Tw/X @itsdanysolorio
¿Quién decide qué parte de la crítica que recibe un gobierno es una opinión genuina y cuál es un ataque orquestado? La pregunta no es simple retórica. La semana pasada, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, fuera de sus facultades legales, presentó en la mañanera lo que llamó una “red de amplificación digital”: un esquema que agrupa a periodistas, políticos, cuentas anónimas y medio millón de cuentas automatizadas bajo la etiqueta de una operación contra el gobierno y la 4T. La respuesta que ofreció la funcionaria no es la que debería inquietarnos.
Lo que debería inquietarnos no es si existen cuentas automatizadas que amplifican mensajes contra el gobierno, ni la metodología con la que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal llegó a esa conclusión. Ese debate técnico corresponde a quien tenga los datos para sostenerlo. En cambio, inquieta quién tiene la autoridad para trazar, sin que nadie ajeno al poder lo revise, la línea entre la crítica que nace del ejercicio periodístico o político y la que forma parte de una operación coordinada. Que esa facultad la ejerza precisamente la institución señalada por la crítica no es un detalle menor. Es el problema.
• Que se van a tribunales
Basta un ejemplo para verlo. Medios de comunicación, como Aristegui Noticias, aparecieron en la primera capa del esquema que presentó Alcalde, la de medios y comentaristas que, según la funcionaria, “originan y legitiman” los mensajes que después retoman otras cuentas. En su exposición, la propia consejera reconoció que no había una acusación específica contra el medio sobre la operación de cuentas automatizadas: simplemente lo ubicó ahí, junto a otros 53 nombres.
El detalle no es menor; el detalle importa porque esa primera capa no está sola: forma parte del mismo diagrama que, en su cuarto nivel, agrupa a las cerca de 560 mil cuentas que Alcalde calificó de automatizadas. Medios con nombre, apellido y responsabilidad sobre lo que publican quedan situados, sin que se les impute nada concreto, dentro del mismo esquema explicativo que las cuentas anónimas. Nadie tuvo que refutar el contenido de una nota sobre el huachicol fiscal o el narcogobierno, los señalamientos que, según la propia Alcalde, esa red amplifica. Bastó con ubicar a los medios en la taxonomía correcta.
Esa taxonomía no nace de la nada. Las redes de cuentas automatizadas y la desinformación coordinada existen, y la propia Alcalde ofreció sus cifras, con cerca de 22 millones de publicaciones atribuidas al anillo de amplificación. El problema no es que ese fenómeno exista. El problema es que la decisión sobre quién pertenece a esa red y quién puede ser descartado por inauténtico no pasó por ningún filtro distinto a la propia presidencia. El gobierno señalado por la crítica es también quien definió dónde termina el periodismo legítimo y dónde empieza la operación coordinada, sin que nadie ajeno a Palacio Nacional validara esa frontera. El señalado se convirtió en juez de su propia causa y su dictamen no necesita convencer a nadie: se anuncia desde la mañanera y ahí queda.
Mientras no exista una instancia distinta a la propia presidencia para decidir qué es disenso genuino y qué es operación coordinada, cualquier crítica seguirá corriendo el riesgo de no ser leída por lo que dice, sino por la sospecha de que el poder decida arrojar sobre quien la firma. No importa si el señalamiento es sobre huachicol fiscal o sobre un supuesto narcogobierno, la pregunta, y no es si la lectura tiene razón, es en qué capa del esquema decidió colocarte Palacio Nacional.
¿Para cuánto alcanza defenderlo?
