La que, nos cuentan, tuvo que salir a explicar su turbulento reclamo en las redes fue la senadora morenista Malú Mícher. Después de ser criticada por protestar contra las restricciones de acceso a las salas VIP, aseguró que aquel exabrupto surgió porque se conmovió al ver a una pasajera con un brazo hinchado, cargando su maleta y subiendo y bajando escaleras sin que le ofrecieran un lugar. Una situación que, desde luego, ameritaba atención. El detalle, nos hacen ver, es que la propia legisladora resumió el episodio como “esa bronca que me acabo de aventar con mi sala VIP”. Y ahí la explicación tuvo un aterrizaje complicado: si el motivo era auxiliar a una pasajera, ¿cómo terminó el reclamo girando alrededor del acceso al salón? “Me conmoví tanto y me enojé tanto, que abrí la boca y así me fue”, reconoció. Nos comentan que para la próxima convendría que la indignación documentara desde el despegue a quién busca defender. Porque esta vez la señora apareció en la explicación, pero la sala VIP se quedó con el protagonismo. En fin.
Y la crisis hídrica en Guadalajara terminó salpicando los pasillos de San Lázaro, nos cuentan, aunque sin acercar una solución a los afectados, sino como pretexto para la grilla y el golpeteo político. Y es que el priista Carlos Gutiérrez Mancilla —sí, de nuevo él— llevó jarras con agua sucia para encarar al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, del partido gobernante en Jalisco. El acto derivó en insultos, empujones y forcejeos entre integrantes de ambas bancadas. Ya después, junto con la también legisladora tricolor Xitlalic Ceja, Gutiérrez vació el contenido sobre el logotipo naranja de las oficinas emecistas. Máynez respondió llamándolos “porros”. Tras los hechos, que dicen, terminaron haciendo más ruido que gestiones, ya hubo eco en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, cuyo titular, Ricardo Monreal, tendrá que arremangarse para analizar responsabilidades y consecuencias, pues, como señaló el presidente de la Cámara, Raúl Bolaños, lo ocurrido no pasará desapercibido. Lo que no hay que perder de vista es cómo escala el choque PRI-MC. ¿Pues hasta dónde lo quieren llevar? Uf.
Quien se quedó esperando una resolución judicial en su caso fue la periodista Lydia Cacho, pues, nos explican, la última audiencia del proceso contra el exgobernador de Puebla Mario Marín, acusado de tortura contra la comunicadora, fue aplazada por una presunta falla en el sistema de videoconferencias. La ONG Artículo 19 reportó que cuando la defensa de Cacho intentó conectarse, la cuenta en la que debía hacerlo aparecía inhabilitada. El detalle es que esa diligencia debía abrir paso a la sentencia —condenatoria o absolutoria— por hechos ocurridos ¡hace casi dos décadas! Frente a esas circunstancias, dicen que lo mínimo exigible es que el juzgado tenga funcionando el mecanismo para escuchar a las partes. Ahora, al largo expediente contra el también llamado góber precioso se añadió una espera por razones técnicas, un inconveniente que, nos comentan, puede ser menor para el juzgado, pero no para una víctima. ¡Lamentable!
Ojo, que a la que ya le pidieron explicaciones desde Palacio Nacional es a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó al organismo a transparentar los señalamientos sobre Jonathan Navarrete, al que en publicaciones se identifica como su chofer, pero que aparece como apoderado legal de un proveedor de materiales electorales. El asunto, nos recuerdan, puede que se le haga bolas a la titular del órgano electoral a la hora de rendir cuentas, pues también alcanza a otro allegado suyo: Jesús Octavio García González, quien pasó de representar esa misma empresa a dirigir la Administración del instituto. Dicen que ahora, la presión de la olla exprés de Taddei está a tope, pues ya desde antes estos vínculos habían sido señalados, por lo que el requerimiento de aclaración tiene cada vez menos posibilidades de evasión. Sheinbaum incluso planteó una revisión de la ASF, en caso de que ésta cuente con atribuciones, por lo que nadie querrá estar ahora en los zapatos de doña Guadalupe. Pendientes.
• Cooperación igual a resultados
México llevó ante la ONU un balance de cooperación internacional que, nos dicen, merece atención en una tarea tan sensible como la búsqueda de personas desaparecidas. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, informó ayer que la Estrategia Nacional impulsada desde esa Secretaría, que dirige Rosa Icela Rodríguez, ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante 2026, en un trabajo en el que también ha habido colaboración multinacional desde Alemania, España, Canadá y la propia Oficina del Alto Comisionado de Nacionales Unidas, con el fin de fortalecer la identificación humana. Medina dio cuenta de la conformación, a raíz de estas colaboraciones, de un grupo de expertos internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional. Y aunque, como admite el propio Gobierno, hay mucho por hacer, importa que los vínculos internacionales se traduzcan en capacidades de búsqueda, identificación e investigación, para dar respuesta a las familias.
• Se calienta el caso Jáuregui
Y es entre la militancia panista donde se empieza a notar un cierre de filas en torno a la defensa del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado por la Fiscalía General de la República de traición a la patria. Y es que varios cuadros relevantes del albiazul, nos comentan, comenzaron a tener mayor presencia mediática para referir que la acusación federal que tiene actualmente preso a Jáuregui en el penal del Altiplano es excesiva. La línea de comunicación que, nos dicen, ha prevalecido en esas voces es que a diferencia del panista que contribuyó con agencias de Estados Unidos para ir contra el crimen organizado, en Morena se ha optado por proteger figuras importantes a las que la Justicia de EU ha requerido y que se califica de mafiosas. Mientras, del lado guinda lo que pide es escalar los alcances de las denuncias. El debate tiene por ello bajo el reflector lo que resulte de la audiencia inicial de exfuncionario que, por cierto, se realizó de manera privada pues a juicio de la FGR una audiencia pública del caso pondría en riesgo la seguridad nacional. Por lo pronto, atentos.