A finales de la semana pasada, tras la publicación de una errática —y muy desafortunada— carta en sus propias redes sociales, supimos de primera mano que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Si bien la medida no obliga a iniciar —al menos del lado mexicano— una investigación judicial formal, la noticia no podía pasar desapercibida por tratarse de quien se trata, a pesar de ser una cuestión personal con afectaciones para un individuo que nunca ha ocupado un cargo público —independientemente de la influencia y el poder que pudo acumular en torno a la gestión de su padre—.
Con la medida, el gobierno estadounidense aumenta cada vez más la presión respecto a los señalamientos que ha hecho de los nexos de funcionarios del Gobierno mexicano con actividades ilícitas o directamente con el crimen organizado. Pero la situación parece llegar a un punto crítico, en el que sus determinaciones ya tocan a la familia del expresidente, ya sea como medio de presión para conseguir otros fines o —en el extremo— como el inicio para llegar a él.
• Que se van a tribunales
Por otro lado, es un hecho que, en la historia política de nuestro país, sin importar época, color partidista, corriente ideológica, periodo de hegemonía o alternancia, los excesos del poder se han extendido a las familias de quienes lo han detentado, con diversos casos de nepotismo, enriquecimiento ilícito, conflictos de interés y tráfico de influencias.
Así, López Portillo colocó en posiciones de gobierno clave a su hermana y a su hijo; el hermano de Carlos Salinas de Gortari pasó una década preso señalado de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos oficiales y como el actor intelectual del asesinato del entonces secretario general del PRI; Vicente Fox intentó influir para que su esposa le sucediera en el cargo, mientras que los hijos de ella se beneficiaron con contratos millonarios con el gobierno; y la entonces esposa de Enrique Peña adquirió una lujosa residencia a través de uno de los principales contratistas de esa administración.
En el caso de López Obrador, si bien al momento no hay resoluciones judiciales formales, los señalamientos son múltiples: un hermano captado recibiendo dinero por parte de un funcionario del partido; su hijo mayor habitó una casa propiedad de un ejecutivo de una empresa contratista de Pemex; y sus otros dos hijos, ubicados como los principales interlocutores entre funcionarios, empresarios y contratistas para participar en los diversos proyectos de infraestructura del gobierno.
En cuanto al tema de la visa, llama la atención que la Presidencia personalmente, al igual que diversos integrantes de su gobierno, hayan decidido encabezar públicamente la defensa del hijo de AMLO, al grado de señalar que las motivaciones son políticas y que se trata de una ofensa a la soberanía nacional.
La situación deja de manifiesto el enorme peso —e, incluso, influencia— que aún tiene la figura de López Obrador y la de su familia en la actual administración, y que cualquier acto que lo evidencie o desprestigie, afecta directamente a la gestión actual.
¿Para cuánto alcanza defenderlo?
