Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Se han convertido en espacios virtuales donde se aprende, se conversa, se juega y se construyen amistades, pero también donde circulan contenidos perjudiciales.
Cuando una niña, un niño o adolescente se encuentra con material sexual explícito, acoso, discursos de odio o mensajes que promueven la autolesión, resulta necesario darle apoyo en la responsabilidad de discernir, lo mismo que a sus madres y padres.
Por eso es importante el decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes que firmó la Presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es claro: las grandes plataformas tecnológicas deben hacerse responsables de lo que ocurre en los espacios que administran, especialmente cuando está en riesgo la integridad de las infancias y adolescencias.
El decreto establece que las plataformas deberán identificar y retirar contenidos o cuentas que promuevan la violencia; clasificar materiales por edades; verificar la edad de sus usuarias y usuarios, y ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.
Del mismo modo, tendrán que activar, por defecto, configuraciones de privacidad y seguridad adecuadas, además de facilitar que la población usuaria pueda reportar cualquier clase de contenidos peligrosos.
Hay un asunto de fondo. Durante años, buena parte de las empresas digitales creció con modelos que premian la permanencia de las y los usuarios y la circulación de contenidos capaces de provocar reacciones intensas.
En tal escenario, la ciberprotección de niñas, niños y adolescentes no puede depender únicamente de la buena voluntad de las compañías. Se necesitan responsabilidades verificables, mecanismos de vigilancia y colaboración con las autoridades cuando existan indicios de posibles delitos.
El decreto es un gran paso que debe acompañarse de una legislación que le dé continuidad y solidez. La tecnología cambia deprisa y las normas tienen que responder a nuevas formas de acoso, explotación y violencia digital.
Esa discusión debe realizarse con responsabilidad, sin perder de vista los derechos de las personas ni convertir la ciberseguridad en una limitante de las libertades. El objetivo es proteger, prevenir y actuar cuando sea necesario.
También sería un error pensar que todo se resuelve con filtros y restricciones. Las familias necesitan orientación; las maestras y los maestros, herramientas para detectar situaciones de riesgo, y las niñas, niños y adolescentes, espacios donde puedan hablar sin miedo de lo que viven en Internet.
Cuidar a nuestras infancias y adolescencias en el entorno digital exige que las empresas cumplan, que las instituciones respondan y que la sociedad participe. Ninguna familia debe enfrentar sola una situación de violencia en línea.
El mundo digital ofrece oportunidades para aprender y convivir. Es hora de que también hagamos que sea un espacio más seguro para las nuevas generaciones, con una ciberprotección a la altura de los riesgos que hoy enfrentamos.