EL ESPEJO

China y el partido político del gobierno

Leonardo Núñez González. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

Xi Jinping puede permitir que una empresa compita por clientes, pero no que un partido político compita realmente por el poder.

Esa diferencia ayuda a entender a la China que esta semana recibe a los líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), incluido México. Aprovecho la ocasión para hablar brevemente de algunas partes llamativas del sistema político de la segunda economía más grande del planeta.

Suele presentarse como una contradicción que un país comunista tenga multimillonarios, bolsas de valores y empresas que venden por todo el mundo, jugando enteramente como una economía capitalista. Pero esa aparente incongruencia se aclara cuando miramos dónde el régimen conserva su herencia comunista, especialmente en su fase leninista. El mercado puede organizar una parte de la economía, eso puede hacerse sin problema, siempre y cuando el Partido Comunista mantenga el monopolio de la autoridad política.

Por eso, el cargo más importante de Xi no es el de presidente de China, sino el de secretario general del partido. Es jefe de Estado, mientras un primer ministro encabeza el gobierno. Su mando se completa con la presidencia de la Comisión Militar Central. Puede parecer un detalle de organigrama, pero explica quién manda sobre quién.

El partido selecciona a los principales funcionarios, controla sus ascensos y coloca a sus dirigentes al frente de las instituciones. En una provincia, el secretario del partido tiene mayor jerarquía que el gobernador. Y hay millones de funcionarios de partido que son una estructura paralela al gobierno, que ejerce el verdadero poder. Los tribunales están sujetos a la dirección del partido y el ejército le debe obediencia. Hay una administración pública que gobierna, pero dentro de las prioridades y los límites que establece la organización política y el partido oficial.

Esta estructura permite coordinar decisiones y sostener proyectos durante décadas. También permite perseguir a quienes cuestionan esas decisiones o alzan la voz. La apertura económica después de la muerte de Mao Zedong en 1976 no vino acompañada de una apertura equivalente para permitir una oposición, investigar al poder o disputar el gobierno. La Constitución china consagra el liderazgo del Partido Comunista. Los ciudadanos no pueden retirarle el poder en las urnas.

Ese control tiene consecuencias concretas. La matanza de estudiantes y otros manifestantes en Pekín, en 1989, sigue sometida a censura y castigo incluso si se busca o habla de eso en Internet, por ejemplo. En Xinjiang, la persecución de los uigures, una población mayoritariamente musulmana, incluyó detenciones arbitrarias, vigilancia y restricciones a la movilidad con sistemas que bien podrían describirse como campos de concentración. La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas ha señalado que los abusos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El control del gobierno chino sobre su sociedad se ha hecho más eficiente también por las nuevas tecnologías.

Ese sistema también ayuda a entender por qué venderle tecnología a China se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para países como Estados Unidos. La misma capacidad de procesamiento que permite desarrollar Inteligencia Artificial puede tener aplicaciones militares o ampliar la vigilancia sobre la población. Para países como México hay razones para buscar inversiones y nuevos mercados. Pero al negociar con China conviene recordar que la apertura a los negocios no modifica la jerarquía que organiza al país. China es un país capitalista y comunista porque difícilmente se le puede describir como democrático; el partido y el gobierno son uno.

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