La falta de preparación mata

Fue encontrada sin vida en los separos del municipio del Progreso de Obregón en Hidalgo. Horas antes había chocado y como médico se bajó a ver si alguien estaba lesionado. Se trató de un accidente menor, con cuatro autos involucrados, según testigos en el lugar, pero sin lesionados.

Hay siete detenidos

La joven doctora Beatriz Hernández, de 29 años, egresada del Instituto Politécnico Nacional, fue detenida con uso de fuerza excesiva, como se pudo ver en un video, una agente la agarró del cuello y la cabeza para meterla a la fuerza para introducirla a una patrulla.

Llegó a los separos de la Policía Federal, venía maltratada; sin recibir ningún tipo de atención médica, la joven fue trasladada a las dependencias de la Policía Municipal, donde permaneció un tiempo, platicó con su padre y luego fue encontrada muerta. Nadie hasta el momento sabe qué ocurrió en esa celda donde permanecía.

Por estos hechos, las autoridades municipales buscaron justificarse diciendo que se había tratado de un suicidio, incluso en el expediente reportaron que la médica había ingerido sustancias que parecía ser droga por lo que su condición de salud, supuestamente, era extraño.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició una carpeta de investigación con protocolos de feminicidio por la que detuvo a siete policías, entre ellos la directora de seguridad pública de Progreso de Obregón. En total son tres mujeres y cuatro hombres, que ocupan cargos policiales y administrativos.

El maltrato contra esta mujer provocó que este domingo 13 de junio, decenas de médicos salieran a las calles en Pachuca, capital de Hidalgo, para exigir esclarecer el caso.

Los policías permanecen en el Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala de Juárez a la espera de presentarse ante el juez. El gobierno municipal ha calificado este arresto de detención ilegal.

El padre de Betty, Cirilo Hernández, relató que después de efectuar el trámite y comprobar los vehículos afectados en el accidente, regresó a la celda. Su hija estaba en el suelo y el personal de Protección Civil trataba de reanimarla.

El caso de Beatriz Hernández ocurre tres meses después del ocurrido con Victoria Salazar Araiza, la mujer migrante que murió tras ser sometida por policías de Tulum, Quintana Roo, ocurrido el pasado 27 de marzo.

La mujer salvadoreña que se encontraba en México con el estatus de refugiada y que el Instituto Nacional de Migración le había otorgado el permiso por razones humanitarias fue sometida con la rodilla en su cuello de una policía. Esto provocó fractura en las vértebras del cuello. Hoy su caso es tratado como feminicidio, los cuatro policías involucrados están vinculados a proceso: Miguel “C”, Juan “C”, Raúl “L” y Verónica “V”.

La realidad es que Victoria murió porque fue detenida y asesinada por una policía municipal con poca preparación como tenemos miles en todo el país.

Otro caso de abuso policial fue el del joven Giovanni López, de 30 años, detenido en mayo de 2020, en Jalisco, y al día siguiente cuando su familia fue a buscarlo había fallecido, después de haber sido llevado a un calabozo. El suceso se produjo a principios de mayo, aunque el vídeo de los golpes que recibió durante el arresto no se difundió hasta semanas después. En un primer momento se afirmó que los agentes de Ixtlahuacán de los Membrillos, una localidad de Jalisco, lo habían arrestado supuestamente por no usar el cubrebocas que, a principios de mayo, ya era obligatorio en el estado.

Las autoridades sugirieron que éste no había sido el único motivo de la muerte. La muerte de López a manos de la policía generó una ola de protestas e indignación en Ciudad de México y especialmente en Guadalajara. Otro caso más de abuso y negligencia policial.

Hoy, muchas policías municipales carecen de protocolos para tratar al ciudadano. Son ellos, los más cercanos a la ciudadanía, los que deberían de ser los más próximos a entender y resolver los problemas de seguridad, pero no saben hacerlo y además pueden, como lo vimos en el caso de Betty, de Giovanni y de Victoria, acabar con la vida de los ciudadanos, pero son decenas los casos como éstos que ocurren en el país.

Se supone que los policías municipales son los primeros respondientes, los que acuden para mantener el orden de la vida cotidiana con un mínimo uso de la fuerza, atienden situaciones de violencia intrafamiliar, riñas, problemas con el alcohol, vandalismo, hechos de tránsito, entre otras.

Según el último informe revelado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que, de los dos mil 457 municipios en México, 650 carecen de fuerza de seguridad local. Hablamos de municipios como Camargo, Tampico, Acayucan, Zongolica y Calakmul. Otros municipios como Cosalá, Choix, Madera y Urique sólo cuentan con un máximo de 15 uniformados.

Es decir, que el 4 por ciento de la población no cuenta con un policía. Mientras que el resto cuenta con 339 mil 60 elementos, que no están repartidos de manera equitativa.

A menor población, menos policías, pero eso no implica que exista menor índice delincuencial, como ocurre en Zacatecas, que actualmente tiene un repunte de homicidios dolosos, y es uno de los municipios que cuenta con pocos uniformados.

De acuerdo con reportes oficiales, en ayuntamientos con 100 mil o 500 mil habitantes el promedio es de 1.36 policías, mientras que debajo de 100 mil personas, el promedio es de 1.2 policías.

Aunado a la mala distribución policial, para este 2021 quedaron eliminados programas que fortalecían las capacidades de los policías municipales.

Es decir, de los policías municipales que se tienen, la gran mayoría no cuenta con entrenamiento y mucho menos con las pruebas de control y confianza que son indispensables.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el mayor en cuanto a recursos en materia de seguridad, FASP, tuvo una reducción del 0.02%, a pesar de los altos índices delictivos. Mientras que el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, Fortamun, fue reducido 4.5%.

Además, se eliminó del Presupuesto el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) destinado a municipios. Los recursos de este programa estaban dedicados a cubrir aspectos de evaluación de control de confianza de las policías municipales, su capacitación, profesionalización, equipamiento y mejora de sus condiciones laborales.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el país hay 288 mil policías a nivel local, entre policías estatales, municipales y ministeriales, pero de ellos sólo uno de cada cuatro está certificado con el Certificado Único Policial, que es precisamente el que certifica formación, capacidades y confiabilidad.

Hoy muchos policías municipales no tienen la preparación para poder trabajar y brindar seguridad a la población, se necesita construir policías eficientes y efectivas en todos los órdenes de gobierno. Cualquier policía requiere de una capacitación inicial y actualizaciones, protocolos claros para cumplir su labor, recursos, condiciones laborales dignas, esquemas para el crecimiento profesional y atención psicológica.

Mientras no se tengan policías preparados, tendremos a policías asesinando a ciudadanos.