MARCAJE PERSONAL

Abarca, o cuando la impunidad retrocede un paso

Julián Andrade<br>*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
Julián Andrade*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: larazondemexico

José Luis Abarca y otras 26 personas fueron condenadas a 60 años de prisión por los homicidios cometidos la noche de Iguala, en Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. En el contexto de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los Guerreros Unidos, en colusión con policías locales, mataron a Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, David Josué García Evangelista, Víctor Manuel Lugo Ortiz y Blanca Montiel Sánchez.

Es un hecho relevante, porque se acredita la participación del alcalde de Iguala como autor intelectual de esos crímenes y de Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Municipal, como el operador de las instrucciones.

Abarca, como se sabe, llegó a la presidencia municipal cobijado por el PRD, pero expandió su influencia a otros grupos políticos del estado. Lo que ocurrió aquella noche terrible responde a decisiones políticas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo y que culminaron en que un servidor público, que también era jefe de los Guerreros Unidos, propiciara una de las violaciones a los derechos humanos más graves de la historia.

Y no fue que no se contara con elementos sobre su perfil, al grado de que Arturo Hernández Cardona, un líder de la izquierda social, lo advirtió y, por ello mismo, terminó secuestrado y asesinado en 2013, en un caso por el que Abarca recibió una condena de 92 años de cárcel.

La sentencia por los homicidios de Iguala proviene del trabajo ministerial que realizó la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que estaba a cargo de Iñaki Blanco y que se acumuló a la Causa Penal 4/2018 en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros.

Pero, más allá de los años de prisión que pasarán Abarca y sus cómplices tras las rejas, hay aún aspectos que no han sido sancionados con el rigor debido.

Es el caso, justamente, de Julio César Mondragón Fontes, quien fue alcanzado y sometido por sicarios y policías, quienes lo privaron de la vida en el paraje El Camino del Andariego, pero que también fue torturado de modo extremo, como acreditó la CNDH en su recomendación de 2018, en la que consignó que el cuerpo presentó 64 fracturas en 40 huesos, ocho de ellas en el cráneo.

La brutalidad con que se actuó merece también una sentencia por tortura, y es en lo que, con toda razón, insisten los familiares de la víctima.

Ello, sin embargo, no debe hacer perder de vista que la sentencia implica que se revierte la lógica de la impunidad, aunque todavía exista un largo recorrido en lo que respecta a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Pasan los años, los expedientes, y queda claro lo que ya sabíamos: que a los estudiantes los secuestraron y mataron los sicarios de los Guerreros Unidos con la ayuda de policías municipales, alentados y dirigidos por un siniestro alcalde.

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