Periodismo: trabajo de alto riesgo

Cuando se asegura que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y la defensoría de los derechos humanos, esto sin contar países que están en guerra, es totalmente cierto.

Patricia Rivera Reyes, de 61 años, fue asesinada la noche del sábado 19 de marzo, cuando hombres armados irrumpieron en su domicilio en Tijuana, Baja California.

Los agresores iban encapuchados, dispararon contra ella y José “N”, un catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana, quien resultó herido.

De acuerdo con el reporte, Paty, quien era abogada y defensora de los Derechos Humanos de indígenas, realizaba una reunión, cuando tres hombres armados, con vestimentas oscuras y encapuchados, ingresaron a la vivienda y sometieron a los asistentes, a quienes les exigieron que les entregaran sus pertenencias.

Luego que la activista reclamó que le devolvieran su teléfono celular, uno de los delincuentes se giró hacia ella y le disparó.

La fiscalía estatal recaba información y testimonios. Los vecinos de la activista comentaron que ella nunca manifestó o indicó haber recibido amenazas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoció la trayectoria de Rivera Reyes como defensora de los derechos de diversas comunidades y como consejera del organismo público autónomo, entonces Procuraduría.

Representantes de organizaciones ciudadanas de Tijuana también manifestaron su repudio e indignación por el homicidio de la defensora de los derechos indígenas.

En las dos últimas décadas se dedicó a la defensa de comunidades originarias de la península de Baja California, en particular los kumiai y los cucapá.

Hasta el momento, la Fiscalía Estatal no ha dado a conocer una línea de investigación, en un crimen en el que Paty recibió de forma directa un disparo en la cabeza.

El actual Gobierno federal reconoció que 97 defensores de derechos humanos y 55 periodistas fueron asesinados desde diciembre de 2018 hasta marzo de este 2022. Hasta el momento, los autores intelectuales no han sido detenidos en la mayoría de los casos.

Exigen justicia

Siempre se dice que hay detenidos, pero ésos son sicarios, a quienes se les pagan unos pocos pesos; muchos de ellos son desechables para el crimen organizado y no son los que han planeado los homicidios.

El homicidio de la activista Rivera Reyes se suma al de José Trinidad, un activista ambiental que buscaba proteger las áreas verdes de Chihuahua, su crimen ocurrió el lunes 7 de marzo, en una zona aislada del sur del estado, en la sierra habitada por los indígenas tarahumaras. El activista de 47 años fue atacado por hombres armados cuando salía a trabajar al monte.

Los agresores después de dirigieron a su casa, amenazaron a personas que estaban en la zona y le prendieron fuego, según las primeras investigaciones reveladas por la fiscalía.

El activista de la etnia tarahumara era hermano de otro defensor del medio ambiente de la misma zona, Isidro Baldenegro, quien también fue asesinado el 15 de enero de 2017.

Los hermanos denunciaban la tala ilegal de bosques a manos de caciques locales coludidos con presuntos criminales.

La comunidad se ubica en la zona conocida como triángulo dorado, donde la población es mayoritariamente tarahumara, quienes llevan décadas peleando jurídicamente por la titularidad de sus tierras.

Mientras que de los cinco periodistas asesinados este año, sólo existen avances en los casos de dos de ellos, en el de Margarito Martínez Esquivel y en el de Lourdes Maldonado, ambos asesinados en Tijuana, Baja California, en enero pasado en distintos hechos.

El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, destacó que por el caso de Martínez Esquivel fueron detenidas 10 personas, de las cuales tres fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y narcomenudeo.

Nadie nos ha explicado realmente qué paso con estos asesinatos ni por que intentaron acabar con su vida.

El caso de Lourdes Maldonado es particularmente sensible, porque ella personalmente, en una mañanera, le pidió apoyo al Presidente López Obrador asegurando que temía por su vida.

En la investigación del crimen de Maldonado López, asesinada el 23 de enero, también en Tijuana, hay tres personas detenidas, pero tampoco son los autores intelectuales y no hay una explicación del porqué de su asesinato.

En el caso del asesinato de Armando Linares, al igual que en el de Lourdes Maldonado había denunciado amenazas de muerte, sobre todo después de que otro colaborador de su medio también había sido asesinado.

Ahora las autoridades han emitido recompensas para quienes den información que ayude a su captura. En las fichas está incluido el presunto autor material, pero tampoco se ha dado una explicación del móvil de ese asesinato.

Otro periodista asesinado es Heber López Vásquez, quien tenían 39 años. Se encontraba en su estudio de grabación, entraron y lo mataron a tiros. Un hombre que había sido una voz crítica en Oaxaca, denunciando irregularidades, también perdió la vida.

Podríamos comparar el riesgo de trabajar como periodistas en México como el que tienen los que cubren los conflictos bélicos.

Pero además aquellos que están en mayor riesgo son los que viven al interior de la República y los que trabajan en la calle, los que hacen investigaciones que incomodan.

Desde el 2000 a la fecha han sido asesinados más de 150 periodistas en nuestro país. La mayoría son hombres. En los seis años de Enrique Peña Nieto se registraron 47 asesinatos de periodistas, en los tres años de la actual administración, 33 comunicadores han sido asesinados.

Urge que no haya impunidad en estos casos y que se garantice la seguridad y la libertad de expresión. Ejercer el periodismo en nuestro país es un trabajo de alto riesgo.