PESOS Y CONTRAPESOS

ESTADO DE CHUECO (3/4)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

Al medir cómo están los países en materia del respeto a los derechos fundamentales (vida, libertad y propiedad), el World Justice Project no considera los impuestos ni la discrecionalidad con la que los gobiernos deciden qué impuestos cobrar, a qué tasas y a quiénes.

Ocho son los grupos de variables que el World Justice Project contempla al medir cómo andan los países en materia del respeto a los derechos fundamentales. Los enumero, poniendo la posición y la calificación de México. El derecho a la igualdad de trato y el derecho a la no discriminación, 136/143 y 0.38/1. El derecho a la vida y a la seguridad, 102/143 y 0.37/1. El derecho al debido proceso legal y el derecho al respeto de los derechos del acusado, 137/143 y 0.26%. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, 96/143 y 0.46/1. El derecho a la libertad de creencias y de religión, 58/143 y 0.69/1. El derecho a la protección contra injerencias arbitrarias en la vida privada, 65/143 y 0.44/1. El derecho a la libertad de reunión y de asociación, 82/143 y 0.58%. Por último, los derechos laborales fundamentales, 104/143 y 0.50/1.

¿Cuáles son los derechos considerados? A la igualdad (¿qué tipo de igualdad?, hay muchas, y la única justa es ante la ley), y no discriminación. A la vida y a la seguridad (¿qué tipo de seguridad?, hay muchas, desde la seguridad frente a la delincuencia, pasando por la seguridad ante los desastres naturales y los accidentes personales, hasta la seguridad frente a la enfermedad y el envejecimiento). Al debido proceso. A la libertad de expresión. A la libertad de creencias. A la no injerencia arbitraria (¿qué hay que entender por ello?), en la vida privada. A la libertad de reunión y asociación. Al respeto de los derechos laborales.

En ningún lado se menciona explícitamente a la propiedad, y mucho menos a los impuestos, ni se considera que, en México, como en muchos otros países, basta y sobra que el Poder Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que el gobierno obligue al contribuyente a entregarle una mayor parte de su ingreso, del producto de su trabajo. Lo anterior quiere decir que la discrecionalidad del gobierno, poderes Ejecutivo y Legislativo, a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quiénes cobrárselos, es total, lo cual quiere decir algo muy grave: que el derecho de propiedad privada sobre nuestros ingresos, que son el producto de nuestro trabajo, no está plenamente reconocido, puntualmente definido, jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco, que es Estado de injusticia, antítesis del Estado de Derecho, que es Estado de Justicia.

Esta discrecionalidad a la hora de cobrar impuestos (y a la hora de decidir en qué y cómo se gasta ese dinero), parte de la creencia, arraigada en mayor o menor medida en todos los políticos (si hubiera una excepción sería la que confirmaría la regla), de que tienen el derecho de disponer de parte del ingreso de los demás como crean más conveniente. Y no, no tienen el derecho, solamente tienen el poder.

Llama la atención que organizaciones como el World Justice Project no consideren, mucho menos con la amplitud y profundidad con la que deberían considerarla, a la propiedad y, sobre todo, al derecho de propiedad, a la hora de calificar al Estado de Derecho.

Continuará.

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