Un padrón condenado al fracaso

Imagina que para conseguir una tarjeta SIM y tener acceso a una línea telefónica, al usar tu teléfono celular tuvieras que permitir a la compañía telefónica el registro de datos tan personales como tus huellas dactilares, las facciones de tu rostro o el iris de tus ojos.

Sí, justo los datos biométricos que te piden las aplicaciones para poder entrar a tus cuentas bancarias y hacer transferencias.

En México ya es una realidad, al menos oficialmente, desde hace unos días entró en vigor el decreto con el que se creó el llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Lo que se quiere hacer con esta base de datos es recopilar la información, incluidos los datos biométricos, de los propietarios de los 126 millones de líneas de telefonía que existen en el país.

Además de la ubicación GPS, para que al hacer una transferencia se sepa exactamente la ubicación de quien la hace. Esta información la puede tener la autoridad, pero quién nos asegura que no llegará a manos de delincuentes que nos quieran robar o extorsionar.

La finalidad del padrón, según el Gobierno, es que esta información ayude a las autoridades para evitar la comisión de delitos, como extorsiones telefónicas o secuestros.

La realidad es que la delincuencia organizada utiliza otros métodos para hacer llamadas de extorsión. Lo que sucederá es que si esa base de datos llega a manos precisamente de la delincuencia, el problema será gravísimo.

Lo que se está haciendo es abrir la puerta a la ciberdelincuencia, cuyas actividades delictivas ya de por sí van en aumento.

En 2009, cuando se intentó hacer una base de datos universal para todos los mexicanos, esa información acabó en manos del mercado negro, y ahí no había datos biométricos.

Antes se filtró el padrón del entonces IFE, llegando también al mercado negro los nombres y direcciones de los electores.

Para poder crear una base de datos confiable y segura, por ejemplo, el ahora INE gasta la mitad de su presupuesto en almacenar de manera confiable esta información.

El riesgo no es que se tengan nuestros datos biométricos, sino cómo se almacenan. Para tener una plataforma que sea segura se necesita un presupuesto amplio, el cual no se tiene. Hasta ahora se pretende que las compañías celulares sean las que tengan este gasto. Y es que sin presupuesto no se puede almacenar.

Por ahora, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ya perdió la primera batalla frente a un particular a seis días de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Se trata del amparo interpuesto por Óscar González Abundis, quien impugnó la reforma que obliga a todas las personas que pretendan contratar una línea de telefonía móvil entregar 10 datos personales, incluidos los biométricos, como reconocimiento facial, huellas dactilares, iris y retina.

Y seguramente así habrá miles de amparos.

Según la ley, quienes ya cuentan con una línea móvil tienen dos años para aportar dichos datos, o la empresa telefónica tendrá que cancelar el contrato.

Quienes no registren sus líneas, lo hagan fuera de plazo, no actualicen su información debidamente, hagan uso indebido de los documentos para el registro, proporcionen información falsa o accedan sin autorización a la información del padrón, se pueden enfrentar a multas de entre mil 400 a mil 900 pesos.

El recurso fue concedido por el juez Segundo Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro.

En la polémica

Además de Óscar, dos personas esperan resolución. Y es que si usted busca rechazar esta reforma, deberá interponer su propio recurso ante ese juez federal o su colega Rodrigo de la Peza, pues son los únicos especializados en telecomunicaciones.

Para expertos en el tema, este padrón móvil incide en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, lo que repercutiría en el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, reconocidos en el artículo 6 de la Constitución.

De acuerdo con activistas, no hay evidencia de que los registros de tarjetas SIM contribuyan a la reducción de delitos como la extorsión, por ello es que países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá han rechazado implementar este tipo de medidas.

Mientras tanto, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, desestimó el primer amparo que se otorgó contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y justificó el beneficio de obtener los datos biométricos y aseguró que no se tendrá acceso a mensajes ni llamadas de las personas.

Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales ya faculta a las autoridades para solicitar a los concesionarios la localización geográfica en tiempo real de los equipos asociados a una línea relacionada con posibles delitos, así como la entrega de datos conservados sobre el uso de dichos equipos.

Estas solicitudes requieren orden judicial, pero en casos urgentes, las fiscalías pueden acudir directamente a las telefónicas, sin pasar por un juez.

Muchos activistas, por ejemplo la Red en Defensa de los Derechos Digitales, condenan la aprobación de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, aseguran y con razón, que “vulnera la privacidad y compromete los derechos humanos”.

La realidad es que, por ejemplo, en caso de secuestro, los plagiarios generalmente utilizan los teléfonos de las víctimas o el internet para hacer llamadas sin necesidad de una línea telefónica.

Y además, cada día se estima que sustraen mil 700 móviles, ya sea por robo con violencia o sin violencia. Si alguien quiere delinquir, no lo va a hacer de una línea registrada. La delincuencia siempre muda a las nuevas tecnologías.

El objetivo de obtener los datos biométricos de los propietarios de los 126 millones de líneas de telefonía que existen en el país para tratar de disminuir los delitos que se realizan desde teléfonos es un proyecto de doble filo: se tendrán los datos de quien será el propietario de la línea, y no del delincuente que utilice ese dispositivo.

No debemos tener miedo a dar nuestros datos, pero sí a cómo los almacenan, y ése es el verdadero peligro.