La propuesta de Claudia Sheinbaum de dejar de llamar Paso de Cortés al corredor entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl para denominarlo Paso de los Pueblos Indígenas abre un debate que va mucho más allá de un nombre. La Presidenta argumentó que los pueblos originarios transitaban por esa región antes de la llegada de Hernán Cortés y defendió el cambio como parte de su reivindicación en la historia.
Aquel sitio también fue conocido como Tlamacaxco y quedó registrado como Paso de Cortés porque por ahí atravesaron el conquistador y sus hombres en 1519 rumbo a Tenochtitlan.
Conservar ese nombre se entiende como registro de un acontecimiento histórico; tan histórico como el inmueble que Cortés ordenó levantar en 1523 sobre las Casas Nuevas de Moctezuma, que después adquirió la Corona y fue transformado por siglos hasta convertirse en lo que hoy es Palacio Nacional, donde vive la Presidenta.
Valientes bravucones
Pero el pasado no es el problema. En este caso es el presente de los pueblos indígenas, que no va a mejorar por cambiarle el nombre a una locación.
En 2024 Andrés Manuel López Obrador consiguió una reforma constitucional trascendente que los reconoció como sujetos de derecho público.
Sin embargo, los derechos escritos no han impedido que muchas comunidades sigan denunciando despojos, falta de consultas y promesas incumplidas.
La ONU-DH concluyó que la metodología de la consulta indígena realizada por el gobierno de López Obrador para el Tren Maya no fue construida junto con las comunidades.
Se registraron problemas de traducción para quienes no hablan español y hubo personas que ni siquiera pudieron trasladarse a las reuniones por falta de recursos.
Eso importa, porque consultar a los pueblos sobre aquello que afecta sus territorios no es una cortesía gubernamental: es un derecho.
Naciones Unidas advirtió en 2022 sobre posibles afectaciones del Tren Maya a derechos sobre tierras, recursos naturales, cultura y medio ambiente, además de amenazas y ataques contra personas defensoras y una creciente participación militar en el proyecto.
Hay comunidades beneficiarias de los llamados Planes de Justicia que han tenido que volver a protestar para exigir justicia.
En agosto de 2025, integrantes del pueblo Guarijío-Makurawe reclamaron en Sonora el cumplimiento de 13 demandas, entre ellas la restitución de alrededor de 33 mil hectáreas de territorio ancestral, hospital regional, ambulancias, caminos, agua, vivienda y empleo.
El 26 de julio pasado, comunidades, autoridades comunales y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y organizaciones vinculadas al Congreso Nacional Indígena denunciaron públicamente lo que calificaron como constantes políticas de despojo aplicadas, tanto por gobiernos anteriores como por la Cuarta Transformación.
Señalaron específicamente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sus parques industriales y polos de desarrollo, y advirtieron además sobre violencia del crimen organizado que, según su denuncia, opera ante la omisión o incluso colusión con autoridades, destruyendo el tejido comunitario y despojando territorios.
La situación material tampoco corresponde a la reivindicación que hoy se pretende simbolizar cambiando un nombre.
UNICEF acaba de publicar su diagnóstico sobre México 2018-2025: en 2022, 82.3% de las niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena vivía en pobreza.
Ser indígena continúa significando discriminación. La ENADIS 2022 encontró que 27.9% de los hombres y 28.1% de las mujeres indígenas mayores de 12 años dijeron haber sufrido discriminación durante el año anterior.
Entre las mujeres se agrega una cadena de vulnerabilidades. Diferentes organismos, nacionales e internacionales, han documentado obstáculos para acceder a tierra, educación, salud y justicia, además de violencia obstétrica, matrimonio infantil forzoso y otras formas de violencia de género.
La identidad de estos pueblos también está en riesgo.
México reconoce 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, muchas de ellas amenazadas, y cuando desaparece una lengua también se pierde conocimiento, memoria comunitaria y una forma particular de comprender el mundo.
Si el Gobierno quiere reivindicar a los pueblos indígenas, tiene una agenda enorme frente a sí, empezando por las leyes pendientes.
La reforma constitucional de 2024, presentada como uno de los grandes avances, sigue sin una Ley General para hacer operables los derechos.
Apenas en junio inició formalmente el proceso para consultar una propuesta con 16 mil 728 comunidades de 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, que, si resulta igual que la de los megaproyectos, no tendrá mucho de confiable.
Se prevé que la iniciativa sea presentada al Congreso el próximo 12 de octubre; a partir de ahí comenzará su discusión legislativa; mientras tanto las comunidades siguen esperando.
Hernán Cortés puede desaparecer de un mapa fácilmente más de 500 años después. Es sólo simbólico.
Pero lo que también es simbólico son las promesas incumplidas, el despojo, la pobreza y la discriminación que siguen enfrentando millones de indígenas mexicanos.
La Presidencia de la Corte muy peleada
