El fenómeno de la desaparición de personas opera como un agravio permanente al derecho a la libertad, integridad personal, debido proceso y la vida misma.
Si como argumenta Luigi Ferrajoli, la validez de un Estado se mide por su capacidad de proteger a los eslabones más vulnerables de la comunidad, en la CDMX esta premisa transita a la implementación de acciones en territorio y pasa por la audacia de resoluciones políticas y resultados.
La confluencia institucional en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México evidenció un viraje progresista. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreció “toda la fuerza del Estado” puesta en tareas de localización y búsqueda de las personas desaparecidas, colocando el tema en el núcleo de su agenda. “Construyamos una ciudad incapaz de acostumbrarse al dolor ajeno ocurra donde ocurra”, indicó.
Pelean la Presidencia de la Cámara Alta
Esa evolución existe después de matices nuevos luego de que en abril la mandataria capitalina, como lo había hecho también la Presidenta Claudia Sheinbaum, consideró “cuestionable” el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La argumentación, naturalmente, se enfocó en la defensa de la soberanía y la validación de herramientas de registro local.
Brugada encuentra eco en la ombudsperson Dolores González Saravia, quien colocó el cuidado de las víctimas indirectas y el derecho a la planeación participativa como pilares de la habitabilidad urbana. Audazmente, la titular de Derechos Humanos vio con buenos ojos, desde abril, el reporte de la ONU.
Adoptar una perspectiva de resultados es un gigantesco desafío. El éxito no se calcula a partir del volumen de actividades administrativas, sino en función de cuántas personas son reintegradas a sus hogares y se responde a familias buscadoras, un diálogo que Brugada ya realiza intensamente.
La instalación del gabinete especializado contra las desapariciones funciona como un espacio de toma de decisiones estratégicas para unificar el trabajo de ministerios, fiscalías y células de búsqueda. A esta infraestructura se añaden proyectos de videovigilancia del C5, incluyendo la próxima colocación de arcos lectores de placas y cámaras perimetrales en zonas de complejidad topográfica como el Circuito Ajusco.
Crear una sociedad incapaz de acostumbrarse al dolor ajeno se aproxima a un esquema de gobernanza solidaria, basada en un liderazgo político capaz de asumir la autocrítica y corregir errores.
Desde el racionalismo crítico de Karl Popper, la madurez de un sistema democrático radica en su capacidad del reconocimiento explícito de sus propios desaciertos. A la solvencia ética se llega tras resolver los retos más complejos. Es buena noticia la convergencia de autoridades locales y la interacción de ellas con el gobierno encabezado por Sheinbaum.
Se terminó el huachicol fiscal: CSP
