El estado de Colorado permite que las escuelas religiosas participen en su programa gratuito de educación preescolar. Para incluirlas, precisa que acepten las mismas reglas de no discriminación aplicables a las demás instituciones.
Mientras que algunas escuelas católicas consideran que esa condición vulnera su libertad religiosa, para la autoridad la condición constituye una garantía de igualdad. El 3 de noviembre, la Corte Suprema estadounidense realizó una audiencia donde escuchó a las partes de esa controversia, a fin de decidir si una regla, aparentemente neutral, puede convertirse en una restricción constitucionalmente injustificada.
El conflicto comenzó con un programa creado en 2023 que ofrece hasta quince horas semanales de educación preescolar gratuita. La recepción del financiamiento público requiere que los centros participantes se comprometan a no discriminar a los alumnos por motivos de raza, religión, orientación sexual, identidad de género o discapacidad, entre otros. La arquidiócesis de Denver y varias instituciones católicas consideran que esa exigencia les impide participar sin renunciar a sus convicciones religiosas. Las escuelas católicas alegaron ser víctimas de discriminación religiosa ilegal y llevaron el asunto a los tribunales. Habiendo perdido ante un juzgado de distrito y un tribunal de apelaciones, el caso se analiza ahora en el máximo tribunal.
Consejero electoral en informe de May
El problema tiene antecedentes importantes. En Carson v. Makin (2022), la Corte Suprema determinó que el estado de Maine no podía excluir del financiamiento educativo a escuelas privadas únicamente porque impartieran enseñanza religiosa. La decisión consolidó una línea jurisprudencial que impide a los estados negar beneficios públicos por razones vinculadas al ejercicio de la religión. Sin embargo, mientras la legislación de Maine excluía expresamente a ciertas instituciones religiosas, la de Colorado establece una condición aplicable a todos los centros participantes. La cuestión consiste en determinar si esa neutralidad formal resulta suficiente cuando sus efectos pueden impedir que algunas escuelas religiosas accedan al programa. Durante la audiencia, varios justices recordaron el caso Sherbert v. Verner (1963), un precedente que protegió a una trabajadora cuyos principios religiosos le impedían laborar los sábados. La Corte reconoció entonces que una disposición aparentemente neutral también puede imponer cargas indebidas al ejercicio de la religión.
La discusión se sitúa precisamente entre esos dos enfoques: cuándo una regla común debe aplicarse sin distinciones y cuándo la Constitución exige considerar las circunstancias de quienes profesan determinadas creencias. Los argumentos de ambas partes muestran la dificultad del asunto. Las escuelas sostienen que el Estado no puede condicionar recibir un beneficio público a la renuncia de sus principios religiosos. La fiscalía de Colorado responde que la participación en un programa financiado con recursos públicos exige respetar garantías destinadas a proteger a todas las familias, incluidas aquellas integradas por personas de la diversidad sexual.
La resolución de la Corte se dará a conocer el año próximo. Ella deberá decidir si el Estado puede exigir el cumplimiento de una regla común sin desconocer la libertad de quienes participan en sus programas. Mantengámonos pendientes del fallo.
Van por el Plan “A”
