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La controversia sobre el proyecto de Ley de Rentas Justas (Segunda parte)

Antonio Fernández. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón
Antonio Fernández. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón Foto: La Razón

Ante las críticas que ha recibido la propuesta de ley en diversos medios de comunicación, pareciera que la propuesta de ley es un verdadero atentado contra la libertad contractual y la propiedad privada, por lo que tenemos que ser serios y hacer notar que muchas de esas críticas son exageraciones.

Si bien tiene puntos a discutir y en un sentido en favor de los arrendatarios, también tiene puntos en favor del arrendador, como el que establece el artículo 16, fracción IX, el cual señala, entre otras obligaciones del arrendatario, la obligación de desocupar, restituir y hacer entrega material del inmueble al término del contrato, o en los casos de incumplimiento previstos en la ley.

Lo anterior es muy importante para un arrendador, en virtud de que actualmente la desocupación puede llevarse varios meses, y en caso de interponerse un juicio, mucho más tiempo, podría ser hasta más de un año. Situación que debería considerar la propuesta de ley, pues todo ese tiempo normalmente el inquilino deja de pagar la renta y le causa un perjuicio más al arrendador. Por ello, se debe establecer que sea a través de un juicio sumario breve y eficaz.

La propuesta de ley sólo regula el arrendamiento, pero su aplicación, así como está proyectada, influye en muchos otros aspectos, como el inhibir a los propietarios para que renten sus inmuebles, derivado de la limitación al aumento de la renta más allá de la inflación.

Por otro lado, se debe crear una política habitacional sostenible; la regulación no puede sólo basarse en la creación de estructuras burocráticas costosas ni en un control de precios aislado. La solución requiere incentivos fiscales reales para aumentar la oferta, fomento a la construcción de vivienda social e instrumentos de mediación eficientes y ágiles que no dependan de presupuestos inexistentes.

Uno de los graves problemas que enfrentan los constructores de vivienda es que invierten más tiempo en realizar trámites burocráticos; como lo son la Manifestación de Construcción o la Licencia de Impacto Ambiental, que el tiempo que se llevan en construir un desarrollo habitacional, lo que implica incertidumbre y un mayor costo financiero, que encarece el precio final de la vivienda.

La propuesta de ley contiene cuestiones interesantes, pero se deben consensar con todas las partes. Dentro de las cuestiones absurdas que establece la propuesta de ley, se encuentra la fracción III del artículo 18, que establece que el arrendador debe establecer en el contrato de arrendamiento un programa anual de reparaciones y mantenimiento, algo que nunca sucede y difícilmente sucederá. Parece que la propuesta de ley nunca fue discutida con algún grupo de personas que rentan inmuebles, pues resulta un absurdo establecer esta obligación que resulta inoperante y que sólo entorpecerá la celebración de contratos de arrendamiento. En conclusión, la crisis de vivienda en la Ciudad de México exige soluciones integrales y pragmáticas. Sobrecargar el arrendamiento con trámites de registro y crear dependencias presupuestalmente insostenibles sólo distorsionará más el mercado. El reto legislativo consiste en proteger al inquilino sin paralizar la inversión ni asfixiar las finanzas públicas locales. Ya no queremos ser el país de muchas leyes inaplicables y poca impartición de justicia.

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Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

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