Tras los resultados atípicos obtenidos, luego de que por primera vez la Universidad Nacional Autónoma de México aplicara un examen de admisión en línea, la comisión técnica conformada para tomar determinaciones sobre el caso resolvió aplicar un nuevo “examen de control” presencial.
Podrán participar en este segundo examen todas las personas que lograron su admisión a la UNAM en primera instancia y, también, quienes quedaron cerca del límite de acceder, bajo el criterio de haber obtenido un puntaje mínimo que, de haber participado en los procesos de admisión entre 2021 y 2026, hubieran logrado su pase a la universidad.
Desde el punto de vista de las y los jóvenes aplicantes, la decisión es agridulce. Para quienes no obtuvieron un lugar en primera instancia, son buenas noticias. Pero para todas y todos aquellos que ya habían sido aceptados —“haiga sido como haiga sido”—, la noticia es desalentadora y ahora genera protestas por llamarles a presentar el examen nuevamente.
• Reprobable hostigamiento
Sin embargo, no quedó alternativa que elegir entre el menor de los males, partiendo del hecho de que no hay manera de determinar de forma individual quién obtuvo su lugar de manera adecuada y quién no.
Y si bien la respuesta por parte de la máxima casa de estudios y del comité conformado ha sido suficientemente pronta y aparentemente adecuada, no hay menoscabo en que el error fue enorme y que el proceso fue fraudulento, lo cual, por ahora, ya le costó la chamba a la secretaria general. Quedan ahora sobre la mesa varios pendientes de la mayor relevancia.
Por un lado, quedó evidenciado, una vez más, las consecuencias del mal uso de la inteligencia artificial —entre otras herramientas tecnológicas—. No cabe duda de que la IA es el disruptor social y tecnológico de la presente década y probablemente de la actual generación. Pero de la misma forma no pueden ocultarse los riesgos de incorporarla, sin restricciones, a nuestra vida cotidiana.
Por otro lado, sin duda llevar a cabo el examen de admisión de manera no presencial es una necesidad para diversos sectores de la población, para quienes el mero hecho de tener que desplazarse de sus lugares de origen para presentar el examen es un reto suficientemente infranqueable que los excluye de poder acceder a educación universitaria de calidad. No obstante, el actual proceso mostró que los riesgos y consecuencias de tratar de hacerlo a distancia —a menos tal y como se puso en práctica— siguen siendo demasiado altos.
Finalmente, no hay que perder de vista los diversos contratos y adjudicaciones que ha obtenido Territorium Life, la empresa encargada de la plataforma para realizar el examen. Apenas esta semana un periodista documentó la obtención de una certificación —también a cargo de esta empresa— en un portal del Gobierno federal, sin cursar módulo alguno. De igual forma, ahora se sabe que a la misma empresa le fueron asignados diversos contratos por el entonces Consejo de la Judicatura Federal para llevar a cabo evaluaciones a distancia y exámenes de oposición. Además de las adjudicaciones millonarias, no sería muy aventurado suponer que muy probablemente no es la primera vez que su sistema ha sido vulnerado.
Por lo pronto, la peor parte se la llevan quienes lograron su pase sin haber hecho trampa. Para el caso, ojalá, logren refrendar su admisión.
Michoacán
