Y fue la Mesa Directiva del Senado de la República la que a través de su secretario técnico pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que “se otorguen las facilidades necesarias para el acceso y uso del Salón de Protocolo, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en beneficio de legisladoras y legisladores que, con motivo de la celebración de la sesiones en esta cámara, requieren realizar traslados aéreos”. Así lo reveló la senadora priista Claudia Anaya, quien también acusó: “Los legisladores de Morena están ávidos de privilegios en los aeropuertos”. Apenas se conoció el caso de Malú Mícher a quien ofendió no poder entrar a una sala VIP y ahora aparece esta petición para que los senadores usen un espacio destinado a diplomáticos y visitantes extranjeros. Y dicen que es por “sus responsabilidades”. ¿Qué no fue ése el pretexto por el que surgieron y se multiplicaron los privilegios de servidores públicos del pasado neoliberal?, fue el cuestionamiento generalizado ayer tras conocerse esta petición hecha el pasado 5 de octubre. ¿Qué tal?
• Afros e indígenas, con el respaldo de la Corte
Y fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza el ministro Hugo Aguilar, la que en una decisión relevante, nos hacen ver, reconoció la validez de disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 que establecen la entrega de al menos el 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El pleno de ministros determinó que este mecanismo de asignación directa deriva de un reconocimiento constitucional, con lo que se avanza en el establecimiento de un nuevo paradigma que implica un importante fortalecimiento de derechos. “Si bien las aportaciones del FAIS forman parte de la hacienda municipal, su destino está sujeto a los fines previstos en la legislación federal; en ese sentido la asignación directa de recursos respeta la autonomía municipal al sólo armonizar el ejercicio de sus atribuciones con el mandato establecido en la Carta Magna de garantizar los derechos de dichos pueblos y comunidades”, se detalló ayer. Ahí el dato.
• Condenas a Gutiérrez Mancilla
Le llovieron condenas de MC y la 4T al diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, quien la víspera se puso agresivo contra el dirigente emecista Jorge Álvarez Máynez, en San Lázaro. Y no sólo eso, tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva anunciaron medidas que comenzarán a aplicar: guaruras no entrarán al Palacio Legislativo, se dará de baja a asesores del legislador del tricolor y habrá mayores controles en accesos y revisión de vehículos. Alfonso Armando Vidales, diputado de MC, dio cuenta en el pleno de que la agresión de Gutiérrez podría haberle costado la vida porque, por fortuna, un golpe que le dieron lo recibió en el rostro y no en el catéter con el que se dializa dos veces por semana. También hubo quien recargó sus reclamos, como la petista Margarita García, quien calificó al legislador señalado como delincuente y afirmó que teme por su vida dentro de la Cámara “porque hay un porro que anda drogado, que además anda armado en este Poder Legislativo”. Así la cosa.
• Inquietud por la Modalidad 40
Y fue en ambas Cámaras legislativas donde ayer saltó el tema de las modificaciones que se anunciaron sobre el mecanismo de retiro denominado Modalidad 40 en el que los trabajadores siguen pagando al IMSS cotizaciones aun cuando ya no estén laborando para con ello acceder a servicios de salud, acumular semanas, pero también a posibilidades de mejorar sus pensiones al momento de jubilarse. En el Senado, nos comentan, presidido por Higinio Martínez, se dio entrada a una solicitud de revisión de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación en esta materia. Mientras, en Diputados se señaló que cualquier modificación que pudiera darse en la materia implicaría una acción legislativa. Nos cuentan que ayer mismo, el Instituto difundió información en el sentido de que la Modalidad 40 no desaparece, sino que se fortalece y sólo se ajusta para “evitar prácticas de simulación y garantizar que el mecanismo se aplique correctamente y proteger los derechos pensionarios de las personas trabajadoras”. Por lo pronto, pendientes.
• Sigue dando el caso Jáuregui
Y a propósito del tema de César Jáuregui, actualmente detenido en el penal del Altiplano —y a quien ayer le dictaron prisión preventiva— nos cuentan que muchas cejas se levantaron ayer tras conocerse que la jueza Mariana Vieyra, quien giró la orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua en el componente federal del caso, presentó su renuncia sólo dos días después de haber tomado esa decisión. Lo anterior lo informó Luis Villegas, abogado defensor de Jáuregui, quien sostuvo por cierto en entrevistas radiofónicas que las acusaciones de carácter federal no tienen asidero, porque es la misma que la local, sobre la que ya se dieron resoluciones judiciales —liberar al detenido con medidas cautelares—. “La jueza del caso renunció al cargo… y el que se haya negado a participar en esta audiencia a mí me parece un dato revelador”, refirió ayer Villegas. Refirió que si bien pueden ser muchas las causas, una de ellas podría ser no querer involucrarse en el asunto, porque la juzgadora “era de carrera (aunque sí participó en la elección judicial), no una jueza del acordeón”.
Y fue Guadalupe Taddei la que finalmente ayer apareció ante la opinión pública para hablar —porque no quiso responder preguntas— sobre cuestionamientos sobre presuntas anomalías en su gestión en el INE, entre ellas las de personas contratadas como choferes ligadas a proveedores y a choferes ocupando plazas con salarios mayores a los asignados a otros trabajadores que desempeñan ese mismo oficio. Su exposición ante medios, nos comentan, no disipó las dudas, pues sólo dijo que pondrá a disposición del órgano interno de control información relacionada con las denuncias periodísticas y presentará una página web. Nos dicen que sobre lo que sí buscó ser clara e incluso enfática fue en señalar a los partidos políticos, a los que, se entiende, ve detrás de las acciones de escrutinio a su desempeño. “Solicitaré a los partidos políticos, a los grupos de poder, a todos los que participan en esta materia, que seamos altamente responsables, porque si una nota provoca una tendencia a desacreditar o querer desestabilizar esta institución, a ellos les decimos: ése no es el camino, así no se ganan las elecciones”. Uf.