Las boletas electorales no son en sí mismas garantía de una verdadera democracia representativa, pero son herramientas indispensables cuando su impresión y control alfanumérico son impecablemente seguros.
El mayor daño perpetrado por Guadalupe Taddei Zavala, su familia y la red de proveeduría amañanada de José Alfredo Hernández Casillas es generar una profunda desconfianza ciudadana respecto a los procesos electorales en curso; empero, la Cámara Nacional de las Artes Gráficas (Canagraf), que encabeza Oscar Carnevali Samper, tiene un plan que podría ayudar a salvar el 6 de junio del año próximo.
Hay que ser enfáticos en que la impresión de las boletas no es garantía en sí misma, pues está en riesgo la información de 103 millones de electores inscrita en el documento de identidad nacional por excelencia, la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en donde el código QR para acceder a la información del padrón electoral fue asignado de manera preferente a la firma HuBox, de Ramón Mondragón, por quien fuera director de Informática del INE, José Alberto Pérez de Acha, a un precio 3,000% más alto que la cotización internacional por cada “clic” sobre ese código.
Y que, aunado a esos riesgos, perviven los procedimientos legaloides con que Taddei Zavala otorgó artificialmente la sobrerrepresentación a Morena y sus aliados Partido Verde y PT, que con sólo 52% de los votos nominales impusieron una megamayoría del 74% del Poder Legislativo… megamayoría que aprobó, entre otras cosas, una elección judicial por acordeones (que también habría enviado a imprimir Hernández Casillas) que hoy mantiene amorcillada la confianza para invertir y hacer negocios en México.
Precisamente en el plan de Canagraf para salvar la tarde, se propone crear un Consejo Consultivo donde participen las entidades del Estado que contratan impresión de materiales, el INE, las empresas privadas, así como Talleres Gráficos de México (TGM), a cargo de Arturo Chávez López, para definir colegiadamente las características, seguridad y calidad de los materiales a imprimir; un Comité que, a su vez, realice la evaluación objetiva del proveedor que acredite planta, equipos, trabajadores inscritos al IMSS, experiencia y cumplimiento fiscal. Vaya, ni Corporativo ZEG ni Cajas Graf tiene planta o personal directo; sus procesos fiscales presumiblemente, se realizaron a través de factureras y es de extrañar que la Auditoría Superior de la Federación, en los tiempos del siempre maleable David Colmenares, encontrase limpias esas adjudicaciones.
Por ello mismo, la Canagraf propone también contratación directa con los impresores para evitar el coyotaje (intermediarismo) que sólo ha mermado (que no de ahora) el presupuesto público para disfrute privado, y que TGM concentre la impresión de los materiales que requieren mayor seguridad, al tiempo que cuente con el respaldo de empresas verificadas no internacionales para atender picos de producción… como lo que está por venir, tal vez 500 millones de papeletas electorales.
La propuesta enviada a Claudia Sheinbaum plantea que el modelo sea replicable para organismos electorales estatales, libros de texto y papelería oficial. En resumen, el plan es el de mirar hacia adelante con precisión y rapidez. Claro, se puede seguir buscando culpables en el “pasado neoliberal” de lo que sucedió en el INE…, pero ya es imposible deslindar a Morena de tales sucesos.
Estrada, nada que ver con el Clan Taddei. Cualquier funcionario gubernamental encargado de contratar materiales impresos que haya visitado e inspeccionado las instalaciones de Gráficos Corona JE (como lo ordena el canon legal y financiero) sabe que se trata de una empresa de verdad, con más de mil empleados, tecnologías avanzadas de impresión que procesa unas 35 toneladas diarias de materiales. No es ningún intermediario o “coyote” de contratos, ni tampoco está al servicio de tales “coyotes”.
Pero, ciertamente, la situación de Gráficas Corona JE escaló al terreno financiero y regulatorio luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares, bloqueara las cuentas de la empresa y de su presidente, Juan Estrada Hernández, como consecuencia de las indagatorias ordenadas por Palacio Nacional.
Como se comentó en este espacio el jueves pasado, los justos pagan por pecadores de los demostrados y recientes actos de corrupción en el INE: al congelarse las cuentas por tales investigaciones, las empresas corren el peligro de quebrar y dejar en la calle a sus trabajadores… y un “disculpe usted” no reparará el daño una vez que se descongelen las cuentas de personas y empresas que no participaron en los cochupos del Clan Taddei
Por ello, Estrada Hernández solicitó una revisión expedita del caso, pues la medida dificulta el pago de nómina y pone en riesgo la fuente de trabajo de mil personas. El que nada debe, nada teme, y asegurando no tener vínculo alguno con el Clan Taddei y/o los hermanos Hernández Casillas.
Como es conocido, el expediente se enmarca en las investigaciones sobre contratos legales de materiales electorales vinculados a Talleres Gráficos de México (TGM) para terminar a tiempo la impresión del material electoral del proceso de junio de 2024, precisamente cuando TGM era cuestionado en cuanto a su capacidad de terminar tan delicada tarea… que sí se concluyó en marzo de ese año.
Exigen esculcar a Martínez Araiza. En otro reclamo, los trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) piden al Gobierno se investigue el destino de 600 millones de pesos, producto de las cuotas sindicales, y los recursos obtenidos por la venta del patrimonio inmobiliario de los sindicalizados por parte de su presunto dirigente, Alejandro Martínez Araiza, a quien acusan de saqueo y malversación del patrimonio de los trabajadores como fue la venta de su edificio.
A pesar de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral exige a Martínez Araiza que rinda cuentas, éste y su comité directivo parecen inmunes.