Aunque oficialmente se intenta ocultar la crisis al interior de Morena, muchos eventos y protestas suceden de manera simultánea: el viernes pasado y por segunda vez en el año un nutrido contingente del partido guinda proveniente de Tehuacán, Puebla, se plantó frente a las oficinas nacionales en la Ciudad de México para reclamar a sus dirigentes no sea considerada para cargos de elección popular a Olga Lidia Romero Garci Crespo, lideresa estatal de esa organización… sí, la misma que orquestó el arresto de su tía doña Estela Romero Bringas con la finalidad de tomar posesión de la multimillonaria herencia de Avícola Tehuacán, arresto que culminó hace una semana con la muerte de la empresaria.
El grupo que se presentó a protestar —gente sencilla, la base pues, que se costeó su arribo a la CDMX— se hace llamar Militantes Defensores de los Principios de Morena. Y su queja principal es por las prácticas de nepotismo de Olga Lucía —conocida localmente como “Monina”— para designar funcionarios y repartir cargos del municipio a sus familiares directos, como es el caso de su hijo Armando Zavaleta Romero quien fue “recomendado” como regidor, así como otros nombramientos en secretarías sin que las personas enfiladas observen el perfil indicado.
Hasta ahora Citlalli Hernández no ha dicho ni pío, ni tampoco Ariadna Montiel… y menos por el lamentable caso de abuso de poder al que fue sometida doña Estela en abril pasado: fuerzas policiacas armadas hasta los dientes derribaron la puerta de la oficina para detener a la empresaria con todo y silla de ruedas y retenerla durante 24 horas en Casa de Justicia (o injusticia) Ciudad Serdán.
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Todavía en el exceso del poder, durante la audiencia se le retiró por dos horas el oxígeno que doña Estela necesitaba para respirar. Hay testimonios de familiares (y grabaciones, aseguran) de una acción que directamente podría haber acelerado la muerte de la empresaria y sin que se haya fincado responsabilidad sobre un acto de lesa humanidad.
¿Será eso lo que no quieren ver en la cúpula de Morena, tanto como lo que no quieren ver de los abusos de nepotismo de Olga Lucía Romero Garci Crespo incluso contra su misma base militante?
Una crisis que no se atiende y que tiende a crecer… atizada por el abuso de poder sobre quien fuera la propietaria de la segunda empresa avícola más importante de México.
Capufe, ¿contratos a modo? El principal punto de atención está en los posibles conflictos de interés derivados de los vínculos de Jesús Daniel Pérez González, esposo de Nayeli Ángeles Zúñiga, subdirectora de Tecnologías de la Información de Capufe, con empresas proveedoras del Gobierno y de su trayectoria previa como funcionario de la Ciudad de México en áreas relacionadas con tecnología. Pérez González es fundador de UMAMI Ingeniería Especializada y exintegrante del C5 de la Ciudad de México. De acuerdo con fuentes internas, se presenta ante terceros como una persona cercana y operador de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. UMAMI, por su parte, aparece en registros federales como contratista para equipos de inspección no intrusiva destinados a Aduanas, en un procedimiento cuyo monto máximo habría alcanzado 551 millones de pesos.
En este contexto, los contratos tecnológicos de Capufe comienzan a generar preguntas alrededor de Nayeli Ángeles Zúñiga, quien forma parte de la dependencia que encabeza Carlos Arceo Castañeda. Tan sólo durante 2025, Cúbica Tecnología obtuvo contratos por alrededor de 168.3 millones de pesos para trabajos de mantenimiento de fibra óptica, cableado estructurado e infraestructura del Centro de Control. El dato adquiere relevancia porque áreas operativas de la propia dependencia han señalado presuntas deficiencias en los servicios proporcionados por la empresa. A esto se suma la inconformidad admitida a trámite por el Órgano Interno de Control respecto de una licitación para el mantenimiento de equipos de peaje y telepeaje.
La combinación entre el cargo de Nayeli Ángeles Zúñiga, los vínculos empresariales de su esposo, su experiencia previa como funcionario capitalino en materia tecnológica y los contratos otorgados a proveedores del sector plantea la necesidad de revisar si existieron declaraciones de intereses, posibles impedimentos o intervenciones en procesos de contratación. También resulta pertinente esclarecer si hubo comunicación, influencia o participación directa o indirecta en decisiones relacionadas con proveedores tecnológicos
Congresistas de EU contra expropiación de Calica. Más de 25 congresistas estadounidenses de ambos partidos enviaron una carta al embajador Roberto Lazzeri Montaño sobre el conflicto con Vulcan Materials y la cantera Calica. Encabezados por la demócrata Terri Sewell, legisladores de Alabama, Texas y California exigieron una resolución inmediata a la disputa y afirmaron que no están dispuestos a tolerar lo que califican derechamente como “incautación ilegal de activos”, ni tampoco a la intimidación de la que han sido objeto los trabajadores de la compañía. El asunto sigue vivo en la agenda política del Capitolio. El fallo del tribunal internacional de arbitraje si bien no indeminiza a la compañía del todo, sí exhibió las conductas irregulares en las que incurrió el Gobierno de México, previamente a las acciones tomadas durante el mandato de López Obrador. La aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley para la Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero (DAPA), deja ver las garras legislativas con las que Washington responderá a la expropiación de facto o toma de activos de empresas norteamericanas.
¿De quién es el territorio?
