales para el sector privado (una cifra similar que dejó en adeudo el finando Insabi, que llevó Juan Ferrer, que ahora es feliz embajador ante la UNESCO) conforme las estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), dirigida por Rafael Gual, así como una serie de complejidades de manufactura que pueden entorpecer la entrega en tiempo y forma para una licitación bienal que lleva ya 4 meses de rezago.
El otro aspecto crucial que puede desembocar en otra crisis de suministro es la carencia de protocolo para la recepción de los envíos. No es problema nuevo y se repite año con año: envíos que son rechazados porque faltó la copia amarilla pues, la copia azul (aunque contenga la misma información) no es lo que estila el jefe de almacén en Chetumal; que la copia azul llegó con un carácter poco claro o con mucha tinta; o, como recién sucedió en Chihuahua, no se recibió la semana pasada medicamento que requiere red fría porque el frigorífico de la institución está en reparación hasta entrado agosto… y a regresar los medicamentos a la CDMX o pagar renta de camión refrigerado y viáticos por más de una semana.
• Abucheos a Murat
El IMSS tiene estandarizada prácticamente toda su recepción; el ISSSTE, a cargo de Martí Batres, también lo gestiona desde un almacén central. El problema afecta especialmente a los hospitales y clínicas del IMSS-Bienestar, a cargo de Alejandro Svarch, que ahora recibirá productos en 282 puntos, y que pertenecían al sistema de salud de los estados que —al llegar Morena a las gubernaturas— cedieron su gestión al centralismo de la CDMX.
La buena noticia es que existen esfuerzos institucionales para atajar devoluciones por deficiencias logísticas: Greta Jordan, la jefa de la Oficina Única de Atención a Proveedores del IMSS-Bienestar, efectuó hace unas semanas un seminario para laboratorios y distribuidores para buscar generar un estándar de procedimiento de entregas. Aunque es obvio que el mayor esfuerzo debe ser hacia el interior de la entidad gubernamental, el diálogo con el sector privado —poco usual en el actual régimen— abrió el camino a generar protocolos comunes que eviten cuellos de botella burocráticos que afectan la calidad de atención médica y que reduzcan costos tontamente innecesarios.
La prueba de fuego viene… otra vez.
Fitch reconoce gestión de Gallardo en SLP. En un entorno de creciente deuda del Gobierno federal, destaca la administración en San Luis Potosí, donde la calificadora de riesgos Fitch ratificó la nota crediticia del estado en “A(mex)” con perspectiva estable al reconocer la disciplina financiera que permite mantener un ritmo histórico de inversión pública, obras y programas sociales en beneficio de las y los potosinos en el gobierno de Ricardo Gallardo.
Los rangos de medición de la calificadora, que aquí dirige Carlos Fiorillo, calculan que San Luis Potosí mantendrá un balance operativo promedio de 5 mil 664 millones de pesos, equivalente a casi 9% de sus ingresos operativos. Además, proyecta una razón de repago de 1.9 veces, muy por debajo del límite de 5 veces considerado por la calificadora, así como una carga de deuda inferior a 50% de los ingresos operativos… lo que le confiere la posibilidad de ejercer el gasto de manera moderadamente anticíclica especialmente para favorecer al sector salud, educativo y seguridad pública en la entidad.
Sobre la oportunidad ambiental. Sura Investments, la plataforma global experta en soluciones de inversión y gestión de activos dirigida por Gonzalo Falcone, detectó en encuestas realizadas a inversionistas institucionales y corporativos de México, Colombia, Perú y Chile que la inversión con criterios ambientales, sociales y de gobernanza sigue ganando terreno (el 62% de los participantes ya integran criterios ASG en sus inversiones), aunque sólo el 19% se declara satisfecho con la oferta actual.
Santiago Bernal, Head de Inversión Sostenible, explicó que los resultados revelan la existencia de una brecha entre el interés y la oferta existente, pues el 73% de los encuestados consideró los criterios ASG como determinantes en la construcción de portafolios y la evaluación de fondos y a su vez el 81% cree que no existen productos suficientes pues se inclinan por la renta fija.
Sin embargo, esto representa un área de oportunidad relevante pues la región ya cuenta con una sólida base: tan sólo en 2024 América Latina y el Caribe acumularon una deuda sostenible de 46.7 mil millones de dólares, con mayor interés en sectores ligados a la transición sostenible como las energías renovables y eficiencia energética, producción agropecuaria sustentable y medios de transporte ecológicos.
De los resultados de este análisis elaborado en conjunto con la Universidad EAFIT, Santiago Bernal mencionó que la demanda regional de estrategias sostenibles está creciendo y debe responderse acorde ampliando, sofisticando y visibilizando más la oferta.
La concentración paulatina del poder
