Carlos Urdiales

Tamaulipas y la relatividad constitucional

SOBRE LA MARCHA

Carlos Urdiales
Carlos Urdiales
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En Tamaulipas suceden cosas constructivas y otras no tanto como, para encima, jugar con la certidumbre constitucional respecto a sus autoridades.

El gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca ejerce el mandato que sus paisanos le confirieron hasta octubre de 2022, a pesar de que la mayoría de Morena en el Congreso federal decidió correrlo para que la FGR le someta por evasión fiscal equiparada.

Casi tres semanas después de su nominal desa-

fuero, el gobernador gobierna, su firma vale y el Congreso —de mayoría panista— lo respalda. La SCJN no admitió la controversia que diputados tamaulipecos interpusieron porque el ministro Juan Luis González Alcántara razonó improcedente protestar una acción del Poder Legislativo cuyo proceso hace escala en el ámbito de atribuciones soberanas del Congreso local.

¿Gusta, acomoda, funciona? No importa. El Presidente dijo ayer que no conocía el fallo de la Corte. Lo mira simple: si lo desaforaron entonces la FGR debería actuar en consecuencia.

Y para más inri, la ministra en retiro de la SCJN y secretaria de Gobernación espetó ante la plausible insistencia de reporteros un categórico, “ya lo dije antes, para mí, no tiene fuero”.

Entre técnica jurídica y maña política, la encargada de administrar el acuerdo de la unión luce incómoda ante el efecto secundario en la resolución del ministro González Alcántara.

Al no analizar el caso ni someterlo a su Sala y quizá al pleno, la “laguna” interpretativa sobre la prelación de una decisión política por sobre la independencia de otra instancia igualmente política, el caso del gobernador García Cabeza de Vaca exhibe esta anomalía institucional producto del encono en tiempos de elecciones.

La inocencia o culpa de éste o cualquier otro gobernador debería ser materia de pulcritudes varias, y no lo es. Congreso federal y local enfrentados como falanges de Morena y PAN. Que se trate de un embate desde Palacio es presunción grave, que infieren quienes atienden a la comunicación verbal del Presidente y las coincidencias del Ministerio Público federal.

Pero la autonomía de la FGR se puede erosionar ante suposiciones. Vivimos en terrenos de la presunción de lo que sea. Parece que la verdad constitucional está a expensas del poder político de partes confrontadas, y eso es pésima noticia para Tamaulipas. Y para el país.

Da pena que tanto brillo intelectual en el Congreso se eclipse ante señalamientos de subordinación política consustancial, pero no inmune al debate, al análisis.

Algo destructivo nos ocurre cuando nada de lo que nos dicen que pasa, sucede. La efervescencia de la temporada electoral explica todo. Y lo simplifica.