El Padrino Cienfuegos

La captura del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto es la detención del exfuncionario mexicano de más alto nivel y rango militar en la historia. 

Cienfuegos está acusado de cinco delitos, entre otros, conspiración criminal para manufacturar, importar y distribuir heroína, cocaína, mariguana y metanfetaminas, y lavado de dinero, presuntamente cometidos por el general entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. El expediente fue presentado ante la Corte Federal de Nueva York el 14 de agosto de 2019.

Sin duda, la captura del más alto exmando militar cimbra las estructuras de las Fuerzas Armadas. Es un asunto de novela que causa indignación. El Presidente López Obrador confesó haberse enterado de la detención del general Cienfuegos cuando ya era un hecho consumado, lo cual demuestra la desconfianza de Washington que no alertó a México de este desenlace.

El juicio del siglo contra El Chapo, el proceso contra García Luna y ahora el de Cienfuegos Zepeda, demuestra la decadencia del pasado neoliberal, a decir del Presidente López Obrador, quien no acepta un narcoestado, pero insinúa narcogobiernos del pasado. Promete limpieza a fondo y castigo a los cómplices del general, caiga quien caiga.

La inédita custodia de Cienfuegos en Estados Unidos dejó atónitos a todos. Evidencia hasta dónde ha llegado la corrupción, el mal mayor de México. Descorazona pensar que al menos durante dos sexenios, los auténticos capos estuvieron adentro del Gobierno. Preocupa el impacto al interior de las Fuerzas Armadas, no sólo anímico sino judicial. La onda expansiva apenas inicia.

Sin embargo, también inquieta saber que los grandes golpes contra las estructuras criminales se dan allá, no acá. Que las cárceles para encerrar a los más malos están allá, no acá.

La anarquía

Las tomas de casetas, extorsiones toleradas por autoridades contra automovilistas y transportistas en carreteras, cobró ilegal por “derecho de paso” en caminos federales a manos de encapuchados, crece.

La Guardia Nacional, pasivo testigo las más de las veces, cuando actúa y detiene a algunos de estos modernos salteadores, las “organizaciones de la coperacha voluntaria a fuerza” doblan la apuesta; toman más estaciones de peaje y exigen la libertad para sus comparsas apañados. Y lo consiguen.

La pérdida entre enero y septiembre de 2020 por la toma de casetas en carreteras y autopistas ascendió a 3 mil 100 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales, las tomas aumentaron un 194 por ciento entre 2018 y 2019.

En 2018 el daño patrimonial causado por el ingreso no obtenido ascendió a 826 millones 224 mil pesos; mientras que, en 2019 fue de 2 mil 431 millones de pesos. Día a día, grupos con distintas reivindicaciones políticas, sociales o de carácter regional ocupan entre 20 y 25 módulos de cobro en diferentes puntos del país, más del doble de lo registrado el año pasado, cuando eran 10 al día.

Estimaciones de organismos privados revelan que la toma se ha duplicado en los meses recientes, a tal grado que este año las pérdidas casi superan la de una década. La zona centro del país es la más afectada, pues del 19 de junio al cierre de septiembre fueron invadidas mil 215 casetas de peaje.

El domingo pasado Caminos y Puentes Federales y Guardia Nacional reportaron la ocupación de al menos 20 casetas de cobro en varias autopistas. La anarquía cuesta no sólo dinero. Vulnera la confianza ciudadana y la certidumbre jurídica. El paso libre implica transitar sin la protección de los seguros que cada cuota de tránsito paga. Inhibe la reactivación económica de puntos turísticos. La impunidad con la que pueden extorsionar estos colectivos los multiplica. No hay gestión social ni contención por parte de la autoridad.

El tramo más afectado fue el México-Cuernavaca, donde particulares se apoderaron de seis casetas y el punto de cobro de Tlalpan, en la Ciudad de México. En Sonora se reportaron seis casos y cinco en Sinaloa; la lista se completa con dos en el Estado de México. Las entidades con más problemas son Sinaloa, Guerrero, Querétaro, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Durango y Estado de México.