Indep y gaseras: relaciones peligrosas

Las denuncias de casos de corrupción en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), durante la gestión de Ricardo Rodríguez Vargas se suceden, más allá de lo que en su momento fue denunciado por Jaime Cárdenas Gracia, su sucesor al frente del instituto.

Varios casos más, fuera del que expusimos en estas páginas, están bajo investigación. Por una parte, la venta de terrenos a precios bajísimos (en los documentos del Indep se sostiene que el costo de recuperación sería de sólo un 7 por ciento del valor real), en procesos concluidos en apenas una semana desde la presentación de la oferta hasta su conclusión, sin ninguna valoración de fondo. Por la otra, el negocio de la renta de las bodegas (los recursos que están bajo la protección del Indep son literalmente enormes, inabarcables, con productos de todo tipo, en ocasiones guardados por años mientras continúan los procesos penales), que también es investigado por la oscuridad y los precios fuera de mercado que se han manejado en la administración de Rodríguez Vargas.

Por lo pronto, todo indica que la candidatura de Rodríguez Vargas a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se ha caído a partir de estas denuncias. La información que tenemos indica que la terna, que además está impugnada por la oposición y por la justicia, que paralizó el procedimiento argumentando que ni Rodríguez Vargas ni los otros dos propuestos llenaban los requisitos para esa posición, será retirada del Senado por el Gobierno federal para presentar una nueva.

La Prodecon no es una posición de exhibición pública, pero es muy importante: en esa instancia los contribuyentes pueden argumentar y defenderse de las demandas fiscales. Y no estamos hablando sólo de pequeños contribuyentes, sino también de grandes contribuyentes al SAT. Si no se maneja esa Procuraduría con honestidad, será un espacio para realizar grandes negocios.

Como los que hace otra empresa de la que hablamos aquí también esta semana, Guval Gas, acusada por sus competidores de amedrentar con golpes y amenazas a los repartidores de gas de las otras empresas en varias áreas de la Zona Metropolitana de Ciudad de México.

Guval Gas ha tenido además un crecimiento explosivo y las denuncias aseguran que podría tener incluso relación con grupos criminales. Actualmente existen distintas investigaciones en torno al robo de gas (de una magnitud semejante al huachicoleo) en las que podrían estar involucrados. En los próximos días tendría que haber novedades al respecto.

Pero también existen en torno a Guval Gas relaciones políticas extrañas. Una de ellas sería con el llamado Sindicato Libertad. El 14 de agosto pasado, el líder del sindicato Libertad, Hugo Bello, fue detenido junto con seis de sus más cercanos colaboradores acusado de extorsión, secuestro exprés y una larga serie de delitos. En una investigación que se presentó en el programa Todo Personal decíamos entonces que esas detenciones debían ser valoradas, quizás, como un acto anticorrupción de mayor trascendencia que otros mucho más publicitados.

Malos antecedentes

Hugo Bello es el líder de la llamada Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM), más conocida como Sindicato Libertad, que opera en muchos sectores productivos, pero sobre todo en el ámbito de la construcción, la minería, el transporte y aparentemente, también en el gas. Tiene unos dos millones de afiliados y Hugo Bello presume ser cercano al Presidente López Obrador. En realidad, es una relación política inexistente negada por los propios hechos.

La CLTM se ha caracterizado por utilizar a sus afiliados, pero sobre todo a sus grupos de choque, para extorsionar, inmovilizar obras pidiendo recursos para los líderes, se apropian de contratos de transporte y alquilan esos grupos de choque al mejor postor. Han tomado en innumerables ocasiones carreteras y caminos, exigiendo siempre alguna concesión, directa o indirecta, para liberarlas. En Oaxaca, sobre todo, han cometido todo tipo de tropelías. En Ciudad de México se han caracterizado por la invasión de tierras y propiedades.

En realidad, todo es un gran mecanismo de extorsión, que genera enormes recursos para sus líderes. Bello fue detenido acusado de haber secuestrado a tres personas, tres empresarios, en Huixquilucan, Estado de México, para extorsionarlos. Huixquilucan y Cuajimalpa son, por cierto, dos de las principales zonas de operación de Guval Gas y utilizan el mismo modo de operar.

Según la investigación que realizamos con Jorge Fernández en Todo Personal, la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló a Bello y sus familiares cuentas por mil 250 millones de pesos, producto de sus actividades criminales, montos alcanzados por depósitos, sobre todo, en efectivo. También de esas cuentas retiró Bello unos 844 millones de pesos, y compró 10 inmuebles por valor de 44 millones y ocho vehículos por los que pagó también en efectivo, 15 millones de pesos. La UIF podría estar ya, también tras los recursos de Guval Gas.